La suspensión de la tramitación de la ley de regadíos en el Parlamento Andaluz, que oficialmente se ha retrasado un mes más, ha supuesto una tregua -o, incluso, el fin de la guerra- entre Junta y Gobierno central. La reunión entre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y Juanma Moreno, presidente andaluz, fue productiva, definitiva y un punto de inflexión en una contienda de casi dos años. La postura de ambas partes ha ido cambiando. Y el dinero ha tenido mucho que ver.
Si hace un año, el Ejecutivo central anunciaba un plan de 356 millones de euros, un plan de choque medioambiental, para paliar consecuencias de la sequía y la protección de Doñana y su entorno, Ribera llevó un 'plan bajo el brazo': duplicar esa cifra. Otros 350 millones que suman 706 en total para la comarca de El Condado de Huelva y el parque. Ahí están las fincas que quieren usar el agua de los famosos regadíos.
El Gobierno ha seguido una estrategia que podría denominarse de 'plata o plomo': o la Junta acordaba un plan para duplicar la financiación a 700 millones, o la ley para ampliar regadíos en Huelva acababa en el Constitucional. Y no solo eso, sino que el Gobierno español no iba a hacer de escudo político ante Europa, dispuesta, teóricamente, a llevar a cabo sanciones.
La victoria, entonces, parece de Moreno. Porque la Junta ha ideado un plan que no ha contado con apoyo de la comunidad científica o conservacionistas, pero a cambio consigue paliar la crisis derivada de la falta de agua en una región que en las elecciones ha confiado en él. No desde un punto de vista puramente electoral, sino de apoyo social, Moreno retira su plan del agua y logra que Huelva y su industria de la fresa no queden en la estacada.
En los próximos días, habrá reuniones entre Gobierno central y Junta para ver a qué se destinan los 350 millones adicionales que ha comprometido Ribera. Una posibilidad es la expropiación de las fincas que iban a beneficiarse de los regadíos.
Ahora, toca que empresarios freseros, ecologistas, ayuntamientos, Junta, Gobierno, etc., se pongan de acuerdo, aunque sí es cierto que el plan tendrá mucho de social, además de protección de lo ecológico. Consiste en salvar una zona para que deje de depender del agua en las cantidades que dependía hasta ahora, siendo igualmente competitivos para exportar fresa desde los campos que se mantengan.
Y si bien 700 millones son una cifra importante, los planes para Huelva deben ir más lejos. Si el objetivo del Gobierno central es 'comprar' una especie de paz social en el campo junto a Doñana, cabe el riesgo de que se convierta en una solución cortoplacista. La supervivencia del campo onubense no son 700 millones, son muchos más. Si se acompañan de infraestructuras hídricas, aumento de la eficiencia... entonces, se habrán puesto los mimbres realmente para permitir una convivencia entre el campo y el parque.
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