El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Gobierno prorrogará tres meses el plan de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, ante la inminente caducidad del decreto en vigor. Así lo ha manifestado en su intervención ante el Grupo Socialista, que se ha reunido en el Congreso para conmemorar el cuarto aniversario de la llegada de Sánchez a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
Prorrogarlo implicará que el Consejo de Ministros apruebe otro decreto ley antes del 30 de junio, que después deberá ser convalidado por el Congreso. Sin embargo, contiene medidas que no están teniendo un efecto real en los bolsillos de los españoles. Concretamente, el descuento de 20 céntimos a los carburantes no está consiguiendo rebajar el impacto.
Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, desde el 1 de abril en el que se inició la bonificación de los carburantes hasta el 6 de mayo, el 66,1% ha subido los precios del diésel entre cinco y más de 15 céntimos. Incluso se han llegado a alcanzar niveles récord superando el coste de la gasolina. Lo mismo ocurre con esta última. En el caso de la gasolina 95, el 62,9% de los surtidores ha incrementado su precio entre cinco y más de quince céntimos.
De esta forma, se ha diluido la bonificación y no se nota esa rebaja que venía a suponer un ahorro a las familias. A su vez, esta subida impulsa la inflación.
Cabe recordar que ya en abril las gasolineras se aprovecharon de la rebaja del Gobierno con el encarecimiento de sus precios llegando a registrarse unas 65 denuncias en Andalucía y, en España, 230 gasolineras en 13 comunidades, según Facua.
Detalles del plan que se prorrogará
El Gobierno cuantificó en su presentación del plan en 16.000 millones de euros el impacto del decreto ley, con 6.000 millones en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en una nueva línea de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, se extiende el plazo de vencimiento de los ya aprobados y el plazo de carencia para sectores más afectados.
El decreto contiene la principal medida acordada con el sector del transporte, la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible repostado, extendida a todos los consumidores, y los 450 millones en ayudas directas. Otros sectores beneficiarios de ayudas son el agrario, el pesquero y la industria, con subvenciones directas para las gasintensivas, una rebaja de peajes en la factura energética y la ampliación de compensaciones por los costes de emisión de dióxido de carbono (CO2).
También contempla una limitación temporal de las subidas del alquiler hasta el 2% y la limitación para despedir por causas objetivas por aumento de los costes energéticas para empresas que reciban ayudas públicas o se acojan a medidas extraordinarias de protección al empleo.
Asimismo, aumentan las cuantías en un 15% del ingreso mínimo vital, se amplían los supuestos para acceder a los descuentos del bono social eléctrico, se prorrogan otros tres meses más las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y se adoptan medidas para acelerar el despliegue de instalaciones renovables y facilitar el autoconsumo, entre otras medidas.