El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha instado hoy a la Comisión Europea (CE) a suspender la aplicación del reglamento de ejecución sobre las áreas marinas protegidas, que prohíbe la pesca en 87 zonas en aguas profundas en la plataforma continental, y que proceda a revisarlo de forma inmediata sobre la base de los nuevos datos científicos que ya están disponibles.
Ha afirmado que, en caso de que la Comisión no acceda a la petición formulada por España y apoyada en la sesión pública por varios Estados miembros como Francia, Irlanda, Portugal, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, “tomaremos las medidas que consideremos oportunas”, sin descartar la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que existe base para presentarlo.
En el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE), que se celebra hoy en Bruselas, Planas ha recalcado que “Europa está en guerra” y que el sector agroalimentario, incluido el sector pesquero, “es uno de los pilares de nuestra resistencia”. Por ello, el ministro no entiende la decisión de la Comisión de impulsar con tanta celeridad este reglamento, que afecta seriamente a los intereses del sector pesquero comunitario.
Ha asegurado que España está a favor de la protección de aquellos ecosistemas marinos vulnerables que, sobre la base de estudios científicos, deban ser protegidas. Sin embargo, ha mostrado su desacuerdo con el reglamento comunitario porque, tanto en la forma como en el fondo, contiene “graves errores que hacen que sea claramente nocivo para los intereses pesqueros de la flota española”.
En cuanto a la forma, el ministro entiende que la consulta efectuada con el sector y los países afectados ha sido insuficiente, ya que solo se ha mantenido una reunión en la que no se adoptó, por falta de mayoría, el dictamen del Consejo Consultivo.
Y en cuanto al fondo, España considera que el reglamento no recoge la mejor información científica disponible. Así, en relación con las zonas de pesca, la medida de la Comisión tiene mucho mayor alcance que lo que indica el informe del Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES). Y sobre los artes que se prohíben, como el palangre de fondo o las redes de enmalle, el ministro ha apuntado que en ningún modo han sido objeto de consideración en el informe del ICES.
También ha criticado que no se haya hecho un estudio suficientemente profundo y determinante sobre las consecuencias económicas y sociales de esta medida para el sector pesquero. España está a favor del principio de precaución desde el punto de vista medioambiental, pero “también tendremos que contar con un principio de precaución respecto de la actividad pesquera”, ha añadido.
Por otro lado, Planas ha apelado a la CE a una defensa firme de los intereses pesqueros comunitarios para que se consigan unas posibilidades de pesca amplias y suficientes que garanticen la rentabilidad de la flota en las negociaciones que deben mantenerse con el Reino Unido sobre las aguas compartidas antes de finalizar el año. Las aguas compartidas con el Reino Unido son de especial interés para España, que captura en ellas merluza norte, gallos, rapes y cigala. Igualmente es muy sensible para España las decisiones que se tomen para bacalao en esta área por el efecto de estrangulamiento que puede ocasionar a la flota española.
Igualmente, el ministro ha abogado por que la flota comunitaria no pierda posibilidades de pesca en el reparto con Noruega, en cuyas aguas España reivindica mantener íntegra su cuota actual de bacalao y gallineta. “Creemos necesario que la Comisión Europea mantenga una postura firme y lograr así un buen resultado”, ha recalcado.
Recurso de anulación
El sector pesquero español (CEPESCA) presentará un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante el cierre inminente, el próximo 9 de octubre, de 87 zonas a la pesca de fondo de Francia, España, Portugal e Irlanda. Cepesca, organización empresarial nacional más representativa de la Unión Europea, agrupa a 39 asociaciones de armadores de buques de pesca tanto de bajura como de altura, con más de 800 empresas pesqueras, 859 buques, más de 10.000 tripulantes y un tonelaje de arqueo de más de 217.000 GT.
El sector, tras una reunión mantenida con el resto de las flotas comunitarias afectadas y como integrante de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), ya está analizando las demandas a interponer ante el órgano judicial comunitario, tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión, por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.
El sector confía en "mantener el respaldo mostrado hasta ahora por los gobiernos central y autonómicos en su denuncia de la tramitación irregular de este acto de ejecución, fundamentalmente ante la brevedad de los plazos para su entrada en vigor y para la presentación del recurso, que se podrá plantear a lo largo de los próximos 60 días desde su publicación e imprescindible para solicitar una medida cautelar de suspensión".
Asimismo, el sector buscará el amparo del Parlamento y del Defensor del Pueblo europeos e intensificará su labor institucional para trabajar en la otra vía existente de enmendar la decisión de la CE en la revisión anual de la medida, tras la actualización del informe científico por parte del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en noviembre. En este caso, la entrada en vigor de cualquier modificación, alerta, se demoraría a los primeros meses de 2023.
Paralelamente, el sector mantiene su opción de convocar paros y concentraciones ante organismos, tanto nacionales como europeos, en coordinación con otras organizaciones europeas, a través de la EBFA, la Alianza Europea de Pesca de Fondo coalición de la industria pesquera que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 embarcaciones, que van desde la pesca de fondo a pequeña escala hasta la pesca de fondo a gran escala en todas las aguas de la UE, costeras y distantes, así como en las aguas de terceros países
Impacto negativo
Cabe recordar que el reglamento de ejecución prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en las 87 zonas de pesca antes mencionadas, lo que impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, en más de 10.000 pescadores. En concreto, la zona clausurada abarca 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la CE aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.
El sector denuncia que el reglamento no ha contado con las consultas correspondientes obligatorias ni con un análisis de impacto socioeconómico y se basa, además, en informes con lagunas científicas, como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas.
"El propio CIEM ha reconocido este extremo y, además, como ya evidenció EBFA, ha utilizado en su informe la unidad de base de una CUADRA C de unos 15-25 km2 por celda, que no es representativa de la huella real de un buque pesquero".
Asímismo, el sector sostiene que no ha utilizado la “mejor información científica y técnica disponible”, puesto que España había aportado datos con una resolución muy superior a la utilizada por el CIEM que no ha sido tenida en cuenta en la evaluación, propiciando que se muestre un impacto muy superior. Por otro lado, en el anexo del reglamento, las coordenadas de las zonas de pesca en aguas profundas existentes incluyen fondos menores a los 400 y 800 metros, generando la perplejidad e inseguridad a los pescadores españoles y europeos.
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