La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha afirmado este jueves en Comisión de Salud del Parlamento que "la Junta está siendo firme con el caso iDental y está realizando todo el trabajo posible dentro de sus competencias de consumo y sanitarias, en tiempo, en forma, según la normativa actual y dentro de nuestras competencias", mientras que IULV-CA y Podemos piden a la Junta que "asuma" el coste de los tratamientos y habilite "una partida presupuestaria de forma urgente y sufrague este problema de salud pública".
Durante su intervención, Álvarez ha recordado que "la Inspección de Servicios Sanitarios tiene como finalidad ejercer las funciones de inspección y control de centros, establecimientos y servicios sanitarios públicos, concertados y privados y prestaciones sanitarias". Al mismo tiempo, ha aclarado que la evaluación de la praxis profesional corresponde a los colegios profesionales.
De este modo, Álvarez ha indicado que el Servicio de Inspección de la Consejería de Salud "ha realizado 145 inspecciones en centros de iDental seis provincias, excepto en Huelva y Jaén", de las cuales "112 corresponden a reclamaciones o denuncias efectuadas por particulares o colegios profesionales y el resto, 33, se refieren a autorizaciones de centro". "En aquellos casos en los que se desprendiera que las irregularidades pudieran ser constitutivas de delito de salud público, se han puesto en conocimiento de la Fiscalía".
"Este ese el caso de la clínica de Sevilla, donde la inspección realizó una selección de 28 de las 59 denuncias para un estudio más pormenorizado y se elaboraron 52 informes clínicos que ha servido para la incoación de un procedimiento sancionador al centro y su remisión a la Fiscalía". Por su parte, añade que la Fiscalía informó a la Inspección que lo remitía al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, donde "ya había diligencias abiertas por delito de estafa".
A los problemas de salud causados por estas clínicas, Álvarez añade que "muchos pacientes han recurrido a entidades financieras para hacer frente a sus tratamientos y ahora tienen créditos vinculas con ellas sin tener acceso al tratamiento contratado".
“Consumo ha actuado en todo momento en defensa de los derechos de los afectados"
"Consumo ha actuado en todo momento en defensa de los derechos de los afectados, y se les ha informado sobre sus derechos y se ha llevado a cabo las reclamaciones y denuncias pertinentes", añade, y apunta que hasta la fecha "se han recibido y tramitado más de 3.270 reclamaciones en Andalucía, 2.000 en el primer semestre de este año, 985 el año pasado y 168 en 2016". También ha dicho que desde Consumo se han hecho labores de mediación con la empresa, y "en muchos de los casos se ha llegado a un acuerdo satisfactorio".
Del mismo modo, la consejera manifiesta que "se han iniciado varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, desantención a los consumidores o por no atender los requerimientos formulados por la Administración", y añade que consta que "se han levantado 97 actas de inspección y se han iniciado 35 procedimientos, con una sanción total de 1,2 millones de euros, y que hasta la fecha se han resuelto 13 con una sanción de multa de 284.851 euros".
Se ha remitido a la Fiscalía de Sevilla, para su valoración, ocho reclamaciones, como ejemplo de lo que está sucediendo, junto con un listado de otras 60 que están en las mismas condiciones, con hechos que podrían ser constitutivos de delito de estafa. También se han remitido cinco expedientes a la Fiscalía de Córdoba, que ha decidido iniciar diligencias previas y dar traslado a la policía judicial.
Por último, ha informado de que "el 35 por ciento de las reclamaciones nacionales por el caso iDental son andaluzas, también el 26 por ciento de la actas levantadas, que el 21 por ciento de los expedientes sancionadores iniciados corresponde a nuestra comunidad, y que el 87 por ciento de la cuantía total de las sanciones propuesta en el país son también de aquí".
"Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para encontrar la mejor solución a este problema y hemos mantenido reuniones y encuentros con todas la partes afectadas", asegura, y también "con la Asociación Nacional de Entidades Financieras de Crédito (Asnef) y diferentes entidades financieras, al objeto de facilitar la suspensión del cobro de crédito contratado "para que no se causen mayores perjuicios a los afectados" e instándoles a incorporarse a los mecanismos de mediación y arbitraje.
Asimismo, ha trasladado que se está consiguiendo que algunas de estas entidades faciliten a las personas afectadas poder continuar y terminar sus tratamientos en otras clínicas.
La diputada de IU Inmaculada Nieto critica "los tiempos y la diligencia" con la que ha actuado la Consejería de Salud, así como "el poco peso" de Consumo y "no haber parado una estafa que ha afectado a tantísimas personas modestas, víctimas de una campaña publicitaria muy agresiva", que "debiera haber hecho saltar las alarmas".
"La lentitud con la que han actuado ha hecho que el número de personas con este problema creciera", afirma, y añade que "ya están en un fase en la que necesitan una restitución de los derechos vulnerados", por lo que, asegura, "la Junta tiene que asumir el coste de los tratamientos y garantizar que se finalizan en condiciones sanitarias adecuadas, porque de haber actuado diligentemente no se hubieran visto en esta situación".
"Desamparo" de los afectados
Desde Podemos Juan Antonio Gil también pide a la Junta habilitar "una partida presupuestaria de forma urgente y sufragar este problema de salud pública", de modo que los pacientes "puedan finalizarse todos los tratamientos pendientes o arreglen aquellos mal ejecutados" y denuncia la situación de "desamparo" de los afectados. Además, tacha de "incompetente" a Salud y ha dicho que la denuncia interpuesta ayer ante la Fiscalía de Sevilla a responsables de Salud por no actuar ante un informe que instaba a cerrar las clínicas, podrá llevar a la propia consejera "ante un juzgado".
"Si ya son graves los hechos, aún lo son más sabiendo que las víctimas son personas de muy escasos recursos y muy vulnerables, a los que esta Administración les ha fallado por dejación de funciones", afirma Gil, que critica también que Salud "no esté colaborando" con asociaciones de consumidores como Facua, "a las que no se les facilita el nombre de los odontólogos y las aseguradoras".
Catalina García del PP-A exige a la Consejería que explique "qué pasó hace un año y hace tres", porque "hubo un informe negativo para la clínica de Sevilla y pese a ello se abrió". "Debemos aclarar qué ha pasado en ese año con ese informe encima de la mesa, donde ya se decía que había un grave perjuicio", lamenta la popular, que además ve "muy importante" recuperar los expedientes médicos y "solucionar el problema de salud y económico de estas personas".
Desde Cs Isabel Albás asegura que el Gobierno andaluz "no es solo responsable de lo que hace sino también de lo que no hace" y dice que si en 2016 había 168 denuncias "esto tendría que haber hecho saltar las alarmas". Pide a Álvarez reunirse con los afectados y "más agilidad y un esfuerzo mayor para controlar antes" estas situaciones, porque "hay herramientas para prevenir, inspeccionar y cerrar estos centros si es pertinente".
La socialista María de los Ángeles Férriz ha destacado que se trata de "un fraude masivo" y dice que "la alarmas no saltaron en ninguna de las comunidades", al tiempo que critica que IU y Podemos "trasladen toda la carga de la culpabilidad a Salud" y les acusa de que están haciendo "un despliegue de populismo preocupante porque no se puede generar unas expectativas y que la gente piense que puede pasar una cosa que no pasa". Defiende que la Junta "no se ha quedado con los brazos cruzados" y dice que "tenían que haber publicitado más todo lo hecho".
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