La Junta de Andalucía, desde la consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, está impulsando medidas excepcionales para controlar la población de jabalíes y frenar su incursión en determinadas zonas urbanas. Acciones entre las que se contempla la autorización de la caza selectiva de esta especie, así como también de ciervo, gamo y muflón, entre el 30 de junio y el 27 de agosto, en las modalidades de rececho y guardado, nocturno en el caso de los jabalíes.
El discurso de la Administración, que pretende disminuir el número de ejemplares en las actuales circunstancias excepcionales y alcanzar un tamaño poblacional adecuado, ha suscitado críticas por parte de Pacma.
Solo en cotos de caza mayor y de caza menor con aprovechamiento secundario de caza mayor, para facilitar la identificación de los ejemplares, la eficacia en el disparo y seguridad de las personas se podrá utilizar con carácter excepcional, como dispositivos para iluminación de blancos, de visión nocturna o visores térmicos acoplados al arma, en armas del tipo D armas de fuego largas rayadas, durante la práctica de la modalidad del aguardo nocturno.
La consejería que dirige Ramón Fernández-Pacheco también ha puesto a disposición de aquellos ayuntamientos que requieran asesoramiento en la instalación de jaulas para la captura de jabalíes o el contacto con empresas especializadas en su captura, dado que en áreas urbanas las competencias en esta materia las ostentan las entidades locales.
Para la formación política, promover la caza no es la solución y comparte cinco claves para "entender y desmontar" lo que consideran un discurso "sin fundamento" y adaptado a los intereses de varios sectores económicos y lobbies.
1. Un baile de números
Según el partido, se desconoce con exactitud cuántos jabalíes pueblan la península ibérica a día de hoy. Los cupos son muy relativos y se basan en bolsas de caza y avistamientos. Sin embargo, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC) indica que, cada año, se cazan de media en España la importante cifra de 400.000 jabalíes, pero todos los indicadores plantean que, en dos años, el número de ejemplares existentes podría incluso duplicarse.
"Con los números en aumento, exponer la caza como un método de gestión poblacional efectivo es incoherente. Se ha llegado a demostrar que la caza contribuye al aumento de la población de jabalíes", explica Javier Luna, presidente nacional de Pacma, que sugiere que la opacidad de las cifras podría estar permitiendo que las granjas cinegéticas siguieran criando jabalíes y otros animales para repoblar los cotos incluso cuando estas especies son usualmente etiquetadas como plagas.
También critica que el gobierno andaluz ceda "reiteradamente" a las presiones del lobby cinegético para que se permita la caza durante todo el año.
2. Descoordinación estadística entre las Comunidades Autónomas
Luna también señala la falta de homogeneidad en la recopilación de datos por parte de las Comunidades Autónomas. "La falta de comparabilidad entre procedimientos ha generado un caos informativo y un descontrol absoluto en cuanto a los cupos de caza. Solo nueve provincias cuentan con registros detallados", dice el presidente, que destaca que "esta falta de transparencia no solo perjudica la toma de decisiones, sino que también socava la credibilidad de las medidas adoptadas".
3. Granjas cinegéticas criando jabalíes
El partido explica que esta práctica, totalmente legal en España, resulta paradójica, ya que permite criar en cautividad especies que posteriormente se etiquetan como plagas e incluso dan lugar a las denominadas "emergencias cinegéticas", por las que las administraciones han llegado a solicitar permiso para usar, de forma complementaria a la caza, biocidas como el fosfuro de aluminio.
Javier Luna menciona cuando en Lérida un grupo de agricultores abordó el edificio de Servicios Territoriales de Agricultura exigiendo soluciones para la supuesta plaga de conejos que arrasaba sus cultivos. Desde Pacma y la Asociación Lex Ánima pudieron demostrar que la Generalitat había autorizado la suelta en un año de más de 12.000 conejos provenientes de granjas cinegéticas además de la caza de 20.000 zorros. El uso del fosfuro fue denegado.
4. Intereses del sector ganadero
Para Pacma, la conexión entre la caza de jabalíes y la preocupación por la peste porcina africana en Europa añade "una dimensión aún más sombría a esta situación". Aunque España declara la erradicación de la enfermedad desde 1995, casos en otros países europeos y la ausencia de una vacuna en circulación despiertan inquietudes legítimas.
"Un solo brote en una granja española podría desencadenar una cascada de consecuencias devastadoras para la industria porcina, incluida la matanza de miles de cerdos y restricciones legales y comerciales", explica la portavoz de Pacma, Yolanda Morales.
5. Un territorio cada vez más limitado y empobrecido
El esparcimiento de los jabalíes también se ve afectado por el crecimiento urbano y la expansión de la agricultura y la ganadería intensiva y extensiva. "La competencia por recursos cada vez más limitados está forzando a la fauna silvestre a buscar alimento en núcleos poblacionales. Los animales cada vez tienen menos espacio para vivir y menos comida, lo que les obliga a acercarse a los puntos donde se concentran los recursos, superando el miedo a los humanos", indica Morales.
Por tanto, el partido apunta a la "mala gestión histórica" de la Junta con las poblaciones de fauna silvestre, que ha resultado en la eliminación deliberada de depredadores naturales y la cría de especies potencialmente constitutivas de plaga con fines "lucrativos y ociosos".
Según la formación política animalista, aunque existen alternativas no letales para el control de poblaciones de jabalíes que ya han sido trasladadas a los responsables públicos, la resistencia a su implementación plantea serios interrogantes sobre las prioridades y motivaciones detrás de estas decisiones.
"Es fundamental reconocer la riqueza y la fragilidad de nuestra biodiversidad y abogar por la adopción de políticas basadas en la ética, el sentido común y la sostenibilidad", apunta Javier Luna. "La responsabilidad recae en todos nosotros, como ciudadanos, para presionar por un cambio que proteja nuestros ecosistemas y garantice un futuro equitativo y sostenible para las generaciones venideras".
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