Buena parte de la provincia de Cádiz siempre parece temer un aluvión, un maremoto. Durante los últimos 30 años, por ubicación geográfica, sus habitantes se acostumbraron también a oír y leer sobre otras "oleadas", las de inmigrantes, cuando ese fenómeno internacional alcanzaba sus momentos más difíciles.
Este mismo lugar en el mundo, estratégico, obligó hace mucho a sus habitantes a convivir con la llegada repentina de militares (franceses, británicos, estadounidenses, marroquíes...) en varios momentos históricos.
Finalmente, la abrupta aparición no será de agua salada, soldados uniformados, ni de asustados seres humanos con otro tono de piel. La "invasión", en la terminología de racistas interesados y asustadores profesionales, nacerá de los propios lugareños, de los locales. Va dentro de cada habitante. Las mismas personas que ahora viven en esta tierra serán invasores e invadidos a la vez.
Ese figurado tsunami estará formado por las futuras ancianas, por los venideros mayores, por los próximos jubilados que ahora asisten a este debate algo ajenos, distraídos, con algunos años menos en ciudades y pueblos de la provincia.
Colectivos y Marea de Pensionistas cuantifican en 4.500 las personas pendientes de encontrar un hueco en alguno de los centros gaditanos
La irrupción del muro de agua salada o de ejércitos conquistadores es probable cada varios siglos. La de ese batallón de personas mayores nacidas en esta tierra puede darse por segura en apenas diez años. A partir de 2035, los nacidos en el baby boom entrarán en tromba en los 70 años y su número no dejará de crecer. De hecho, forman el mayor sector de población en España por franjas de nacimiento.
No habrá culpables ni víctimas. Todos necesitarán consideración. "Los mayores necesitan, necesitamos, cariño y atención. Volvemos a ser niños, vulnerables. Si no hay ayuda todo es más difícil. La soledad mata", defiende con emoción una portavoz de este creciente colectivo social.
![Residencia Mayores Micalea aramburu 1 Residencia Mayores Micalea aramburu 1](/uploads/s1/16/09/02/8/residencia-mayores-micalea-aramburu-1.jpeg)
Según el Instituto Nacional de Estadística y la Tesorería General de la Seguridad Social (datos de febrero de 2022), en España hay 7,8 millones de habitantes nacidos entre 1958 y 1978, es decir, entre 45 y 65 años de edad en este año 2023. Ningún otro sector de población es tan numeroso, tiene tantos miembros, en un país con 47,4 millones de habitantes. La provincia de Cádiz roza los 1,3 millones.
Esa considerable muchedumbre (una de cada siete personas en España, aproximadamente) comenzará a acercarse a la vejez según avance la década de los 30 de este siglo y la sociedad ni lo asume ni se prepara. No lo quiere ver. Al menos, no actúa. Esa es la percepción y la denuncia de los colectivos que reivindican más atención y servicios para los mayores.
La celebración del Día de las Personas Mayores, trasladada a este jueves 28, coloca este conflicto en el centro de sus reivindicaciones
Estos grupos celebrarán este jueves, 28 de septiembre, el Día de las Personas Mayores. La fecha oficial es el 1 de octubre pero al coincidir con domingo ha sido adelantada unas horas. El principal grito de alerta en esta edición destaca una de las más dolorosas pruebas de esa falta de previsión ante la sociedad que viene, la "alarmante falta de plazas en residencias públicas y concertadas".
Según Paqui López, secretaria de Marea de Pensionistas en Cádiz. "La escasez de plazas es apremiante", secunda Paco González, coordinador del grupo cristiano Reflexión-Acción y también integrante de la Marea.
López fija las plazas por cubrir en Andalucía en unas 35.000, de las que 4.500 demandantes estarían en la provincia. Según el último recuento, "siempre por actualizar porque nunca nos dan datos actualizados", la comunidad autónoma tiene 712 residencias para mayores, de las que 67 serían viviendas tuteladas. De los 645 centros convencionales, sólo 20 son públicos o concertados. El resto, privados.
Ni siquiera hay suficientes plazas de residencias convencionales en la provincia. El conflicto se agrava cuando, además de la "alarmante escasez", la mayoría de las que se ofertan "son en residencias privadas, se está produciendo un desvío de usuarios, de ciudadanos, del sistema público al privado, como en la sanidad o la enseñanza".
Sólo 20 de las 645 residencias y centros de Andalucía tienen carácter público
El desvío a recintos de propiedad y gestión privada excluye, según la portavoz de la Marea, a "los más vulnerables". Recuerda que en España hay seis millones de pensionistas que perciben menos de 1.100 euros al mes, de los que dos millones ni siquiera llegan a percibir 500 en su cobro mensual. Las tarifas de las residencias privadas son "muy costosas" y resultan "imposibles para estos mayores y sus familias".
En este desequilibrio está el centro de la reivindicación y la alerta de la Marea de Pensionistas. Recuerda este colectivo que el 94% de los ancianos españoles consultados no quiere estar en una residencia. "Falta personal y el que tienen está mal pagado. Nuestros mayores están ahí encerrados, sin que los familiares sepan en qué condiciones. A menudo se las ocultan. Son frecuentes los casos en los que un enfermo de alzhéimer o de otra enfermedad crónica tiene que compartir habitación con una persona que no tiene ninguna dolencia de ese tipo y es una situación muy perjudicial para los dos".
