Hasta hubo risas de quince o veinte. Suelen aparecer ante lo inesperado. Antes hubo lágrimas pero solo fueron de dos. Las de una pareja de treintañeros que pierde "su vivienda habitual, ahora nos vamos a vivir a casa de mi madre".
Entre ambas reacciones, y después, queda el desvelo de varias decenas de familias o propietarios, quizás aprovechados, imprudentes, inocentes o desesperados que llevan meses con sus viviendas precintadas a la espera de vivir el mismo trance.
Del drama a la comedia para ejecutar un derribo en El Palmar, "el palmaraíso" como lo llamó un guardia civil en las muchas horas de espera del nuevo episodio en la densa historia de la vivienda irregular en la provincia. Vivido este martes 12 de diciembre entre las 9 y las 15 horas.
Las anécdotas de un derribo descacharrante amenazan con ocultar la gravedad de una situación generalizada en la zona costera de Vejer y sus consecuencias probables y próximas: los derribos van a sucederse por decenas en los próximos meses. Eso temen y adelantan tanto el alcalde Antonio González Mellado como un portavoz de la asociación de vecinos, Manuel Martín.
El supuesto prólogo del año más complicado en la pedanía litoral comenzaba este martes con una primera sorpresa. Cuando la Guardia Civil llegó al amanecer para vigilar la zona en la que se produciría el derribo, la vivienda ya no estaba. Había poco que derribar.
Las habitaciones "de chapa" ya habían sido desmanteladas por sus propietarios. Sólo quedaban dos rectángulos, dos bases que harían de suelo, y una habitación de ladrillo a modo de cuarto de baño. El resto era un solar lleno de restos dentro de muro blanco que delimita la supuesta propiedad.
Dentro, sus dueños con un hijo adolescente. Hay otra menor, ausente. No quieren fotos, ni que les graben las cámaras de televisión local. Prefieren no dar sus nombres, sólo dicen que son de Barbate, que esa era su única casa y que ahora tendrán que vivir refugiados con la familia.
Van y vienen por el carril, nerviosos, alterados. Cuando se les pregunta, contestan con la gran interrogante, la única en este tipo de casos: "¿Por qué nosotros? Aquí hay 200, 400 viviendas ilegales y nos tiene que tocar a nosotros ¿por qué?".
Cerca está la playa con un oleaje hipnótico para los surferos. A medio kilómetro, los chiringuitos y los bares abiertos. Aquí, ya cerca de Zahora, no se ve nada de eso. Todo está rodeado de otras parcelas que muestran vallados de madera con caravanas dentro, o casas hermosas de dos plantas, pocas. Alguna finca sin más ocupación que algún animal y muchas viviendas de una planta, más o menos trabajadas o nuevas.
Limbo, servicios y excepciones
La Junta de Andalucía admitía el pasado 10 de diciembre que hay unas 300.000 viviendas irregulares en la comunidad autónoma. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, aseguraba entonces que las posibles infracciones urbanísticas han prescrito y no habría demoliciones.
Se le olvidaba una, en El Palmar. Los funcionarios que acuden horas después llevan en sus chalecos identificativos el nombre de la misma Consejería. Según Díaz, estas construcciones están en un "limbo jurídico" y el objetivo es ir regulando paso a paso. La de Vejer ya no estará en ese grupo.
En 2021, incluso, se creaba la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) para acabar con la "maraña normativa" anterior, según la Junta. Por alguna razón desconocida, estas habitaciones de chapa en El Palmar, estos muretes blancos, son una excepción a una campaña que según la consejera persigue "asumir una realidad y que esas viviendas se doten de servicios básicos".
El expediente contra los afectados por el derribo de este martes comenzó en 2007 y ahora es una orden judicial firme, ejecutada este 12 de diciembre de 2023. Han presentado un recurso. Dudan sin funcionará. Se quejan de que les notificaron la sentencia final en pleno puente, el 7 de diciembre. Finalmente, la petición de clemencia no vale. Habrá demolición. Con dificultades.
