El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes un informe del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) sobre Doñana, que señala una situación preocupante del estado del acuífero y alerta de que las Declaraciones de Impacto Ambiental de los cuatro tramos en los que se ha subdividido el proyecto del gaseoducto no han evaluado los posibles riesgos sísmicos que, en su caso, pudiera originar la ejecución de éste. La institución andaluza solicitó este informe al CSIC en marzo, dentro de las actuaciones que viene realizando tras abrir una queja de oficio para conocer la situación de este enclave natural y el pasado 19 de junio, tras su valoración, se lo remitió a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha mostrado su preocupación por estos hechos y ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que, junto a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los municipios del entorno de Doñana, valore la situación real del acuífero y adopten conjuntamente las medidas que sean necesaria para su protección. También ha informado a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, que actualmente investiga los riesgos de la ejecución del gaseoducto para que, si lo estima oportuno, y dado el contenido del informe, proponga al Ministerio competente “que valore la conveniencia de suspender el tramo ya en ejecución, de Marismas Occidental, de acuerdo con el principio de precaución”.
El informe recoge que “el hecho de no incluir en la declaración de impacto ambiental los riesgos sísmicos que la inyección de gas podría implicar indica que la valoración de riesgo de contaminación del acuífero se ha realizado ignorando el efecto de dicho riesgo sísmico; esto es, asumiendo unas condiciones de inestabilidad geológica que podrían haber llevado a infravalorar el riesgo de contaminación del acuífero. Esta omisión es muy preocupante, pues sugiere que los riesgos no se han estudiado en profundidad”. Con respecto al acuífero señala, entre otros extremos, que “en distintos informes y publicaciones se viene alertando tanto por investigadores del CSIC como de otras instituciones sobre los descensos continuados que se vienen produciendo desde hace más de tres décadas en las aguas subterráneas del área de Doñana”.
Los investigadores del CSIC que han estudiado la hidrogeología del Parque “describen que, debido a la extracción intensiva de aguas subterráneas durante las últimas décadas, se han producido descensos acumulados de los niveles piezométricos profundos que a su vez conllevan descensos en los niveles freáticos, y tienen como consecuencia la progresiva desaparición de los flujos subterráneos que alimentan el sistema de lagunas de las arenas de Doñana, la disminución de la descarga por rezumes en el contacto arenas-arcillas, la desaparición de las condiciones de surgencia en pozos y sondeos de La Vera, la disminución del flujo de goteo ascendente a través de las arcillas de marisma, y la formación de un cono de depresión piezométrica (y freática) de grandes dimensiones en el sector noreste de la marisma”.
También alertan que sobre “el sistema de lagunas peridunares, donde se localizan las lagunas de mayor entidad de Doñana, se ha producido la reducción del período de inundación hasta llegar a la desecación de las situadas más próximas a la urbanización turística de Matalascañas, que se abastece a través de pozos que captan aguas subterráneas. Así, las lagunas del Brezo y El Charco del Toro, situadas a menos de 800 m de estos pozos, no se inundan significativamente desde 1976 y 1998 respectivamente”. Para el Defensor del Pueblo Andaluz urge que se evalúen y despejen las dudas sobre los riesgos que puedan afectar a la conservación de este Parque Nacional y su entorno y que, de todo ello, se mantenga informada a la ciudadanía.