Nueva denuncia de Ustea sobre las ratios en la educación pública. Según el sindicato educativo, la delegación de Educación continúa cerrando líneas en los centros educativos de la provincia de Cádiz, pese a lo anunciado por el Ejecutivo andaluz.
"Aunque la delegada Isabel Paredes declara que todo el problema de las pérdidas de unidades y de cierres de centros se debe a la bajada de natalidad, la realidad es que en la visita a los centros afectados, familias y docentes nos aseguran que las aulas que sobreviven lo hacen en muchos casos con una ratio muy elevada e incluso por encima de la legalidad vigente", explican desde el sindicato en un comunicado al que ha tenido acceso lavozdelsur.es
Así, hablan de "elementos" que se quieren maquillar con medidas "tibias" de desdobles en algunas materias troncales y, que no obstante, ante la "inacción frecuente", también la solicitud y el derecho de este mal menor en muchos casos debe ser “recordado, demandado y continuamente solicitado por los equipos directivos". Una realidad que comparan con una "pelea por los recursos" ya que la Delegación parece ignorar los problemas que genera.
Según Ustea, la visita a muchas de estas aulas por encima de la ratio ordinaria muestra una imagen "muy alejada de la realidad sin niños que la delegada se empeña en transmitir", esa imagen "dónea en la que supuestamente las y los docentes podrían atender y desempeñar mejor sus funciones ante esa bajada de natalidad, con mayores garantías que en épocas demográficamente mejores, pero ocurre justamente lo contrario".
Superan las ratios máximas por alumnado
Cabe recordar que la ratio máxima de alumnado por unidad escolar establecida por la normativa vigente en Andalucía es de 25 en educación infantil y primaria, 30 en educación secundaria obligatoria y FP y de 35 en bachillerato. Esta misma normativa permite un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por unidad escolar para atender necesidades de escolarización sobrevenidas y extraordinarias.
El sindicarto aclara, en esa línea, que nunca se aplicaría este porcentaje extra con el curso iniciado, con el fin de poder garantizar en todo momento el derecho a la "libertad de elección de las familias a una educación pública, laica, gratuita y de calidad para sus hijas e hijos".
Sin embargo, denuncian, no se ha mantenido este derecho en el caso de veintisiete familias afectadas en el Puerto de Santa María o en Puerto Real, que "se han visto forzadas a elegir un destino en la concertada que no era de sus preferentes y en algunos casos ni siquiera habían puesto en la solicitud de matrícula".
"Se imponen ratios ilegales, se suprimen líneas antes de que se inicien o acaben los procesos ordinarios de matrícula incluso (caso del colegio Campo del Sur, por ejemplo) y se fuerza así a las familias a elegir entre la concertada o desplazarse a muchos kilómetros de su domicilio, por el cierre convenido de centros y líneas de la escuela pública (además de que los últimos centros públicos construidos ya han optado por ubicarlos en la periferia de los municipios o en polígonos de actividad industrial con contaminación acústica, como los casos del IES Cornelio Balbo en Cádiz o el IES Mar del Sur en Taraguilla, San Roque), alejados del carisma y de la vida de los barrios del que siempre habían gozado", sostienen en el comunicado.
Lamentablemente se aplica este margen de aumento en la escolarización ordinaria, convirtiendo la excepción del curso ya iniciado en norma de estructura orgánica. El resultado, sostiene Ustea,es que se están aplicando ratios de hasta 28 en educación infantil y primaria, hasta 33 en educación secundaria obligatoria y hasta 38 en bachillerato.
La planificación de la red de centros escolares de Andalucía se realiza en base a estos mismos cálculos, por lo que hay centros afectados en Jerez, El Puerto de Santa María, Algeciras, La línea, Chiclana, San Fernando, Algeciras, Rota, Puerto Real, Barbate, Villamartín, Arcos, Zahara de la Sierra, Medina Sidonia y Olvera, un total de más de treinta centros y más del doble en unidades escolares "congestionadas".
Bloqueo de matrículas y derivaciones a la privada
Como consecuencia de estas aulas inicialmente masificadas, añaden, se impide el acceso a la educación pública, "con un cupo cerrado en los centros que bloquea la recepción de matrículas de familias migrantes que se asientan en el entorno escolar", como el caso del colegio Carlos III, o "obligadas" a matricular a sus niños en la privada concertada, como una niña del IES La Arboleda, de El Puerto. "Tal es el afán de masificación que la idea inicial para un colegio público de Zahara de la Sierra era fusionar toda la educación infantil (los de 3, 4 y 5 años) generando incluso una sobrerratio ilegal en el aula pretendida", explican.
Frente a esta problemática, dicen esde el sindicato, Delegación responde en una reunión con Ustea a inicios de curso que carecen en esos momentos de responsable de Escolarización y que no aportarán datos hasta octubre, cuando ya la afrenta a las familias, alumnos y docentes ya estará consumada, algo que consideran " de nuevo balones fuera e incumplimiento de la ley". "Tampoco parecen tener en cuenta el incremento de alumnado NEAE de los últimos cursos (que afecta tanto al aumento de ratio en las unidades supervivientes como a la falta de contratación de más profesionales específicos para atenderlos). La bajada de la ratio por aula sería una de las herramientas esenciales para la mejora de su aprendizaje; de hecho, ya era una medida contemplada en leyes educativas anteriores y desde nuestro sindicato hemos trabajado presentando una iniciativa legislativa popular al respecto", añaden.
Desde los servicios jurídicos de Ustea Cádiz y en apoyo a la legislación vigente, sostienen que van a presentar una reclamación formal y urgente a la Delegación de Educación denunciando esta situación "lamentable de ratios ilegales en los centros afectados para que sea resuelta en la mayor brevedad posible".
"Una vez más tiran de calculadora aplicando las cifras fuera de la ley y de la conciencia. No ocurre así en la enseñanza privada concertada, donde el blindaje de líneas les permite disminuir alumnado de sus aulas sin temor al cierre de las mismas, pese a que indudablemente también les está afectando la bajada de natalidad en las matrículas, no sufren los recortes que aplican a la escuela pública (caso del Amor de Dios en Cádiz, donde con 40 solicitudes siguen conservando tres líneas, según informe de Marea Verde)", concluyen.
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