El Patio de Banderas de Sevilla, uno de los lugares con mejores vistas a la Giralda, ha sido el escenario elegido por el Gobierno de España para dar carpetazo a una de las cuestiones que han protagonizado la actualidad andaluza en el último año. Teresa Ribera ha firmado con los 14 ayuntamientos implicados el reparto de 70 millones correspondientes al Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana. En el acto ha estado presente Ramón Fernández-Pacheco en representación de la Junta de Andalucía. Con ello se pone fin a la polémica que comenzó con la proposición de ley para regularizar hectáreas de regadío que PP y Vox presentaron en el Parlamento de Andalucía.
Hasta la capital hispalense se han desplazado los alcaldes o representantes gubernamentales de Almonte, Hinojos, Aznalcázar, Bollullos, Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa, municipios implicados en el reparto del dinero. A pesar de las reticencias que hasta el día de hoy han mostrado Almonte e Hinojos, que no están de acuerdo con que la distribución de los fondos haya sido línea, ambas localidades onubenses han estampado sus firmas a escasos metros de cientos de turistas que curioseaban por el gran dispositivo de seguridad desplegado y que, en el fondo, tan sólo habían acudido a visitar el Alcázar.
Es la última gran actuación de Teresa Ribera antes de dejar el Ministerio para la Transición Ecológica y emprender su viaje a Bruselas, donde comenzará una nueva etapa al encabezar las listas del PSOE para el Parlamento Europeo. La ministra ha reseñado que ha resultado "clave" no trabajar solo en políticas medioambientales, sino en un marco de actuaciones "completo, que abordara la oportunidad de desarrollo económico y social del territorio".
Uno de los puntos claves en el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía es la puesta en marcha de ayudas para aquellos tenedores de tierras que decidan pasar del regadío a otros cultivos menos exigentes con el agua. Ribera ha anunciado que el próximo trimestre se pondrán en marcha las convocatorias de ayudas a proyectos de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestal, convocatoria de ayudas a la diversificación agraria y a proyectos de innovación y diversificación industrial.
Aunque en esta ocasión el papel de la Junta ha sido protocolario, el portavoz Ramón Fernández-Pacheco ha mostrado su respaldo al acuerdo alcanzado entre las administraciones y lo ha calificado como "la mejor solución" para la comarca. "El pacto sigue andando, nuestro compromiso con el conjunto de agricultores de la corona norte es el de cumplirlo a rajatabla, punto por punto, tanto en las competencias propias de la Junta como en las competencias que se reclaman a otras administraciones", ha asegurado.
Además, desde la Junta aseguran que el diálogo con el Ministerio sigue siendo fluido, por lo que las ayudas dependientes de la administración autonómica se van a ceñir a las bases que previamente publique el Gobierno de España. La intención del Ejecutivo que dirige Juanma Moreno es que estén publicadas antes de final de año.
Con este acto, la Junta cierra definitivamente el conflicto con el Gobierno de España. La proposición de ley para legalizar regadíos que el PP y Vox registraron en el Parlamento de Andalucía provocó una auténtica crisis institucional entre las administraciones y no fue hasta el día antes de su toma en consideración por la Cámara andaluza cuando Ribera y Moreno acercaron posturas por teléfono. En apenas unas horas lograron un acuerdo.
De la satisfacción de Sanlúcar al malestar de Almonte
A pesar de que Junta y Gobierno han conseguido convencer a todos los municipios afectados, lo cierto es que los catorce no han firmado con el mismo ímpetu. Sanlúcar de Barrameda es el único municipio gaditano presente en este acuerdo y su alcaldesa, Carmen Álvarez, ha celebrado los casi 6 millones de euros que llegarán a la localidad para la ejecución de proyectos relacionados con la eficiencia energética, la economía circular, la movilidad sostenible, zonas de bajas emisiones, la promoción del emprendimiento y la conservación y mejora del patrimonio medioambiental. "Un paso decisivo", según la regidora de IU.
Ello contrasta con la postura de Almonte, que ha sido reticente a este reparto desde el anuncio inicial. El alcalde Francisco Bella ha vuelto a lamentar que el reparto sea lineal y advierte de que puede "romper el equilibrio existente entre la población de Almonte e Hinojos con Doñana". "Este acto es una foto necesaria para un decreto que pasa por encima de la voluntad de ambos ayuntamientos y sus habitantes", ha aseverado.
Por su parte, el primer teniente alcalde de Hinojos, José Aurelio Díaz Franco, ha seguido la misma línea del regidor del Almonte, y ha resaltado que el acuerdo "da la espalda a municipios que han conservado históricamente el patrimonio natural de Doñana". Además, ha recalcado que el protocolo "no tiene base jurídica, es la foto para el inicio de campaña para las elecciones europeas de la ministra".