El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y algunos de sus consejeros, entre ellos la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, llevan meses pregonando una supuesta revolución verde que, según la organización agraria Asaja, "quienes viven y gestionan el campo no acaban de ver".
El último episodio de estos “fuegos de artificio”, como los han considerado en una nota de prensa, lo constituyen las dos resoluciones fallidas de las denominadas Ayudas Forestales y de Prevención de Incendios, dos líneas fundamentales para agricultores, ganaderos y titulares de explotaciones forestales que llevan casi diez años esperando estas ayudas contempladas en el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A), en concreto en la medida 8 de Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.
Se trata de dos líneas que se han convocado "tarde y mal, y se han resuelto aún peor", según exponen, como ya publicó lavozdelsur.es. En concreto, son la submedida 8.5, operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales (también conocida como ayudas forestales) y la submedida 8.3, operación 8.3.1, de Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes (ayudas para Prevención de Incendios).
Ambas van dirigidas a los montes de titularidad privada que, con 3,4 millones de hectáreas, suponen más del 70% de toda la superficie forestal andaluza, por lo que su adecuada gestión constituye una pieza fundamental en la lucha contra el fuego en Andalucía. Así lo entiende Bruselas cuando anima a que los estados miembros empleen una parte del presupuesto del segundo pilar de la PAC -el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader)- en la gestión forestal sostenible y la limpieza de montes.
"Son justamente estas medidas, dirigidas a los montes de titularidad privada, las que peor está gestionando la Consejería que dirige Carmen Crespo, quien anunció a bombo y platillo en el verano de 2019 la primera de estas dos líneas, la de Ayudas Forestales, que contaba con una dotación inicial de 106 millones, mientras que la otra, la medida de Prevención de Incendios, se convocó unos meses antes por un importe de 14,5 millones de euros, “el mayor de su historia” se dijo entonces", recuerdan desde Asaja.
El campo, el monte andaluz, han dicho, "esperaba con mucha atención la resolución de la convocatoria de ayudas e incentivos dirigidas al sector forestal y la de incendios. Una actividad muy necesitada de inversión, echaba en falta estos incentivos públicos, necesarios para una actividad fundamental para nuestro territorio pero con enormes problemas económicos y de viabilidad".
En el marco 2014-2020 sólo se han publicado en la Junta de Andalucía dos convocatorias de ayudas e incentivos dirigidas al sector forestal, la de incendios, convocada en 2018, y la del incremento del valor ambiental de los ecosistemas forestales, convocada en octubre de 2019. El comunicado con la resolución definitiva de los expedientes ha dejado "desconcertado" al sector. En las ayudas al sector forestal, donde hay disponibles 106.045.473 euros, se han aprobado 543 expedientes por valor de 63.147.724,65 euros, esto es, se queda sin asignar más del 40% de los fondos disponibles. Se han rechazado 543 expedientes por valor de 43 millones de euros. Y en el caso de incendios, como está publicado, se han aprobado 23 expedientes por importe de 127.384 euros cuando los fondos disponibles eran de más de 14.000.000 euros, esto es, se queda sin asignar el 99% del presupuesto disponible.
"No salimos de nuestro asombro", aseguran, asimismo, desde Fundación Savia, que ha remitido una carta a la consejera Crespo, tras la publicación de las resoluciones, mostrando su preocupación por el "tan desastroso desenlace de las convocatorias, pues todo apunta a que la maraña burocrática y la inoperancia van a llevar a que las ilusiones y expectativas creadas se conviertan en pesar y frustración”.
"La escasa rentabilidad de las explotaciones imposibilita a los propietarios a realizar acciones de mejora sin incentivos, incluso a realizar labores básicas de manejo y mantenimiento. Muchas se encuentran en zonas donde el despoblamiento y el desempleo tiene tasas alarmantes, con consecuencias tan nefastas como el abandono de tierras, el aumento de riesgo de incendios o la desertización".
Por eso, Savia, en una carta que firma Francisco Casero, su presidente, ha instado al Gobierno andaluz a que “a la mayor brevedad posible se habiliten mecanismos que permitan solventar el máximo número de expedientes que en estos momentos han decaído, muy probablemente, muchos de ellos por pequeños errores administrativos, burocráticos, cambios de titularidad, etcétera, seguramente subsanables si se les hubiese dado a los interesados una posibilidad de audiencia y enmienda que no llegamos a entender por qué no se ha producido”.
La organización propone la creación de una comisión de seguimiento de la situación, con la participación de los afectados para resolver los expedientes pendientes a la mayor brevedad posible, como alternativa a la vía del recurso contencioso administrativo.
La Fundación Savia finaliza añadiendo “estamos al final del periodo de financiación europeo y estamos corriendo un alto riesgo de perder todos, esta necesaria financiación”.