Aparece una contradicción. Los mayores rechazan las residencias pero cada vez hay más solicitantes, cada vez faltan más plazas. La lista de espera es "enorme". "Con determinadas patologías no queda más remedio que buscar una residencia. Además, la sociedad ha cambiado. Soy contraria a esa idea de que las familias abandonan a sus mayores al ingresarlos. En muchas casas trabajan todos. Es necesario con los sueldos de estos tiempos y es imposible atenderles. Nos les abandonan ni les encierran, es que hay pocas opciones a la residencia", defiende Paqui López.
La Marea de Pensionistas defiende los pisos tutelados como la mejor opción para los mayores pero sólo hay 67 en Andalucía frente a 645 residencias y centros
Entre esas alternativas, la preferencia de la Marea de Pensionistas es clara: "Los pisos tutelados hacen que los mayores puedan sentirse más autónomos, entrar y salir, compartir, además de acceder a determinados servicios cuando los necesitan". Sin embargo, esa modalidad de residencia es minoritaria, una de cada ocho en la provincia y en Andalucía.
Aunque los datos son extrapolables a los núcleos con más población de la provincia (Jerez y Algeciras en primer término), los datos en la ciudad de Cádiz son especialmente ilustrativos para Juan Cejudo, miembro de Justicia Social.
En la ciudad de Cádiz, los mayores de 65 años son el 25,1% de la población total, que actualmente es de 113.000 habitantes según el Instituto de Estadística de Andalucía. “Eso quiere decir que los mayores somos 28.380 personas. La OMS establece que debe haber un 5% de plazas de residencias de mayores. Es decir, que deberían ser 1.419 plazas en este municipio”. Sin embargo, la cifra real de las disponibles es la tercera parte: “Sólo tenemos 634 según los datos que disponemos. De ellas, 535 son privadas y sólo 99 públicas en la Residencia José Matía Calvo”.
![Un total de 350 personas acudieron a la cena de los mayores en la Feria de Guadalcacín. Un total de 350 personas acudieron a la cena de los mayores en la Feria de Guadalcacín.](/uploads/s1/15/82/91/9/una-imagen-de-1300x700.jpeg)
Para ilustrar con otro ejemplo, los denunciantes utilizan la residencia gaditana Micaela Aramburu. Aseguran que "sólo hay diez plazas concertadas por el Ayuntamiento, mientras que las 110 restantes están ocupadas por personas que pagan altas mensualidades por una habitación de simple o doble. Es una residencia cuya construcción costó más de ocho millones de euros al ayuntamiento. Es decir, es un centro de mayores pagado con fondos públicos que se entregó a una empresa privada para que lo negociara y administrara", defiende Justicia Social.
“Sólo en esta ciudad, por tanto, faltan 785 plazas para mayores", añaden. Eso equivaldría a construir más de seis residencias como Micaela Aramburu (en el barrio de Loreto de Cádiz) donde existen 120 plazas. Si el porcentaje recomendado por la OMS es del 5%, y en España es del 4,19, resulta que en la provincia es sólo del 2,6% entre residencias públicas y privadas.
Tanto Paqui López como Juan Cejudo y Paco González, representantes de tres colectivos distintos, llevan años afirmando que han transmitido esta situación, “este ruego”, a consejeros de la Junta, concejales y alcaldes de tres partidos distintos (PSOE, PP y Adelante). Al menos, desde el año 2015.
La situación es cada vez más grave porque la oleada silenciosa protagonizada por todos los habitantes de la provincia por encima de los 50 años cada vez es más intensa. “Creo que si la sociedad gaditana tomara conciencia de este grave problema y siguiera presionando la Junta debería hacer caso porque los datos son inapelables. No hay prácticamente ninguna plaza libre disponible. La demanda es altísima”.
"Muchas personas se ven obligadas a ser atendidas en una residencia muy alejada de su ciudad o pueblo"
La creciente lista de espera tiene un segundo efecto "frustrante" para los afectados y sus familias, según Cejudo. "Muchas personas mayores se ven obligadas a ser atendidas en una residencia muy alejada de su ciudad o pueblo por estar enfermas, vivir solas o en la pobreza. Al no disponer en su lugar de origen de suficientes plazas públicas, la Junta de Andalucía, antes con el PSOE y ahora con el PP, envía a estas personas a localidades muy alejadas".
En el caso de ciudades como Jerez, El Puerto de Santa María y Cádiz, este portavoz pone como ejemplos "Olvera, Villamartín o Algodonales, con las consiguientes dificultades de sus familias, muchas de ellas modestas, para visitarles periódicamente. La situación se agrava cuando esos mayores residentes en estas, u otras, poblaciones enferman y son enviados a hospitales como los de Ronda o Villamartín".
Esta situación, creciente según Marea de Pensionistas, Reflexión-Acción y Justicia Social, "priva a nuestros mayores de su entorno y, además, de recibir visitas frecuentes de familiares, vecinos y amistades".
"¿Es mucho pedir que se concierten plazas suficientes y que se construyan residencias públicas y de gestión directa en las mayores ciudades? ¿Queremos ir en el tramo final de nuestras vidas a una residencia alejada de su entorno social y familiar?", se preguntan los colectivos que organizan las movilizaciones del próximo jueves, 28 de septiembre.
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