A Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, le está costando encontrar apoyos para la ley que pretende legalizar en el entorno del Parque Nacional de Doñana 1.460 hectáreas de regadíos irregulares. Al rechazo de organismos públicos como el Gobierno de España, la Comisión Europea o la propia Unesco, ahora también hay que sumar a 23 grandes cadenas de supermercados europeos.
Las empresas han remitido una carta conjunta al máximo responsable del Gobierno andaluz, coordinada por la organización ecologista WWF, en la que manifiestan su preocupación por el impacto que puede tener esta modificación legal en la calidad de las fresas y los frutos rojos de la zona, "nos preocupa que los cambios propuestos puedan socavar este objetivo y poner en peligro el Parque Nacional de Doñana".
En la misiva se puede leer que "como empresas con cadenas de suministro internacionales, nuestro compromiso es garantizar que los productos que vendemos sean producidos de forma sostenible; en particular, cada una de nosotras se esfuerza por asegurar que nuestros proveedores minimicen sus impactos medioambientales y sociales", por lo que "le escribimos esta carta para expresar igualmente nuestra preocupación por las consecuencias que podrían derivarse de la modificación de este Plan Especial", continúa el documento.
Estos supermercados hacen un llamamiento al Gobierno de España, pero sobre todo al de la Junta de Andalucía, para desarrollar y cumplir el Plan Especial aprobado en 2014. Un plan que, al contrario del que se tramita actualmente, tuvo cierto consenso entre todas las partes implicadas, "pensamos que este planteamiento hace posible el mantenimiento a largo plazo de la economía de la zona. Se trata tanto de apoyar a la agricultura de la región como de mantener el Parque Nacional de Doñana".
"La sostenibilidad constituye un tema muy relevante para los consumidores y empresas. Es muy importante que todas las empresas colaboremos a lo largo de toda la cadena de suministro para evitar potenciales problemas medioambientales. En este proceso, también confiamos en que las autoridades competentes aseguren una gestión responsable del suelo y del agua, incluyendo las cuencas fluviales. Se deben adoptar pues todas las medidas apropiadas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la gestión del suelo y del agua en Doñana. De no lograrse esto, creemos que la reputación y el desarrollo a largo plazo de toda la región como zona de abastecimiento agrícola pueden quedar comprometidos", desarrolla el escrito.
De momento, Juan Manuel Moreno ha rechazado valorar el fondo de la cuestión escudándose en que se trataba de una iniciativa de los grupos parlamentarios en la que el Gobierno no tenía nada que ver. El Gobierno está formado por Partido Popular y Ciudadanos, dos de las tres formaciones que impulsaron esta nueva ley. En las próximas semanas se comenzará a debatir en el Parlamento de Andalucía con la participación de diferentes organizaciones que aún no han sido escuchadas. Desde Europa han advertido que seguir con esta ley e incumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pondría en riesgo la recepción de fondos europeos.
La carta está firmada por supermercados como Aldi, Lidl, SPAR, Tesco, Morrisons, Axfood, Volg o WorldwideFood.
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