En España nos gusta dar lecciones de democracia al mundo, pese a que tuvimos una dictadura fascista y antidemocrática durante 40 años, sobre la que echamos una capa espesa de olvido. Hoy día, gracias a la tolerancia de los españoles, España está dentro de las 24 democracias plenas según la empresa The Economist, que calcula sus índices, y goza de unas libertades impensables hace 40 años.
En España ha surgido el debate de si existe 'lawfare' o persecución judicial injusta sobre personas o colectivos por ser ideológicamente opuestos a la ideología personal del juez. Y se va más allá, planteándose la existencia de tramas entre jueces, organizaciones ideologizadas y medios de comunicación afines con la finalidad de desvirtuar la imagen de los adversarios políticos.
Afirmar que en España existe lawfare es arriesgado, y más en una democracia catalogada como plena. Pero es cierto que los jueces tienen ideologías políticas, religiosas y morales, y da la impresión que esa ideología propia se refleja en sus actuaciones y sentencias. Los jueces, como cualquier ciudadano, pueden ejercer la política, incluso volver después a la judicatura. Hay muchos casos significativos de jueces que han ejercido la política al máximo nivel en distintos partidos: Baltasar Garzón, Juan Alberto Belloch, Margarita Robles, Juan Ignacio Zoido, Enrique López, Juan Carlos Campo, Manuela Carmena, Dolores Delgado, Grande-Marlaska… Evidentemente, los jueces tienen sus ideas políticas y muchos están implicados plenamente con determinados partidos.
Aunque no se pueda afirmar que existe lawfare, en algunos casos, lo parece. Muchas sentencias en el histórico de sentencias de la era democrática han reflejado claramente la ideología del juez. Por ejemplo, en numerosas sentencias de violaciones de las décadas 80 y 90, el acusado veía rebajada la pena porque la mujer llevaba 'ropa provocativa'. En otras sentencias se ha quitado la custodia a la mujer por declararse lesbiana. Aunque puedan ser casos excepcionales, prueba que actuaciones y resoluciones judiciales pueden estar condicionadas por la ideología personal del juez.
Se puede tener una gran animadversión al adversario político, pero resulta difícil de explicar que en los últimos 10 años 30 querellas contra dirigentes de Podemos -siete de ellas contra Juan Carlos Monedero- fueron ampliamente investigadas por jueces hasta que finalmente fueron archivadas por falta de consistencia. Muchas de esas denuncias fueron hechas por partidos y organizaciones afines a la ideología contraria. Eso sí, cada denuncia hizo correr ríos de tinta en los medios de opinión de derechas, demonizando a los implicados e inventando tramas que se comprobó que nunca existieron. Se les investigó con lupa y sin piedad hasta que no encontraron nada imputable. Por supuesto, cuando fueron absueltos ni siquiera recogieron la noticia de su absolución. El daño ya estaba hecho. Difama que algo queda…
También muchos líderes nacionalistas catalanes y vascos han sido denunciados por infinidad de males y por los mismos de siempre, siendo muchas las sentencias absolutorias contra estos políticos, bien por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Justicia Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Uno puede aborrecer todo lo que quiera a Arnaldo Otegui (EB), pero el TEDH ha sentenciado que no tuvo un juicio justo ni con garantías en una de las causas, cuya condena además no le permitió presentarse a elecciones.
Otro caso, el Tribunal Constitucional ha corregido recientemente al Tribunal Supremo por su exceso en quitar el escaño al parlamentario canario de Podemos, Alberto Rodríguez, que fue multado (y pagó su multa) por Atentado a la Autoridad por golpear a un policía en una manifestación, en la que solo fue válida la opinión del policía (España es el país de Europa donde más delitos de Atentado a la Autoridad se producen, que eso es otra). El hecho ocupó portadas en todos los medios de comunicación y se le quitó el escaño. El delito cometido, subsanado con el pago de una multa, no implicaba tener que dejar un escaño obtenido por sufragio popular.
¿Quién les quita a todos estos el escarnio mediático y social sufrido por actuaciones judiciales que resultaron equivocadas? ¿Podemos llamar a todas estas actuaciones judiciales como lawfare o son solo demasiados errores judiciales? ¿Prevarican algunos jueces al actuar guiados por su ideología personal? El caso es que todos estos hechos siempre apuntan en la misma dirección…
Difícil papeleta tiene España con el lío del Consejo General del Poder Judicial, que es quien confecciona el Tribunal Supremo, una de las más altas garantías del estado democrático. La Constitución determina que debe renovarse cada cambio legislativo, quizá un error de nuestra constitución. El caso es que cada partido ganador lo ha confeccionado a sus intereses para que haya mayoría ideológica progresista o moderada. Aunque no se dice abiertamente, por respeto a la supuesta imparcialidad de los jueces, todos sabemos que es así. ¿Acaso algunas sentencias de la Gürtel o de los EREs no hubiesen sido distintas –no en todo caso absolutorias- de haber sido otros los miembros del Tribunal Supremo? ¿Hay verdadera independencia del poder judicial cuando los tribunales de mayor garantía están politizados?
Por otra parte, hay quien dice que son los jueces los que deben elegir a sus representantes. Podría ser una solución. El caso es que el acceso a la judicatura implica unas oposiciones fortísimas, con varios años de costosa preparación que muchas familias no pueden sufragar. No todos pueden dedicarse a estas oposiciones por razones económicas obvias. Esta es una de las causas de que haya muchos jueces que provienen de familias acomodadas que en muchos casos coincide también con una mentalidad conservadora.
España debe conseguir, mediante el consenso, que los tribunales garantes no estén politizados. Si estuviésemos en la Grecia clásica se hubiese acudido ya al simple sorteo y que la providencia decida. Pero parece que los partidos mayoritarios siguen empeñados en que sigan politizados y modelados a su conveniencia.
En mi opinión, no existe un lawfare organizado en España por partidos, jueces, medios de comunicación y otros posibles poderes fácticos. Si fuera así, España no solo no sería una democracia plena, sino que ni siquiera sería una democracia. Pero sí existen, en mi opinión, jueces que realizan actuaciones judiciales o emiten sentencias influidos por su ideología política, moral o religiosa. Si además, en procesos que afectan a los políticos, nos encontramos que los tribunales de máxima garantía están politizados, pues apaga y vámonos.
El resultado es que los españoles desconfían cada vez más de la justicia. Muchos españoles tienen la percepción, aparte de su lentitud, de que no funciona correctamente. Hay sentencias tan distintas ante casos parecidos que causan perplejidad. Muchos españoles creen que cuando se actúa contra políticos, ciertos jueces no obran con imparcialidad. Si realmente esa es la percepción que existe en parte de la sociedad española, que la hay, habría que plantearse por el bien de la democracia si en España existe lawfare y si habría que tomar medidas urgentes para erradicarlo. No tenemos una democracia perfecta. Debemos seguir mejorando nuestra democracia.
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