Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad española, y se podría extrapolar al resto del mundo, es el desequilibrio entre las ciudades y las zonas rurales, prácticamente, respecto a todo, a saber: desarrollo económico, capacidad de empleo y estructura sociodemográfica. Y ello, a su vez, lo desequilibra todo, como sucede claramente en España, cuya mayor parte de su territorio pertenece a lo que se puede denominar medio rural —85% del territorio e integra en torno al 20% de la población—, que es una expresión reciente que no conlleva un determinado concepto, sino que designa aquello que no es ciudad, es decir, un conjunto heterogéneo, integrado por los pueblos, aldeas, sus campos y las zonas rurales periurbanas.
España además de ser un país muy rural, sigue siendo una nación muy agraria, es decir, centrada en el sector primario, que conlleva la actividad agraria -en sentido, amplio: agricultura, ganadería y silvicultura, y también pesquera: pesca y acuicultura- como sustentador de la economía rural, aunque se le margina, abandona, en gran medida, mientras que se asiste a la terciarización de la economía española.
Este contexto de mundo rural abandonado en el que, no obstante, reside gran parte de la biodiversidad, repercute muy negativamente en la economía, como lo demuestran las tremendas y persistentes cifras de paro estructural en España, desde hace demasiado tiempo. Por otra parte, no es solo una cuestión de gran despoblación del mundo rural, y de “reto demográfico”—como se le refiere en la actualidad—, sino también de “reto ecológico”, o lo debería ser, dada la gran biodiversidad que atesora España —la primera de Europa, y una de las más grandes del mundo—; y, no obstante, se asiste a la masiva pérdida de riqueza natural como se atisba con el declive de las abejas, la desertificación, los virulentos y numerosos incendios forestales… En definitiva, de pérdida de Vida y, por ende, de expectativas económicas. En la actualidad, ambos retos, el demográfico y el ecológico, se retroalimentan, junto con el económico, de manera negativa. Sin embargo, podría y debería ser todo lo contrario, es decir, que se retroalimentaran de forma positiva, generando resiliencia para afrontar todas las actuales adversidades: económicas, ambientales, sociales, y no olvidemos, las sanitarias, con el concepto o enfoque “una sola salud” —la salud personal vinculada a la salud animal, de los ecosistemas, del planeta—.
Precisamente, en estos momentos la Unión Europea establece, mediante su Pacto Verde, la necesidad de “ecologizar” todos los ámbitos, lo que se conoce como la “transición ecológica”, es decir, la hoja de ruta para afrontar los retos climáticos y económicos que tiene la humanidad, junto con la otra transición: la digital. Y esa doble transición —ecológica y digital— va a ser muy oportuna para la recuperación del mundo rural y con mucha calidad de vida.
Entonces, estamos ante buenas noticias para el extraordinario medio rural español, pues se vislumbra que la manera de recuperarlo es precisamente reincorporando su vertiente ambiental, que, en realidad, es recuperar su esencia, su identidad, su alma. En definitiva, se trata de “hacerlo bien, haciendo el bien”, o como muy elocuentemente lo expresa el maestro Araújo, “cuidar de lo que nos cuida”, y así además mejoraría todo: el mundo rural y el urbano, dadas sus interconexiones. Y como ejemplo claro y reciente de esta simbiosis es oportuno recordar la importancia del abastecimiento de alimentación de proximidad, en el confinamiento por la pandemia de covid-19.
De esta manera, la citada transición ecológica se centra en una buena gestión del territorio, mediante oportunas políticas públicas que recuperen la esencia agroecológica y la benefactora complejidad rural, dando mucha importancia al municipalismo y las interconexiones campo-ciudad.
En efecto, por un lado, se debería poner el foco en recuperar y empoderar a las aldeas, concejos, pueblos, frente al abandono, incluso frente a su solicitada supresión legal y doctrinal, en aras de una extraña racionalización —Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local— tanto para paliar la situación económica del país, acentuada por la crisis financiera de 2008, como para solucionar, precisamente, la gran despoblación rural. Se parte entonces de la necesidad de recuperar y cuidar esos municipios, y no solo por los postulados propios del Derecho local, como el derecho de la cercanía y de la inmediatez de la ciudadanía con las Administraciones, sino también y, fundamentalmente, por ser las entidades cuidadoras del entorno agrario y, por ende, rural.
Por otro lado, ante la negatividad del desequilibrio entre lo urbano y lo rural se debe sumar otro rasgo también muy nocivo: la separación entre ambos mundos, a pesar que las ciudades hasta la revolución industrial mantenían una relación simbiótica con el campo, y, asimismo, las aldeas con su entorno natural. De esta manera la atención recaerá en la ciudad para que retome su relación con el campo y sus zonas rurales periurbanas, lo que redundará en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía tanto urbana como rural, forjando una relación entre la ciudad y campo (periurbano) de complementariedad y no de subordinación, como ya lo prescribe oportunamente la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, sobre el desarrollo sostenible para el medio rural en su Preámbulo: “Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración territorial de las zonas rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano, y fomentando en el medio rural un desarrollo sostenible”. En este sentido, las ciudades deberían ser más campo al rodearse de ambientes orgánicos, pero asimismo los municipios rurales deberían ser más ciudad al proveerse de servicios públicos.
Por su parte, las necesarias políticas públicas para la transición ecológica rural deberán centrarse en una eficiente organización social -gobernanzas-, coadyuvada con la digitalización (conectividad), para que se genere bienestar, que supere la economía de subsistencia y la mala calidad de vida de antaño —con estrecheces económicas, y jornadas de trabajo interminables, sin tiempo libre…—. Y, asimismo, las políticas públicas rurales deberán enmarcarse en la justicia social -sin dejar a nadie atrás-, empoderando a las mujeres, reconociendo y valorando la sabiduría de los mayores y su cultura agraria; favoreciendo, en definitiva, el imprescindible y digno relevo generacional, garantía y motor de un medio rural vivo y resiliente, pues además las pandemias como la crisis económica, climática… no son casualidades sino causalidades.
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