El Gobierno de Moreno ignora a Bruselas y reafirma su intención de tramitar la ley de regadíos en Doñana

El Gobierno de Sánchez ha puesto este martes como condición para negociar con la Junta la retirada de la proposición de ley; además, Teresa Ribera ha anunciado que el Ministerio de Transición Ecológica está trabajando para clausurar 400 pozos ilegales

Juanma Moreno este martes en el Consejo de Gobierno.
Juanma Moreno este martes en el Consejo de Gobierno.

La reunión entre la Junta de Andalucía y la Comisión Europea no ha servido para que el Gobierno de Juanma Moreno cambie un ápice su postura sobre la proposición de ley en los alrededores del Parque Nacional de Doñana presentada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía. Al menos eso se desprende de las palabras que este martes ha manifestado Ramón Fernández-Pacheco, portavoz de la Junta, tras el Consejo de Gobierno.

A primera hora de la mañana, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, presente en la reunión en Bruselas durante el lunes, había deslizado que la publicación del comunicado por parte de la Comisión Europea se había producido por presiones externas.

En el comunicado tras la reunión, comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, fue tajante. La proposición podría "deteriorar" el humedal protegido de Doñana, uno de los mayores de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000, al tiempo que la aplicación "plena y oportuna" de las sentencias del TJUE se mantiene como una "prioridad".

En este sentido, Bruselas también defendió que la ley propuesta crea un marco jurídico "favorable" para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la "presión excesiva" sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea.

Nada de esto ha hecho moverse al Ejecutivo de Moreno de su posición inicial. Fernández-Pacheco se ha dedicado a presumir del diálogo mantenido con la Comisión Europea apenas cinco días después de solicitar una reunión. Un hecho que ha contrapuesto a las diferentes peticiones realizadas al Gobierno de España desde noviembre.

De hecho, la Junta de Andalucía ha insistido en que su postura es la de ofrecer soluciones a los agricultores de la Corona Norte de Doñana en lugar de "mirar hacia otro lado" porque "llevan demasiado tiempo esperando". "Fue la primera oportunidad que tuvimos de explicar sin interferencias qué es lo que mueve a Andalucá a solucionar esta cuestión", ha afirmado el portavoz del Gobierno andaluz.

En este sentido, desde la Junta insisten en que con Juanma Moreno, "Doñana está protegida". No obstante, Fernández-Pacheco ha negado que vaya a pedir al Partido Popular, grupo proponente en el Parlamento, que frene la tramitación de la norma. Además, ha indicado que el comunicado que desde la Comisión Europea se difundió sobre esta reunión tras su celebración es "perfectamente compatible" con lo que contó él mismo tras la cita, porque es cierto que el comisario le "manifestó que su principal preocupación era el estado de Doñana, algo que compartimos todos", según ha abundado Fernández-Pacheco.

Boicot de la izquierda en el Parlamento

La Junta ha querido evitar el debate de las posibles multas hacia España por incumplimientos de la legalidad europea con la nueva ley de regadíos señalando que la norma sólo ha dado el primer paso en su tramitación por lo que el texto no es definitivo.

Sobre esto, desde el Ejecutivo andaluz han pedido al resto de grupos que enriquezcan el texto presentados y que propongan las comparecencias que crean oportunas para poder proponer enmiendas que mejoren la norma durante su tramitación.

"Ahora corresponde escuchar qué alternativa tienen aquellos que tanto nos ha insultado en los últimos días; los ciudadanos esperan de sus responsables políticos altura de miras, que seamos capaces de apartar nuestras diferencias, que lleguemos a grandes consensos en beneficio del interés general", ha manifestado la cara visible de la Junta.

A ello ha añadido que "seguro" que el PP "negociará" enmiendas e "incorporará aquellas que sean positivas", porque esa "viene siendo la tónica habitual de esta legislatura", y "el diálogo nunca es malo", según ha remarcado antes de advertir, no obstante, de que "es muy difícil, por no decir imposible, hablar cuando la otra parte no quiere dialogar".

Sin embargo, desde la izquierda ya han manifestado la intención de no participar en ninguno de los trámites parlamentarios que deberá seguir la proposición de ley. Tanto Por Andalucía como el PSOE han dejado claro que "no hay nada que negociar" ante la situación actual del Parque. No obstante, sobre esta postura Fernández-Pacheco ha preguntado a los socialistas por qué se abstuvieron hace un año con un texto idéntico.

El Gobierno de España pone una condición para reunirse con la Junta

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que tan pronto como se retire la proposición de ley de regadíos que tramita el Parlamento andaluz, el Gobierno estará "encantado" de poder trabajar con la Junta de Andalucía sobre el entorno de Doñana. "Estamos esperando", ha enfatizado.

"Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades. El presidente Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación. No hizo ninguna alegación al plan hidrológico del Guadalquivir, que es donde se establecen los volúmenes de agua de superficie que podían venir desde los Tinto, Odiel, Piedras y desde el Guadiamar y el Agrio para satisfacer esa necesidad de reducir la presión de los regadíos y los consumos legales", ha sentenciado.

"La voluntad de diálogo se demuestra hablando, no amenazando", ha sido la respuesta dl titular andaluz de Medio Ambiente, que ha emplazado al Gobierno a decir "lugar, sitio y hora" para reunirse con la Junta, que "ahí estará, se lo garantizo", ha enfatizado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha pedido a la Junta de Andalucía este martes desde el Senado, "la retirada inmediata" de su plan para regularizar nuevas hectáreas de regadío en el Parque Nacional de Doñana y que ha considerado un "atropello" contra dicho espacio. "No hay excusas", ha asegurado el líder socialista.

De momento, el Ejecutivo de Sánchez ha aprovechado para hacer público que ha cerrado 701 pozos en Doñana y tramita el cierre de otros 428. Así se establece en el informe actualizado del Marco de Actuaciones para Doñana, que ha presentado este martes la propia Teresa Ribera.

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Emilio Cabrera.

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