El colectivo de trabajadores de La Ibense ha solicitado prorrogar dos meses más el expediente de regulación temporal de empleo -al que están acogidos- dos meses más, es decir desde el 11 de diciembre al 10 de febrero. Los empleados mantienen la esperanza de algún grupo inversor con interés en el sector agroalimentario pueda adquirir, de la que dependen un centenar de trabajadores entre puestos de trabajo directos e indirectos. "De momento mantenemos la discreción en torno a las gestiones pero no dejamos de buscar una salida que no sea el cierre", declara Antonio Montoro, de UGT-Fica.
Según la información empresarial a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, el comité de empresa “no tiene conocimiento alguno fehaciente respecto a la posibilidad de realizar por parte de la empresa un ERE de extinción de los contratos de trabajo” y el plazo legal para el período de consultas “se alarga más allá de la fecha prevista de finalización del ERTE”.
Legalmente el comité de empresa debe tener conocimiento de dicha posible actuación y como tal debe ser convocado para la constitución de la mesa negociadora, y asistir al período de consulta donde podrá exponer cuantos asuntos o circunstancias sean de interés para la negociación”. El comité de empresa ha dirigido un escrito solicitando la prórroga de dos meses a Bac International Restructing Management y a la sociedad limitada La Ibense 1892.
Crecen los concursos de acreedores
A nivel acumulado, el año 2022 podría terminar con un crecimiento de concursos de acreedores en torno al 20%. En 2023 el número de concursos de acreedores podría seguir creciendo, pero menos, ya que la nueva Ley de reforma concursal promueve otras herramientas, como los planes de reestructuración, que ahora entrarían en juego”.
Hasta el tercer trimestre de 2022, el número de concursos de acreedores de empresas se incrementa respecto del mismo intervalo de 2021, de 3.169 a 3.618, y supera el mismo intervalo de 2019 (3.383). Asimismo, el mayor incremento en este mismo intervalo se produce en los concursos de autónomos, 2.330 en 2022 frente a los 1.446 en 2021 (lo que supone un 61% de incremento anual) y 326 en 2019, esto es, 7 veces más que en 2019.
El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha presentado hoy, en su sede, el estudio Atlas Concursal 2022, elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia de insolvencias de dicho Consejo General–, que recoge los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país (concursos de acreedores, mediaciones, refinanciaciones, segunda oportunidad, pagos del Fogasa…), analizando su evolución temporal y estableciendo comparaciones entre comunidades autónomas, así como entre diferentes países
Durante su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha aclarado que “tanto los datos concursales de 2020 como los relativos a 2021 y 2022 están condicionados por los efectos de la Covid y las medidas que se han venido aplicando”.
En este sentido, para el presidente de los economistas “la moratoria concursal que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2022 ha servido para contener el incremento concursal que se preveía. Tras el fin de la moratoria, se ha venido observando un incremento concursal del 30% tras el verano. A nivel acumulado, el año 2022 podría terminar con un crecimiento de concursos de acreedores en torno al 20%.
En 2023 el número de concursos de acreedores podría seguir creciendo, pero menos, ya que la nueva Ley de reforma concursal promueve otras herramientas, como los planes de reestructuración, que ahora entrarían en juego”. A este respecto, el presidente de los economistas ha hecho hincapié en que “ahora resulta conveniente recurrir –y tratar de extenderlo a empresas de pequeña y mediana dimensión– a mecanismos de reestructuración, que van a ser impulsados con la reforma para tratar de reflotar empresas y evitar que terminen en liquidación”.
A este respecto, el presidente de los economistas ha hecho hincapié en que “ahora resulta conveniente recurrir –y tratar de extenderlo a empresas de pequeña y mediana dimensión– a mecanismos de reestructuración, que van a ser impulsados con la reforma para tratar de reflotar empresas y evitar que terminen en liquidación”. Es el caso de La Ibense.
La importancia de la “unidad productiva”
El abogado y economista Antonio Caballero Otaolaurruchi, experto en procedimientos concursales —consultado por lavozdelsur.es— resalta el concepto y el término “unidad productiva”: "concretamente el artículo 200 del texto refundido, al referirse al inventario de la masa activa que debe elaborar el administrador concursal, nos detalla que se considera unidad productiva el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria".
