“La situación del agua en España es, y cada vez será más, un problema de primer orden: hasta el 74 % del territorio está en riesgo de desertificarse, y siete de las diez cuencas hidrográficas con mayor sequía de Europa están en nuestro país” expone Greenpeace España en su campaña Salvemos nuestra agua. La organización denuncia que la administración “sigue permitiendo su derroche a unas cuantas empresas y terratenientes que se enriquecen con este bien tan escaso y esencial, mientras el resto nos enfrentamos a un futuro desolador”.
“¿Por qué permite el Gobierno regadíos sobredimensionados, intensivos e industriales en zonas con escasez de agua? ¿Por qué aprueba proyectos megalíticos que derrochan agua? ¿Por qué no persigue los pozos ilegales que nos roban a todos?” Greenpeace opina que el “Gobierno de España tiene el poder para detener esta locura”. En el año 2050 más de 27 millones de españoles vivirán en poblaciones con estrés hídrico.
Por eso, demandan que localicen y cierren los cientos de miles de pozos ilegales que existen por toda España, que se prohíban las nuevas concesiones, que aumenten la presión sobre el agua y se establezca “un objetivo de reducción del regadío para 2030”. Y ahí está el problema.
En España podría haber más de un millón de pozos ilegales y el 23% de las aguas subterráneas ya están contaminadas por “el creciente modelo de agricultura y ganadería industriales, que tiene también mucho que ver con la contaminación del agua debido a los excrementos del ganado, que liberan nitratos, antibióticos y otras sustancias, y el uso masivo de fertilizantes y plaguicidas sintéticos.
Para colmo, la España vaciada es la que más está sufriendo los efectos de la sequía. Se secan los manantiales y los pozos que surten a las pequeñas poblaciones que no tienen la suerte de contar con consorcios de distribución de agua y grandes pantanos. Además el déficit en los sistemas de depuración de aguas residuales ha provocado una multimillonaria sanción de la Comisión Europea a Andalucía."Sequía en Europa - julio de 2022", una evaluación de la situación de sequía en Europa basada en el Observatorio Europeo de la Sequía, llega a conclusiones alarmantes.
El estrés hídrico y térmico está reduciendo los rendimientos de los cultivos desde una perspectiva ya negativa para los cereales y otros cultivos. Francia, Rumania, España, Portugal e Italia tendrán que lidiar con este rendimiento reducido de los cultivos. Alemania, Polonia, Hungría, Eslovenia y Croacia también se ven afectados. La situación también es difícil en toda la Península Ibérica.
En España, los volúmenes de agua almacenados en embalses son actualmente un 31% inferiores a la media de diez años. En Portugal, la energía hidroeléctrica almacenada en depósitos de agua está a la mitad del promedio de los siete años anteriores. Ambos países están experimentando condiciones propicias para los incendios forestales.
Esta falta de agua también está reduciendo o suspendiendo las operaciones de producción de energía hidroeléctrica y termoeléctrica en todos los países. En resumen, las condiciones de sequía y la escasez de agua están afectando la producción de energía y reduciendo el rendimiento de los cultivos.
La legislatura del agua
Andalucía quiere ser protagonista de una revolución del agua, por lo que la política hídrica se situará al mismo nivel que la educación. Nada más iniciarse el curso político (el primer pleno de la duodécima legislatura será el próximo 29 de agosto), el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla dará un fuerte impulso con “el Gobierno de la nueva mayoría” a lo que él denomina “la legislatura del agua”. Con un aviso al Ejecutivo de Pedro Sánchez: no pueden aplazarse más las obras declaradas de Interés General del Estado que siguen pendientes.
No hay inversión o esfuerzo más importante para el desarrollo andaluz que el agua para Moreno. Por ejemplo, defenderá que parte de los fondos europeos Next Generation se dediquen a políticas hídricas debido a la importancia y urgencia que tienen para Andalucía. Se anuncia la inversión de proyectos en torno a los 1.500 millones de euros que serán aprobados sin obstáculos gracias a la cómoda mayoría absoluta de que disfruta el PP en la Cámara autonómica.
