El gobierno local de Cádiz presidido por José María González Santos, Kichi, entre 2015 y 2023 tuvo un inesperado oponente político. Más que cualquier otra formación política que hubiera perdido las elecciones, antes que colectivos vecinales decepcionados por algún incumplimiento o por encima del sesgo ideológico de periodistas y medios, el enemigo mayor y sorprendente fue la Policía Local.
El cuerpo municipal, casi dos siglos de existencia documentada, consagrado a la seguridad y el tráfico mantuvo un enfrentamiento tan largo y agrio que rozó la violencia física en episodios aislados pero ilustrativos. Esos pasajes reflejaron a los ojos de los vecinos una tensión irresoluble durante aquellos dos mandatos.
Las hemerotecas (digitales, claro) muestran ejemplos para quien quiera comprobar. Por citar uno, el peor llegó el 25 de junio de 2021, cuando una manifestación de miembros del cuerpo local ante el Ayuntamiento derivó en el lanzamiento de objetos contra la casa consistorial cuando se celebraba un pleno.
El salón tuvo que ser desalojado por una pequeña humareda y cuatro miembros de equipo de gobierno de entonces bajaron a la plaza de San Juan de Dios para recriminar su actitud a los que protestaban. Ya habían tenido reuniones frustrantes por decenas durante los años anteriores.
El jefe de gabinete del alcalde por entonces, José Vicente Barcia, y algunos ediles tuvieron que ser calmados y separados cuando el intercambio de reproches acercó tantos las manos y las caras que amagaba con acabar en contacto físico entre representantes públicos y sindicales.
La bochornosa imagen era la culminación de un lustro largo de desencuentros. El Sindicato de Policía Local, SPL, mayoritario en el área, lanzó una nota pública de irónica disculpa que resumía lo inamovible de las posiciones y la ristra de precedentes, hasta entonces, administrativos, internos o verbales.
"Quisiéramos pedir disculpas por convocar legalmente una concentración en defensa de nuestras justas reivindicaciones laborales aunque llevamos reclamando más de diez años la actualización de nuestro Acuerdo Regulador", aseguraba con sarcasmo el colectivo.
El 25 de junio de 2021 el conflicto llegó a su momento más triste: anteriores representantes municipales y sindicalistas estuvieron a punto de llegar a las manos
El motivo de la reivindicación eterna y cada vez más vehemente era, grosso modo, el salario, la remuneración, el sueldo, los cobros. Especialmente centrados en los extras que suponen algunas actividades añadidas a las tareas convencionales de la Policía Local en Cádiz.
Ante la reiterada negativa del gobierno municipal de revisar esos pluses y actualizar las peticiones salariales de los agentes, el cuerpo municipal desarrolló, de forma paralela a las protestas, una suerte de huelga de celo encubierta y progresiva que se prolongó durante más de cuatro años, entre 2018 y 2022.
Esa legítima y velada protesta consistía en dejar de realizar labores añadidas por las que no se recibían las cantidades consideradas justas. Así, desaparecieron de las calles de Cádiz servicios considerados accesorios o secundarios, poco visibles.
Entre ellos estaban la medición de excesos de ruidos o algunas tareas vinculadas con el control de animales. También disminuyeron a mínimos otras como los controles de velocidad o el acompañamiento en eventos extraordinarios en la vía pública.
Sin embargo, una de esas tareas añadidas, que también precisaba de un pago extraordinario, sí que resultó llamativa para los ciudadanos porque afectaba a uno de sus patrimonios cotidianos más queridos: la playa.
Durante dos veranos consecutivos, la Policía Local de Cádiz anunció que no prestaría el servicio de vigilancia y seguridad -no confundir con socorrismo, que discurre al margen- en las orillas gaditanas.
Los agentes revisaron su actitud hace más de un año, nada más producirse la victoria electoral del Partido Popular que celebraron públicamente con botellas de cava ante la sede municipal. Durante la temporada estival de este año 2024 ya han patrullado por todas las playas cada jornada sin excepción.
La oposición política, encarnada en exclusiva por el Partido Popular, siempre criticó aquellos años de ausencia policial en la arena como la muestra de la incapacidad gestora del gobierno local del kichismo.
El alcalde anterior y su equipo consideraron siempre estos gestos de reivindicación y protesta como un chantaje político que perseguía obtener privilegios salariales respecto a otros funcionarios.
Año y medio después del cambio político en el Ayuntamiento de Cádiz, el conflicto con la Policía Local -una disputa con más de tres trienios- desaparece. Llega la paz. La normalidad aparece después de un acuerdo económico entre las partes.
El Ayuntamiento de Cádiz aprueba en los últimos días de este mes de septiembre, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, la reclamada modificación del sistema de trabajo del personal de Policía Local durante la temporada de playas.
La clave para retomar la armonía es un "complemento de productividad", una remuneración añadida al sueldo, que oscila entre los 317 y los 352 euros diarios para cada agente que realice estas labores marítimas. La media rondará, por tanto, los 334 euros.
Juan José Ortiz, actual concejal en el gobierno municipal del PP y anterior portavoz en la oposición a Kichi, resume la nueva paz como el cumplimiento de "un compromiso con los gaditanos: ofrecer servicio de la Policía Local en las playas. Hay jornadas con más de 50.000 personas y debe haber un mínimo de control".
Carlos Paradas, actual concejal de Adelante Izquierda Gaditana en la oposición, sufrió como miembro del anterior gobierno local los efectos del largo enfrentamiento con la Policía Local. Entiende que el acuerdo que recupera la calma no es más que una rendición y la concesión de "un privilegio".
El edil entiende que «los 350 euros que se va a dar a la Policía Local al margen de su sueldo suponen una barbaridad. 350 euros por estar en la playa. No hubo debacles años atrás en las playas sin la presencia de policías locales".
"La mayoría de actuaciones son incautaciones de balones y recuperación de objetos perdidos. No estamos en contra de los trabajadores, estamos en contra de los privilegios", explica Paradas.
Algunos representantes de la Policía Local presentes en el último pleno afearon con murmullos estas palabras del concejal de la oposición. Para recordar los tristes incidentes pasados, el edil se amparó con sorna en Bruno García.
«Frene esto, señor alcalde. Mire que acaban tirando bombas de humo y tenemos que desalojar otra vez el pleno", dijo con retranca para recordar los momentos de mayor tensión del conflicto.
Óscar Torres, portavoz municipal del PSOE, se alinea con el anterior gobierno municipal y en contra de la decisión del actual: «Nuestras playas son seguras. Se han registrado dos hurtos en todo el verano. Hay que valorar si este servicio es necesario o es un compromiso político del PP con este colectivo".
El socialista hace cuentas de lo que puede suponer el pago de 335 euros, como media por policía local y día de servicio de playas, al cabo del año: "Hablamos de más de 220.000 euros. Es algo desproporcionado».
El resto de colectivos sindicales agrupados en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz admiten que se trata de un "agravio comparativo frente a los funcionarios que ganamos sueldos de miseria" aunque aún guardan silencio de forma oficial.
Los agentes que tendrán derecho al "complemento de productividad" por servicio de playas serán los que desarrollen su actividad del 15 al 30 de junio y del 1 al 15 de septiembre de 11 a 20 horas, lo que supone nueve horas de prestación ininterrumpida.
También obtendrán el mismo derecho los que desempeñen esa labor del 1 de julio al 31 de agosto, en horario de 11 a 21 horas, es decir, 10 horas.
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