El Ayuntamiento de Puerto Real muestra su satisfacción tras el reciente anuncio realizado por la empresa británica Hive Energy, en el que ha hecho público su interés por desarrollar una planta de producción de hidrógeno y amoniaco verde dentro de las 126 hectáreas edificables del polígono de Las Aletas en Puerto Real.
Según ha explicado dicha firma, ya presentó el mes pasado su propuesta a la Junta de Andalucía con la entrega de la Memoria Técnica, y pasadas las fiestas se hará entrega del Documento de Inicio a los Ministerios correspondientes. Previamente, el pasado mes de julio, envió una manifestación de interés al Consorcio de Aletas, expresando su voluntad de ubicar en los terrenos de Logica la instalación de la planta.
El proyecto está orientado al abastecimiento a buques para exportación de estas materias primas al norte de Europa a través del Puerto de Cádiz, pero la presencia del hidrógeno verde en el territorio permitirá el desarrollo de distintas aplicaciones y oportunidades para los sectores naval, off shore y aeroespacial.
El Consistorio de Puerto Real, a través del Proyecto +Ciudad, ha ofrecido asesoramiento a Hive Energy, como también se está haciendo con otras empresas que han puesto su mirada en el municipio puertorrealeño para sacar adelante proyectos relacionadas con las energías verdes.
Desbloqueo en el Parlamento andaluz
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha autorizado este miércoles la tramitación del decreto que autorizará, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, el pago de casi 11 millones de euros a la sociedad Dehesa Norte en compensación por la expropiación de unos terrenos en Puerto Real (Cádiz) para la creación en ellos de un área logística en la Bahía de Cádiz, el antiguo proyecto Las Aletas.
El texto ha logrado los votos a favor de PP, Cs y Vox, para sumar 57 síes, y ha cosechado 49 abstenciones del resto del arco parlamentario.
El trámite parlamentario ha sido previo en este caso a la aprobación de un decreto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, según ha informado el Gobierno andaluz por medio de una nota.
El volumen de esta última indemnización obligaba a que el decreto, antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno, pasase por el Parlamento.
La tramitación de este decreto concluirá con su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y permitirá dar un paso crucial para el desarrollo de una nueva zona logística en la Bahía de Cádiz al contar ya con los suelos necesarios.
A partir de ahora el Consejo de Ministros debe aprobar la disolución de la antigua sociedad Las Aletas como paso previo a la creación de la nueva sociedad mercantil, Lógica Plataforma Logística, Tecnológica y Medio Ambiental de la Bahía de Cádiz.
Cuando todo este proceso concluya, como ha subrayado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, se pondrá a disposición de las empresas "120 hectáreas de un terreno ubicado en un lugar privilegiado que vendrá a reforzar las posibilidades de crecimiento de la economía gaditana ya que va a facilitar la expansión de actividades productivas, diversificará el tejido industrial, atraerá nuevas actividades y empresas y creará un empleo de calidad en la zona".
Durante la defensa del decreto, la consejera de Fomento ha subrayado que este decreto es un paso crucial para el desbloqueo de un proyecto "estratégico para la economía de Cádiz y con ella de Andalucía" y es el broche a unas largas negociaciones con los propietarios del suelo que, en términos económicos, se ha saldado en condiciones muy ventajosas para la Junta.
Carazo ha recordado que el proyecto Las Aletas empezó a fraguarse hace casi dos décadas pero que, en este tiempo, ha pasado por muchas vicisitudes, tanto jurídicas como medioambientales, que lo pusieron en peligro.
La consejera ha destacado que este acuerdo es un ejemplo más de la capacidad de acuerdo y diálogo del nuevo Gobierno andaluz, algo que en el caso de la Consejería de Fomento se ha plasmado "en los muchos acuerdos alcanzados con empresas a las que le cancelaron de la noche a la mañana tantas obras".
"Ya llevamos abonados más de 297 millones de euros en concepto de indemnizaciones por reclamaciones judiciales o cancelaciones de contratos", ha recordado la consejera.
El nuevo proyecto, que pasará a denominarse Lógica, va a generar una inversión de 70 millones de euros, pero tendrá un efecto multiplicador de 188 millones, lo que se estima puede generar en torno a 3.000 empleos, ya que permitirá concentrar en esta zona de Puerto Real toda la actividad logística de la Bahía de Cádiz.
El proyecto Las Aletas inicia su andadura en 2004 con la declaración de la zona Aletas-Río San Pedro como un área de interés autonómico para el desarrollo de actividades, en la que se iba a crear una gran área logística de 527 hectáreas.
En 2005 el Gobierno andaluz aprobó el Plan Especial de Delimitación del Área de Reserva de Terrenos, en 2007 el Consejo de Ministros estableció una reserva de 286 hectáreas sobre el dominio público terrestre dentro de las 527 hectáreas reservadas para el nuevo parque tecnológico de Las Aletas y en 2008 la Junta aprobó el plan especial de Interés Supramunicipal del Área de Actividades Logísticas, Empresariales Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz.
Para permitir el desarrollo del proyecto la Junta necesitaba hacerse con los derechos sobre el suelo que iba a ocupar, por lo que inició un procedimiento expropiatorio.
Sin embargo, la anulación del Plan Especial de Delimitación de Reserva de 2005 determinó la nulidad de esas expropiaciones, lo que dio inicio a un segundo proceso expropiatorio que fue recurrido en los tribunales.
En 2017, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la declaración de reserva sobre el dominio público marítimo terrestre, lo que dio inicio a un proceso para reconducir y reconfigurar el proyecto.
En 2018 se anunció que el proyecto Las Aletas pasaba a denominarse Lógica, Plataforma Logística, Tecnológica y Medio Ambiental de la Bahía de Cádiz, reduciendo la extensión de las 527 hectáreas iniciales a 120 hectáreas fuera de la protección del dominio público terrestres.
Sin embargo, la batalla judicial por las expropiaciones seguía siendo una traba para su desarrollo.
Ante esta situación el nuevo Gobierno andaluz decidió llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno que permitiera el desarrollo de este proyecto.
"Nos hemos empleado a fondo para conseguirlo, sorteando reticencias de los afectados por la expropiación y poniendo en valor que ese acuerdo, frente a la incertidumbre que genera todo proceso judicial, beneficiaba a ambas partes pero también supone todo un revulsivo para la economía, para la creación de empleo, en Cádiz y que ello repercutirá positivamente en toda la sociedad", ha destacado la consejera.
Marifrán Carazo ha subrayado que el acuerdo alcanzado con los propietarios es altamente beneficioso para todos los andaluces ya que los dueños del suelo reclamaban cantidades que superaban cada una de ellas los 100 millones de euros pero que, con los intereses y otros conceptos, podrían alcanzar los 280 millones, mientras que la indemnización fijada por ambas partes apenas supera ahora los 20 millones de euros.
A la familia Derqui le corresponden 7,3 millones (7.351.851 euros) un pago que no requiere la tramitación parlamentaria y a Dehesa Norte le correspondían 13,3 millones de los que hay que descontar casi 2,5 millones de euros ya abonados, con lo que la cantidad a abonar ahora será de 10,8 millones (10.860.583 euros) que se incluyen en este decreto.
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