El Gobierno de la Junta de Andalucía ha comparecido este lunes en Bruselas para explicar a la Comisión Europea que lo que, en realidad, persigue su controvertida proposición de ley para legalizar unas 1.500 hectáreas de regadío en el entorno de Doñana no atenta contra el espacio natural y esquilma aún más el sobreexplotado acuífero. Asimismo, ha negado que se vaya a amnistiar el robo masivo de agua, después de los cientos de expedientes sancionadores abiertos y los pozos que se han ido sellando en los últimos años.
Tras dicho encuentro, un portavoz del Ejecutivo comunitario ha explicado que la Comisión Europea ha advertido de que la referida proposición de ley de PP-A y Vox puede "deteriorar" el humedal, ya que "parece ir en dirección contraria" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) que obliga a protegerlo. El comisario ha recordado que la legislación de la UE exige un uso sostenible del agua y ha alertado de que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea puede tener "efectos desastrosos" para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, que es uno de los "puntos calientes" de biodiversidad de la UE.
Bruselas ha subrayado que existen pruebas fehacientes de que la agricultura intensiva y los complejos turísticos cercanos están relacionados con la reducción de las balsas en toda Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son "insostenibles" y requieren medidas "urgentes" para controlar las extracciones.
En contra del criterio de científicos, ecologistas, oposición y parte de la sociedad civil, el consejero andaluz de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno de Juanma Moreno, Ramón Fernández-Pacheco, se ha reunido este mediodía en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para tratar de justificar la proposición de ley de la Junta, mientras trata de sacudirse la primera gran polémica, sanidad pública aparte, que vive el Ejecutivo autonómico del PP andaluz. Erre que erre, Fernández-Pacheco ha insistido en que la proposición de ley "en absoluto perjudica” a Doñana.
El encuentro estaba inicialmente previsto para el 3 de mayo, pero se ha adelantado a este 24 de abril, después de que el propio comisario advirtiera la semana pasada, en una respuesta parlamentaria a eurodiputados socialistas, que utilizará "todos los medios a su alcance" para garantizar que España cumpla "efectivamente y sin demora" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado año, a raíz de las denuncias de WWF.
El consejero ha señalado que el comisario les ha trasladado su "preocupación" por el cumplimiento de la sentencia, y que la Junta de Andalucía también comparte, aunque "en el apenas 10% que le corresponde en su cumplimiento" está siendo "extremadamente diligente para compartirlo y notificarlo puntualmente" tanto al Gobierno central como a la Comisión, "independientemente de la proposición de ley" que "apenas ha iniciado su trámite parlamentario”.
El también portavoz de la Junta ha defendido que se trata de una ley que "en absoluto perjudica al acuífero de Doñana" porque habla de aguas que "vendrían siempre en superficie a través de un trasvase que el Gobierno de España prometió por ley en 2018, y cuya infraestructura ni siquiera ha comenzado" por lo que, según ha incidido, "el agua de Doñana es para el Parque Natural”.
"Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España", ha aseverado, al tiempo que ha afeado al Gobierno que no les haya recibido en los mismos términos.
Fernández-Pacheco ha explicado que el encuentro fue solicitado por parte de la Junta y que "en apenas unos días" ha tenido respuesta por parte de la Comisión, al tiempo que ha criticado las diferencias con el Gobierno de España: "La misma reunión venimos solicitando desde el mes de noviembre al secretario de Estado de Medio Ambiente y a la vicepresidenta Teresa Ribera, y hasta ahora jamás han querido sentarse con nosotros”.
"Si la mitad de las afirmaciones duras, faltonas e irrespetuosas que estamos viendo en boca de los ministros y portavoces del PSOE son ciertas, ¿por qué no convoca a la Junta de Andalucía a una reunión para que podamos hablar tal y como ha hecho el comisario Sinkevicius?", ha reprobado, antes de explicar que el responsable europeo se ha comprometido a evaluar los argumentos y propuestas que ha presentado la Junta.
Ha agradecido haber tenido la oportunidad de dar su versión y de que el comisario se haya ofrecido a estudiar sus argumentos, mientras que ha reprobado el "revuelo mediático interesado" que ha generado el texto, "porque si en otra comunidad autónoma como Cataluña se presentara una proposición de ley cuya toma de consideración es el único paso que ha dado en el Parlamento no estaríamos asistiendo al torbellino de declaraciones, descalificaciones e insultos que está profiriendo el Gobierno”.
Preguntado por la posibilidad de introducir cambios en el texto, Fernández-Pacheco ha reconocido que si no estuvieran dispuestos a hacerlo, estas reuniones "no tendrían ningún sentido", y ha destacado que el diálogo es "enriquecedor" para defender que su objetivo es "presentar el mejor texto" a fin de resolver un problema "heredado de la administración socialista”.
Asimismo, ha destacado que el texto "no amnistía a ninguno de los infractores" antes de recordar que desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta los procesos sancionatorios en Doñana "se han multiplicado por cuatro" y que, por tanto, "todo aquel que infrinja Doñana se va a encontrar siempre enfrente de manera rotunda y categórica" al Gobierno andaluz, no solo en lo que respecta a sanciones sino también en materia de restauración medioambiental.
Por último, ha aludido también a la sequía que afronta la comunidad autónoma andaluza para resaltar la importancia de las infraestructuras destinadas a hacerle frente, y ha subrayado que la Junta está siendo "hiperactiva" frente a la "falta de compromiso del Gobierno de España" y antes de volver a criticar la ausencia del trasvase.
El Gobierno llevará el proyecto de ley de legalización de regadíos en Doñana al Constitucional
Echando más leña al fuego, aunque descartado el llamado ‘155’ ecológico —se habló de intervenir desde el Estado las competencias medioambientales de la Junta— la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avisado a la Administración autonómica de que, si no retira la proposición de ley de regadíos en el entorno de Doñana registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz, acudirá al Tribunal Constitucional y le repercutirá las posibles sanciones europeas que en su caso imponga Bruselas al Reino de España por no mantener el buen estado del Parque Nacional de Doñana.
"El Gobierno exige al Gobierno y al Parlamento andaluz la retirada del proyecto de ley. Pido a Moreno Bonilla y a Núñez Feijóo que dejen de poner en riesgo el futuro de España", ha demandado Ribera en una rueda de prensa convocada este lunes en Madrid, tras concluir la reunión de autoridades andaluzas este lunes en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente.
Ribera ha insistido en que no hay discusión ni interpretación, pues el plan de regadíos incrementa el riesgo para poder cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, y por tanto solo cabe que Andalucía retire la proposición de ley que, según asegura, es "diametralmente" opuesta a la necesaria protección de Doñana prometida por España.
"No es un asunto discutible ni sujeto a interpretación. No hay duda alguna", ha hecho hincapié, al tiempo que ha recordado que existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a España "como consecuencia del Plan Hidrológico 2016-2021 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy", quien, en su opinión, no tuvo en consideración las necesidades hidrológicas del Parque Nacional que gestiona la Junta de Andalucía.