Cuatro directivos de Iberdrola procesados por la paralización de centrales hidroeléctricas que realizó la compañía a finales de 2013 y con ello infar fraudulantemente el precio de la electricidad en dicho periodo ya saben las penas de cárcel a las que se pueden enfrentar si el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional estima la petición de Facua.
La federación de consumidores cuyo portavoz es Rubén Sánchez ha solicitado tres años de prisión para los responsables tras presentarse en el caso como acusación particular. No es la única condena que exige esta asociación ya que a la pena de cárcel se le une una petición de multa de 107 millones de euros, el quíntuple de los beneficios que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estimó que había obtenido debido a dicha actuación, 21,5 millones de euros.
Además de la sanción a la compañía, Facua solicita para el director de Gestión de Energía, A.C., el exresponsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, G.R., el jefe de Gestión de Activos, J.L.R.J., y el jefe de Gestión de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, J.P., penas de tres años de prisión y 18 meses de multa -con una cuota diaria de 400 euros- por delitos contra el mercado y los consumidores cometidos en grado de autor.
El caso comenzó en 2017 con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por un delito contra los mercados y los consumidores para lograr un "lucro ilícito". Esto llegó después de que la CNMC ya hubiese multado a la eléctrica con 25 millones de euros por haber inflado fraudulentamente el precio de la electricidad.
En un auto fechado el pasado 26 de mayo de 2022, el magistrado explicó que los hechos por los que pretende juzgar a Iberdrola se aprecian en su oferta de energía. Así, se remite a los datos aportados por la CNMC: el aumento del precio en unos 7 euros y el perjuicio a la demanda de 105 millones durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013.
Según señala Moreno, las investigaciones y diligencias practicadas durante estos cinco años han acreditado "el artificial incremento del precio de la energía eléctrica que vendía Iberdrola", lo que resulta suficiente para procesar a la eléctrica por delitos contra el mercado y los consumidores.
El auto recoge el proceso de investigación abierto en 2017, así como buena parte del expediente sancionador que le incoó Competencia. La Audiencia Nacional ordenó el registro de las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao para obtener información acerca de cómo y quién había tomado la decisión de paralizar los embalses.
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