La “delimitación del perímetro” de la unidad productiva es de una enorme importancia y "compete a la administración concursal, ya que dependiendo de lo que se incluya o excluya tanto en el activo como el pasivo se obtendrá una unidad productiva con uno u otro valor, y sobre todo resultará más o menos atractiva para aquellos empresarios que, deslumbrados por una oportunidad, pretendan obtener rendimiento a su inversión, y de paso, conceder una nueva vida al negocio fracasado".
Que el negocio continúe con actividad
“Indudablemente, bajo este ingenioso mecanismo de la venta de unidad productiva subyacen, por un lado, el interés evidente de los poderes públicos para evitar la destrucción del tejido productivo, pues se pretende que el negocio continúe con actividad, y por otro, el objetivo y fin esenciales de cualesquiera empresas: la obtención de rendimientos económicos por sus actividades productivas o de servicios a la par que garantizar su supervivencia en el tiempo”.
En definitiva, constituye, pues, “uno de los principios generales que inspira nuestra legislación concursal (y no solo referido a la venta de la unidad productiva en concreto) la preocupación por la continuidad de la empresa, siempre que sea razonablemente posible” señala en un artículo publicado por lavozdelsur.es el abogado y economista Antonio Caballero, titulado en mediación y reestructuración concursal.
“El mecanismo de la venta de la unidad productiva, que puede aplicarse en cualquier estado en el que se encuentre el concurso, es una solución ideada para la continuación de la empresa (o de alguna/s de sus unidades productivas) que termina ofreciéndose al mercado en unas condiciones más atractivas, pues a través de este proceso se eliminan sus principales ineficiencias (entiéndase pasivos). Y todo ello salvaguardando otro de sus objetivos principales, como es la continuidad de los puestos de trabajo, para lo que se ofrece una actuación relevante a los trabajadores, tanto en audiencia, información y protección de sus derechos como en la propia participación en el proceso de transmisión, incluso como oferente privilegiado”.
Evolución concursal (empresas y personas físicas) y distribución por comunidades
En relación con los datos recogidos en esta edición del Atlas Concursal 2022, en 2021 se produce un fuerte incremento del 52% en el número de concursos de empresas con respecto a 2020 (7.062 en 2021 y 4.630 en 2020). En el bloque específico de autónomos, micropymes y pequeñas empresas –que son la gran mayoría de nuestro tejido empresarial– ha habido un crecimiento en 2021 del 44% respecto de 2020 en el número de concursos (de 4.034 en 2020 a 5.843 en 2021).
Los concursos de acreedores en nuestro país tienen como protagonistas a las micropymes, empresas con menos de diez trabajadores, que según este criterio representan en 2021 el 40% (39,86%) de los concursos.
Pero se observa una disminución del porcentaje de los concursos de micropymes sobre el total, pues en 2020 suponían más del 50%. Los concursos de acreedores de autónomos, representan en 2021 el segundo grupo más abundante: el 33% de los concursos (32,86%), de forma que un tercio de los concursos son ya de autónomos. Es el sector de autónomos el que experimenta el mayor crecimiento concursal (para tratar de obtener la segunda oportunidad).
En cuanto a sectores, los concursos han crecido, según orden de importancia, en el sector del comercio, servicios profesionales, hostelería, construcción, energía e industria.
Para el vicepresidente del Refor, Miguel Romero, “en 2021 ha sido especialmente destacable el incremento en el número de concursos de autónomos, que casi se triplican”. Además, ha comentado que “en cuanto a la relación número de insolvencias/número de empresas, España es el segundo país de Europa con menor ratio concursal: solo 13 de cada 10.000 empresas presentan concurso de acreedores en España, muy por debajo de la media europea (en torno a 47 empresas en concurso por cada 10.000)”.
Segunda oportunidad
Alejandro Latorre, miembro del Consejo Directivo del Refor se ha referido a que “es previsible un incremento de los mecanismos de segunda oportunidad y, en consecuencia, de los concursos de personas físicas en 2022 –la gran mayoría de los concursos de personas físicas se deben a la 2ª oportunidad–, por el efecto de la Covid-19, así como por posibles consecuencias derivadas del incremento de la inflación, del precio de la energía y de los retrasos en el abastecimiento de determinadas materias primas. Está por ver cómo va a evolucionar la segunda oportunidad en 2023 tras la nueva Ley 16/2022 que presenta claroscuros.
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