Este 1 de enero de 2024 entra en vigor una directiva europea que impone a las plataformas digitales la obligación de compartir información sobre sus vendedores con las autoridades fiscales de la Unión Europea. Esta medida aplicará a aquellas plataformas cuyos vendedores hayan realizado más de 30 operaciones o ingresado más de 2.000 euros en ventas, y afecta a Wallapop o Vinted, dos aplicaciones muy usadas de segunda mano.
La directiva afectará a aquellos vendedores que hayan vendido 30 artículos o más o hayan recibido más de 2.000 euros de sus ventas, recoge Europa Press. Desde Wallapop ya han anunciado que se pondrán en contacto con los vendedores que cumplan con estos criterios para recopilar la información requerida.
España, que aprobó la transposición de esta directiva a finales de 2022, verá la implementación de estas medidas a partir de 2024. Esto permitirá inspecciones fiscales conjuntas con otros países y facilitará la fiscalización de las plataformas. La primera declaración informativa de la obligación de información recogida por los operadores de plataformas deberá presentarse a partir del 1 de enero de 2024 con respecto a la información del año anterior.
Los operadores deberán aplicar procedimientos de 'diligencia', prestando especial atención a la residencia, para verificar y gestionar la información de los vendedores en sus plataformas. Estas obligaciones excluyen a las administraciones y empresas cotizadas.
Las plataformas deberán identificar a los operadores y vendedores, sus actividades, los pagos realizados y las cuentas de cobro. También se requerirá información sobre tributos, comisiones, tarifas y otras cantidades retenidas o cobradas. Estas obligaciones se aplicarán a diversas transacciones, como el arrendamiento de bienes, servicios personales y la venta de bienes.
Operadores que demuestren haber comunicado la información a través de otros operadores y plataformas domiciliadas en países con acuerdos de intercambio de datos con la Unión Europea estarán exentos. Además, se abre la posibilidad de inspecciones conjuntas, permitiendo controles simultáneos en una misma empresa en varios países europeos y la actuación de agentes de diferentes países en inspecciones realizadas en España y viceversa. En estas situaciones, se espera que los agentes respeten las leyes y competencias de sus países de origen.
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