Tras dos horas de espera, de 9 a 11 de la mañana, aparece una gran excavadora, marca Daewoo. Apenas entra, por anchura, en el carril pero consigue alcanzar la puerta de la no vivienda por derribar.
En el trayecto, el conductor ha sido increpado por algún vecino anónimo. Se siente incómodo, intimidado. Le dice a la Guardia Civil que no quiere derribar nada, que no tiene ánimo. La Benemérita trata de alentarle: "A nosotros nos quieren amedrentar todos los días, venga, hombre, vamos, se trata de cumplir una obligación. Nosotros tampoco queremos fastidiar a nadie". El conductor, a modo del yerno de Pepe Isbert en El Verdugo, dice que no se ve preparado.
El alcalde Gonzalez Mellado y la concejala Lola de Melo, delegada especial para el Desarrollo de El Palmar, se retiran tras consolar a la pareja de propietarios devastados. "Siempre se han portado muy bien con nosotros", dice con una voz la pareja de afectados.
A las cuatro patrullas de la Guardia Civil se suman los funcionarios de la Junta, siete, todos con chalecos identificativos, la mitad con mascarilla sanitaria, gorra o gorro, gafas de sol. Aparece la Policía Autonómica, competente en materia de Territorio. Los que sufren el derribo se retiran resignados y compungidos.
Ya está todo listo. Han pasado tres horas desde que llegaran los primeros agentes. Mediodía, sólo falta un conductor para la excavadora, ya varada en la puerta del lugar de los hechos. Como el titular no quiere, o no puede, un superior toma el relevo.
Por favor, avisen a un mecánico
Durante una hora, trata de arrancar la excavadora. Lo hace una y otra vez pero el bicho no se mueve. Toca todos los botones y palancas posibles, reinicia todos los procesos, pero nada. Los conductores, el inicial y el suplente, van relatando a gritos su apuro. Que se ha quedado cogido un freno de mano electrónico, un dispositivo de seguridad que bloquea el monstruoso cacharro naranja.
Las llamadas telefónicas se suceden. Algún compañero habrá en la central que sepa desactivar esa letra "P", probablemente de parking, que se resiste. La tecnología ha decidido ponerse del lado de la pareja que se va a quedar sin casa. "La providencia", deja caer un policía con la primera media sonrisa. Vendrían más.
Pasan los minutos, en paquetes de 30. Uno tras otro. A los guardias civiles y policías autonómicos les recorre el asombro, primero. Luego, los chascarrillos. El catálogo habitual. Del "no me lo puedo creer" a "esto solo nos pasa a nosotros". Una funcionaria de la Junta avisa por teléfono a su casa, "oye, que no llego a comer. Nada, nada, un problema técnico".
Los conductores, el dubitativo y el decidido, los dos, se rinden. "Hay que llamar a un mecánico". Sí porque una grúa tan grande como para sacar de ahi la excavadora no debe existir. Y si existe no cabe, dice un agente sonriendo.
Otro dice que busquen un tutorial en internet sobre cómo desbloquear el freno automático de esa uña gigante. Parece una broma más pero es que lo busca, lo encuentra y se lo pone a los compañeros, lo retransmite.
Otro, guardia civil, de complexión montañosa, con experiencia personal con tractores y maquinaria pesada se ofrece, se acerca, da consejos, intenta localizar el problema. Nada, que aquello no se mueve.
"Un mecánico viene desde Cádiz", es el último mensaje serio que se oye. La una de la tarde y desde las nueve allí todo el mundo. Algunos civiles se retiran, se quedan la mitad. Algunos funcionarios van a beber agua.
Una hora después, pasadas las dos, llega el mecánico. Tras unos 20 minutos de observación, obra el prodigio. La máquina, además de arrancar, se mueve. Galileo Galilei estaría orgulloso de su discípulo.
El derribo dura apenas una hora y es simbólico. Tirar los muros, levantar las bases de lo que fueron habitaciones, remover una pequeña piscina tapada. La vivienda ya había sido autoderribada por sus dueños días antes.
