El Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera está liderando la oposición a la Proposición de Ley del Parlamento de Andalucía que pretende legalizar 1.460 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Dicho Ministerio ha anunciado ahora que, en caso de que Partido Popular, Ciudadanos y Vox sigan adelante con la ley, llevarán la cuestión al Tribunal Constitucional.
Según ha publicado El País, el Gobierno de España ha remitido una carta a la Comisión Europea para avisar de las acciones del Gobierno. La Comisión Europea viene advirtiendo desde que se conoció el contenido de la ley de que España se arriesga a grandes multas por incumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, la propia ministra Teresa Ribera reconoció recientemente en el Congreso de los Diputados que esta norma comprometía la recepción de fondos europeos.
El informe enviado a Bruselas también menciona una extralimitación de Andalucía en sus competencias ya que, según el Gobierno, las aguas del Guadalquivir también afectan a otras comunidades autónomas, algo que el texto constitucional determina que es competencia exclusiva del Estado.
Esta ley que han promovido PP, Cs y Vox, aunque el Gobierno de la Junta de Andalucía defiende que es un impulso de los grupos parlamentarios y ellos no están implicados, se ha encontrado con la oposición de distintos organismos. Entre ellos el Gobierno de España, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Unesco, la Comisión Europea. También se han manifestado en contra formaciones como Adelante Andalucía, Unidas Podemos por Andalucía y Más País. La posición de los socialistas andaluces es ambigua ya que, pese a que sus discursos se posicionan en contra, su voto para la tramitación fue una abstención.
Esta misma semana, una delegación de Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez a la cabeza, se ha desplazado a Burselas, junto a organizaciones ecologistas, para trasladar la cuestión a las instituciones europeas. El objetivo era buscar mecanismos en común para frenar la ampliación de regadíos.
Toni Valero, coordinador de Izquierda Unida, se ha mostrado satisfecho por la decisión del Gobierno de España de acudir al Tribunal Constitucional "para proteger Doñana, la agricultura y evitar las sanciones". Unidas Podemos ha pedido a Moreno que rectifique. Valero ha señalado que "nos parece que la presión internacional que se está dando desde innumerables instituciones tiene que hacer que el Gobierno andaluz rectifique y empiece a recoger cable ante una iniciativa que, a todas luces, tiene que caer".
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