Llegar a un acuerdo había costado más de un año. Sin embargo, todo puede saltar por los aires en apenas tres meses. La relación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológia ha vuelto a tensarse tras el acercamiento que hubo para evitar la ley de regadíos en el Parque Nacional de Doñana. Un acuerdo que ahora mismo está paralizado.
El PSOE andaluz ha destapado este lunes que la Junta de Andalucía ha utilizado el 'macrodecreto' de simplificación administrativa para introducir párrafos literales de la ley de regadíos que se tramitó en el Parlamento de Andalucía y con la que se iban a legalizar ciento de hectáreas irregulares de cultivos en la Corona Norte de Doñana. Dicha ley no vio la luz por una llamada que Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, y Juanma Moreno, presidente de la Junta, protagonizaron horas antes de que se aprobara la norma definitivamente.
Como ha desvelado lavozdelsur.es poco después de la denuncia del PSOE, el texto del decreto que pretende reducir al mínimo la burocracia en la administración autonómica contiene en su artículo 244 la redacción que Partido Popular y Vox pactaron en el artículo 5 de la ley de regadíos. Dicho texto hace referencia a los terrenos forestales.
Dicho artículo señala que "aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta. Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de la normativa forestal mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas. Asimismo, se excluye el carácter forestal de aquellas superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo de este apartado, hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor. A los efectos previstos en este apartado, se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años".
A pesar de que la Junta de Andalucía ha salido rápidamente al paso asegurando que esta redacción tan sólo adapta la normativa andaluza a la nacional, las explicaciones no han convencido ni al Gobierno, ni a los socialistas andaluces, que señalan que la normativa nacional se modificó en 2015 y, por lo tanto, ha habido tiempo suficiente para adaptarla sin hacer uso de este decreto de más de 500 páginas.
El efecto dominó ha hecho acto de presencia durante toda la jornada. Tras el aviso de sus compañeros de partido, Teresa Ribera ha cancelado la reunión que este martes iba a mantener con los afectados por el acuerdo de Doñana. En total hay 14 municipios implicados en el asunto que mañana no podrán reunirse con la ministra. Además, la disputa llega 72 horas antes de que Ribera vaya a mantener un encuentro con Juanma Moreno en el Palacio de San Telmo para debatir cuestiones hídricas.
"Es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable, buscar consenso con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el Patronato y el Consejo de Participación de Doñana y encontrarnos que, frente a todas estas políticas para reducir las presiones, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal", ha afirmado Ribera, quien esta misma tarde tenía pensado llamar al presidente andaluz.
El terremoto ha provocado que el propio Gobierno andaluz se haya tenido que mover de su postura inicial. Según ha adelantado Europa Press, la Junta de Andalucía está dispuesta a hablar con el Ministerio para "buscar una fórmula para la redacción del artículo" del cuarto decreto ley de simplificación administrativa que hace referencia a la "adaptación" de la Ley Forestal andaluza a la estatal asegurando que "en ningún momento, se habla de regadíos ni de Doñana".
Lo cierto es que el decreto que presentó la Junta de Andalucía hace dos semanas fue publicado el pasado viernes y ya se encuentra en vigor. El Parlamento de Andalucía, al ser un decreto-ley, decidirá el miércoles si convalida su texto íntegro o si, por el contrario, lo rechaza. La mayoría absoluta del Partido Popular hace pensar que ocurrirá lo primero. Existen dos opciones: que la Junta de Andalucía lo retire (o sea rechazado por el Parlamento) y presente uno nuevo con otra redacción, o que sea tramitado como proyecto de ley. Esto último no impediría que siguiese en vigor durante algunos meses la redacción polémica.
Recomiendo al Sr. Consejero Fernández-Pacheco que deje de tomar el pelo a la gente y se centre un poco.
— Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) February 19, 2024
Su responsabilidad es el medio ambiente, aunque no lo parezca, proteger el suelo forestal y no abrir la puerta sin control a la ampliación de zonas agrícolas regables en… https://t.co/oYmlz1maxb
Precisamente, la oposición ha denunciado el poco tiempo que ha ofrecido la Junta para estudiar el 'macrodecreto' ya que los grupos han contado con sólo una semana. La cuestión fue denunciada por Por Andalucía y este lunes, además, el PSOE ha registrado una queja formal a la Mesa del Parlamento para rechazar su inclusión en el pleno de esta semana. Los socialistas añaden que hay numerosos informes jurídicos que indican que no está acreditada la urgente y extraordinaria necesidad para tramitarlo como decreto ley. Juan Espadas ha anunciado que si no se modifica el artículo mencionado, su partido acudirá al Tribunal Constitucional.
La polémica ha llegado también a organizaciones ecologistas que criticaron la ley de regadíos. Ecologistas en Acción ha afirmado que el Pacto de Doñana es "una farsa" porque "nunca pensaron en retirar la PDL" después de en el cuarto decreto de simplificación administrativa "se incluya una modificación de la Ley Forestal de Andalucía".
Por su parte, WWF sostiene que "este cambio supone amnistiar a los agricultores ilegales", por lo que "si se aprueba esta norma" el acuerdo alcanzado entre las administraciones andaluza y estatal "no tendría sentido".
Comentarios