La Junta ya ha respondido a la Comisión Europea sobre la proposición de ley que regulariza hectáreas de regadíos en Doñana. Desde Bruselas se había demandado al Gobierno de Juanma Moreno explicaciones ante el daño que la norma puede suponer para el mayor humeda de Europa.
Y lo cierto es que la Junta de Andalucía ha dado explicaciones, aunque a medias. La determinación que desde el Ejecutivo se ha mostrado ante los medios andaluces ante la necesidad de dar una solución al Parque Nacional ha desaparecido a la hora de dirigirse a la Comisión Europea.
De hecho, el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, ha enviado una carta al embajador representante permanente de España para la Unión Europea en respuesta al escrito de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, en la que ni siquiera asume el contenido de la proposición de ley.
"No es una iniciativa del Gobierno andaluz, sino del propio Parlamento, reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático". Una afirmación que es una media verdad ya que no se puede obviar la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en la Cámara andaluza y la existencia de un Ejecutivo monocolor. Además, el propio Juanma Moreno ha defendido la ley.
En este sentido, añade que la proposición de Ley "continúa ahora su tramitación parlamentaria correspondiente, sometiéndose a un proceso de ponencia en el que los distintos grupos con representación en la Cámara autonómica podrán presentar enmiendas, que habrán de ser votadas y aprobadas, previa audiencia a los agentes sociales a los que afecta la propuesta, teniendo que someterse posteriormente a una votación final en el seno del Pleno del Parlamento andaluz".
"Por lo tanto, la mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección al cumplimento de la sentencia, puesto que, en estos momentos, se desconoce el resultado final del texto que será aprobado finalmente en sede parlamentaria, tras todas las enmiendas que presenten los diferentes grupos parlamentarios para enriquecer el texto de la Ley", subraya el Gobierno andaluz.
Junto a ello, la Junta explica que el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte de Doñana en 2014 es un "plan de ordenación del territorio" y su posible modificación "no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona". Añade, además que "no afecta al acuífero".
Según el Gobierno, la proposición de Ley "simplemente se establece una clasificación de terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial, y siempre que exista esa disponibilidad en el futuro", por lo que "no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos, puesto que no otorga concesión de agua a dichos terrenos, ni permite por tanto un incremento de la extracción recursos hídricos subterráneos".
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