Ante una situación de crisis climática en el que el aumento de las temperaturas, la mayor evotranspiración, el mayor riesgo de incendios forestales, de despoblación y menor capacidad de manejo, “no estamos asumiendo la responsabilidad que tenemos con nuestro territorio”; “nuestro monte, nuestros terrenos forestales y dehesa necesitan atención”. Así de contundente comienza su carta la Fundación Savia, dirigida a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.
La Junta de Andalucía, en el periodo 2014-2020, sólo ha realizado dos convocatorias de ayudas dirigidas al sector forestal, una en 2018 y otra en 2019 que, a día de hoy, están sin resolver.
La Fundación Savia afirma en su misiva que la "burocracia e inoperancia" en las convocatorias, por el transcurso del tiempo, puede llevar a la menor aplicación de los fondos, al decaimiento de solicitudes por cambios en circunstancias y propiedades, etc. Todo ello acompañado de la falta de rentabilidad de las explotaciones, que en muchas ocasiones, hace inviable que los propietarios las mejoren, las manejen o las mantengan sin incentivos, con consecuencias como el abandono de tierras, el aumento del riesgo de incendios o la desertización, entre otras.
Según la organización, no han sido suficientes la reducción de medidas administrativas que, desde el inicio de la legislatura, el gobierno andaluz ha realizado, haciendo que nuestros gestores forestales y nuestros montes sean los sufridores últimos de todo ello.
En Andalucía, hay ciertas zonas y comarcas que cuentan con un marco regulatorio y de incentivos que permite su viabilidad, pero otras comarcas eminentemente forestales requieren de máxima atención y diligencia, según las competencias establecidas de la Junta de Andalucia. Por eso, Savia, insta al gobierno andaluz “a que resuelvan, a la mayor brevedad posible, las dos convocatorias pendientes, considerando en los criterios de evaluación que el desfase en el análisis de los expedientes es sólo achacable a la administración andaluza y que los solicitantes no deben ser penalizados por ello”.
En este contexto, el gobierno portugués ha establecido unas compensaciones económicas de hasta 150 €/ha/año a los propietarios de espacios forestales que se comprometan a cuidar adecuadamente sus terrenos, al menos durante 20 años, a través de un contrato, con el objetivo de incrementar la absorción de carbono. Portugal demuestra con esta medida que considera la lucha contra el cambio climático uno de sus objetivos prioritarios.
La Fundación Savia recuerda que el Plan Forestal Andaluz, aprobado por unanimidad en 1989, “es la evidencia de la relevancia que tiene el monte y la gestión forestal en Andalucía”, y añaden que “dada la situación de calentamiento global en el que Andalucía es una de las regiones del planeta más afectadas, resolver las convocatorias pendientes es un primer paso necesario y urgente”.
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