El acuerdo entre Junta de Andalucía y Gobierno de España para evitar que se tramitara la ley de PP y Vox que regularizaba cientos de hectáreas de regadíos en el Parque Nacional de Doñana dio carpetazo a uno de los conflictos políticos más intensos que han tenido lugar en Andalucía durante los últimos años. Sin embargo, para algunas organizaciones dicho pacto no es suficiente debido al gran número de regadíos ilegales que siguen existiendo en la Corona Forestal de Doñana.
WWF ha presentado este lunes los datos anuales sobre las fincas que "se riegan de manera ilegal" que están basados en ortografías e imágenes satelitales. Dicho estudio señala que todavía hay más de 1.100 hectáreas que se riegan de forma ilegal en todo el entorno del parque, algo que, para la organización, deja claro que las administraciones "no están haciendo lo suficiente".
"No solo es un problema de agua, ya que estas fincas suponen seis hectómetros cúbicos de agua, sino también de competencia desleal, puesto que cifran en 30.000 las toneladas de frutos rojos que se están comercializando procedentes de estas hectáreas", aseguran desde WWF.
De este modo, según el estudio realizado por WWF, en Doñana, como ha detallado, el responsable de Proyectos de Aguas y Agricultura de WWF España, Felipe Fuentelsaz, "se siguen regando 1.180,2 hectáreas fuera de la superficie agrícola regable (SAR), delimitada por el Plan Especial de la Corona Forestal", en la que se incluyen, "todas las hectáreas en suelos de secano o forestales que están en regadíos, no solo las que están bajo plástico y de las cuencas del Guadalquivir y del Tinto-Odiel-Piedras", aunque "quedan fuera otras de otros municipios del área de Doñana que no están en dicho plan".
Por su parte, el coordinador para Doñana de la organización, Juanjo Carmona, ha asegurado que las administraciones "también disponen de nuevas tecnologías, satélites, drones y otras herramientas para conocer en tiempo real las ilegalidades que se están cometiendo en este momento", por ello, "lo más lógico es que se actúe también sobre la marcha".
"Una cifra en un acuífero que está sobreexplotado, declarado así desde hace ya cuatro años, sin plan de extracción obligatorio por ley desde hace tres y con un índice de sobreexplotación de un 109% de acuerdo a los datos oficiales. Por lo que queremos hacer una llamada a la acción de las Administraciones, porque podemos impedir que se saque el agua del acuífero ahora, ya que las multas puedan tener un efecto disuasorio, pero no evitarán ni la pérdida del agua ni la competencia desleal", ha subrayado Carmona.
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