La clave del debate está en los regadíos,x porque la Junta se propone “recuperar las actuaciones directas en materia de inversión en regadíos como complemento a las ayudas a los regantes”. Esto fue lo que dijo Moreno Bonilla creando un gran interrogante al respecto sobre si se va a ampliar o no el número de hectáreas de regadío en la Comunidad Autónoma. Se persigue además poner en marcha un segundo 'Plan Andaluz de Aguas Regeneradas de Andalucía' para uso agrario, turístico e industrial, mediante nuevas infraestructuras hidráulicas que permitan alcanzar la generación de 100 hectómetros cúbicos de nuevos recursos hídricos.
Moreno Bonilla pretende alcanzar el máximo nivel de consenso social en esta materia pero eso no será fácil, sobre todo en un contexto marcado por la sequía y la oposición a aumentar los regadíos que se ejerce desde la denominada Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA), que se ha convertido en el único punto de referencia crítico con las políticas gubernamentales que se han puesto en marcha en Andalucía hasta ahora.
Desde hace cinco años la MSA viene desarrollando una experiencia de colaboración y de coordinación intersectorial en temas de política del agua, protagonizada por organizaciones sociales representativas de diferentes sectores (CCOO Andalucía, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, Facua Andalucía, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción Andalucía, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua, Red Andaluza de la NCA).
El biólogo Antonio Amarillo, coordinador del área de aguas de Ecologistas en Acción, en Andalucía, sospecha que van a aumentarse los regadíos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, según los datos a los que ha tenido acceso Ecologistas, estima que actualmente hay casi 850.000 hectáreas en riego en la Demarcación, “una superficie que ha seguido creciendo a pesar de que el equipo de planificación repite que la política es la de no incrementar el regadío, así como el estricto control del existente, como una piedra angular de la planificación que como tal debe mantenerse en el futuro”.
Para Ecologistas, el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir -que se aprobará a finales de año o principios de 2023- “debe constituir una oportunidad para iniciar las primeras medidas para la necesaria transición hídrica justa que se adapte a la menor disponibilidad de agua y mayores exigencias de conservación de los ecosistemas sometidos a un estrés que irá a más en los próximos años como consecuencia del cambio climático. Si no queremos llegar al colapso hídrico, será obligatorio reorientar la política del agua en la Demarcación hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento del recurso, sostenible en términos ambientales y sociales”.
Los embalses de Cádiz, por ejemplo, se encuentran al 33,71 por ciento de su capacidad, lo que supone la cifra más baja de los últimos 12 años. Teniendo en cuenta los porcentajes de llenado de los embalses gaditanos a fecha del 1 de julio de los últimos 12 años (serie histórica que la institución provincial usa para su análisis anual), 5 de los 10 existentes se encuentran en sus niveles más bajos, y otro más en su segundo nivel más bajo.
Canon del agua
Moreno adelantó que el próximo año 2023 suspenderá la aplicación del canon del agua, “lo que permitirá rebajar una media de 40 euros la factura del agua y un ahorro global estimado de 140 millones de euros para las familias y las empresas. Podemos hacerlo sin afectar de ningún modo a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas”, dijo el presidente andaluz.
“Durante años, este impuesto se nos cobró a los andaluces, pero no se ejecutaron las obras, lo que generó un remanente de recaudación que invertiremos en 2023. Se recaudaron 730 millones de euros y solo se ejecutaron 179 millones de euros”, dijo el presidente, en clara alusión a los incumplimientos de su antecesora en el cargo, Susana Díaz.
“La política del agua debe asumir y hacer prevalecer el Derecho Humano al Agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos” sostienen en la MSA. Andalucía ha reconocido por ley el Derecho Humano para garantizar un "mínimo vital" de suministro pero hasta ahora “no se dado ningún paso para llevarlo a la práctica.
La MSA ve con preocupación “la erosión del carácter público fundamental del agua. No solo del dominio público hidráulico, que sigue siendo invadido y apropiado, sino de la gestión del ciclo urbano e incluso de los sistemas de regadío”. A su juicio, “la experiencia demuestra que el modelo privatizador redunda en una falta de control social del recurso y en un encarecimiento de los servicios”.
En el debate de investidura el presidente reafirmó su compromiso personal y político en la lucha contra el cambio climático. “Me avalan las políticas realizadas en los últimos años. El proyecto de Ley de Economía Circular, que se quedó a las puertas de su aprobación, volverá a este Parlamento de forma prioritaria en el mes de septiembre”.