Termina el episodio anecdótico y regresa la preocupación de un caso que puede ser precedente. En contra de lo declarado por la Junta de Andalucía, por la consejera Rocío Ruiz en la semana previa, el alcalde y los vecinos anuncian una oleada de actuaciones similares, fruto de dos años de denuncias administrativas y precintos, de procesos judiciales que ya están en marcha.
El caótico derribo de este martes parece la consecuencia lógica de cuatro décadas de caos urbanístico, de construcciones u ocupaciones irregulares de cientos de parcelas. En El Palmar como en Chiclana, Sanlúcar, El Puerto y otros cien municipios de Andalucía. Hasta 300.000 casos según la propia Junta. Pero la ejecución le tocó a una pareja de treintañeros barbateños. Y no fue ni limpia, ni rápida.
Cabe pensar que los próximos episodios que anuncian los vejeriegos y residentes en El Palmar sean, al menos, mejor realizados en el apartado técnico. Difícil será que se reproduzca tal cadena de pequeñas catástrofes.
Un alcalde que no quiere más derribos pero los anuncia por decenas
El nuevo alcalde de Vejer, el socialista Antonio González Mellado, fue el primero en aparecer. Mucho antes del sainete. Junto a Dolores de Melo, la concejala dedicada expresamente a El Palmar. Toda una declaración de intenciones y previsiones crear una delegación propia para el problemón que se avecina.
Han sido 40 años de anarquía urbanística y "no es fácil tratar de buscar soluciones y herramientas en seis meses". El joven regidor es conciente de las trampas del viejo juego. La vivienda irregular tiene mucho de ignorancia y descaro pero también ha evitado que la paradisíaca zona sera pasto de las grandes empresas turísticas. Entre los vecinos siempre se temió que los primeros interesados en derribar sean los mismos que tienen ansiedad por construir.
El conflicto es complejo, viejo, pero vuelve a estallar cada poco. "Hemos acudido a la llamada de estos vecinos que con los que venimos hablando en las últimas semanas para intentar dar hoy apoyo, al menos emocional. Detrás de estas circunstancias hay rostros, hay familias y esto es desagradable para todo el mundo", afirma el alcalde a pie de carril.
Lamenta que mientras se buscan soluciones de regulación en otras zonas, sigan los derribos en Vejer: "Parece que había un protocolo en materia de disciplina urbanística pero estas medidas no se aplican aquí. Eso se llama seguir estigmatizando El Palmar. Yo como alcalde, lo que le pido a la Junta Andalucía que reciba a este alcalde y a esta delegada Especial para Desarrollo de El Palmar. Nosotros necesitamos recursos para la ordenación del territorio, para la regularización. No queremos más derribos. Por favor".
El Ayuntamiento tampoco es partidario, según el alcalde, de la manga ancha con los propietarios: "Les presentamos multas coercitivas, sanciones, impedimos nuevas construcciones pero que se tire una casa es algo muy duro. Además, qué casualidad, siempre es una familia sencilla y humilde. En este pueblo yo no quiero más derribos. Yo quiero regularización y eso es lo que vamos a hacer".
El socialista se pregunta por qué no se ha aplicado "el plan especial de reforma interior. El PERI, el famoso PERI de El Palmar, aprobado en el año 2009. Más de 12 años han pasado. El anterior gobierno, sin hacer absolutamente nada ¿por qué? ¿por qué en 2021 entra la Junta de Andalucía como un batallón exclusivamente dedicado a la disciplina urbanística? ¿por qué no vino también con otros recursos?".
González Mellado teme que este derribo sea el primero de muchos porque "todos los procedimientos que se iniciaron siguen adelante. No queremos eso. Llevamos desde agosto pidiendo una reunión no solo en Cádiz, en Sevilla, en la Consejería y no nos han dado respuesta".
El portavoz de la asociación de vecinos de El Palmar, Manuel Martín, también cree probable que las demoliciones se acumulen, incluso por decenas, en el año 2024 debido a la cantidad de procesos judiciales en marcha.