Este lunes ha comenzado una negociación a contrarreloj entre la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y los actores implicados en todo el conflicto que afecta al Parque Nacional de Doñana. El principio de acuerdo entre las administraciones evitó que la ley de regadíos se aprobase esta semana, pero aún no está descartada.
El acuerdo implica un plan millonario para la zona. Al principio se especuló con posibles indemnizaciones a los agricultores ilegales que la nueva ley iba a regularizar. Sin embargo, la ministra Teresa Ribera ha remarcado este fin de semana que no destinará un solo euro a la compra de estas parcelas.
Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha vuelto a manifestar en el inicio de la semana con una posición que dista bastante de lo expresado por Ribera, aunque ha abogado por el encuentro. "Si conseguimos un acuerdo, va a ser muy positivo para todos, para el Parque Nacional de Doñana, los trabajadores, la Corona Norte y para la provincia de Huelva, y desde el Gobierno andaluz vamos a poner todo nuestro empeño en alcanzar un acuerdo", ha señalado el presidente.
Para Moreno, dentro del acuerdo tiene que ir una resolución del problema de las familias de la corona norte, que era el objetivo de la proposición de ley que ha quedado en suspenso en el Parlamento autonómico en aras de encontrar un acuerdo entre ambas administraciones.
"Este es para nosotros un asunto lo suficientemente importante como para que esté en la primera línea de la negociación y que, entre todos, con audacia, generosidad y trabajo, consigamos una solución", según Moreno.
Para el presidente, no tendría sentido que se alcanzara un acuerdo donde, al final, el motivo de la proposición de ley no se cumpliera, que no es otro que solventar la situación de decenas de familias que están "atrapadas en una situación muy complicada".
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