Dos semanas después de la firma del acuerdo por Doñana entre Junta de Andalucía y Gobierno de España, la Mesa Social del Agua de Andalucía que forman una docena de organizaciones de diferentes ámbitos, ha emitido un comunicado en el que establece las condiciones necesarias para que dicho pacto tenga "legitimidad".
La Mesa Social del Agua señala que la situación actual del Parque Nacional viene dada por irregularidades en el uso del agua de las que son responsables ambas administraciones. El acuerdo "pretende desembocar en una menor presión sobre el acuífero que redundaría en un alivio para los ecosistemas de Doñana, reduciendo a su vez los impactos económicos y sociales sobre el territorio".
Sin embargo, estas organizaciones temen que todo transcurra sin legitimidad social. Por ello, piden que se cumplan diferentes principios como hacer del objetivo ambiental algo indisociable del social; la transparencia de los objetivos, medidas, beneficiarios y adecuación a su capacidad económica es imprescindible; la rendición de cuentas de las administraciones sobre todo el proceso; o la participación social proactiva y amplia de todos los sectores sociales comprometidos con la sostenibilidad.
La Mesa Social del Agua pide criterios sociales para el reparto de las ayudas hacia los agricultores y califica como "no razonable" que usuarios ilegales del agua o del suelo se beneficien de ayudas públicas. "En ningún caso, con la excusa de ayudas, se debe practicar una amnistía o proceder a eximir a dichas explotaciones del pago de multas administrativas o de la asunción de responsabilidades penales, en caso de que las hubiera", añaden.
Las organizaciones también piden que haya un aumento de explotaciones forestales, así como un cambio en el modelo de turismo y su estacionalidad para compatibilizaro con Doñana. "La gestión del ciclo urbano del agua en el sector turístico, corrigiendo extracciones de agua del acuífero y depurando adecuadamente sus aguas residuales, debe resolver el fuerte impacto que tiene sobre Doñana".
"Únicamente un proceso de regulación del uso del agua y reestructuración productiva, con las características enunciadas, conseguirá la legitimidad social y los objetivos ambientales que permita resolver el conflicto a cuya resolución aboga el Acuerdo sobre Doñana entre ambas administraciones del pasado 27 de noviembre", finaliza el comunicado.
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