El Gobierno autonómico ha declarado de interés estratégico para Andalucía dos proyectos de energía solar fotovoltaica impulsados por las empresas Repsol Renovables e Ignis Energía en las provincias de Cádiz y Sevilla, que suponen una inversión global de 261 millones y la generación de 1.210 empleos durante la construcción y desarrollo de diez plantas. La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha informado al Consejo de Gobierno de la autorización otorgada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos a ambas iniciativas.
El proyecto Sigma, de Repsol Renovables, que supondrá una inversión estimada de 107,2 millones de euros, contempla la implantación de cinco plantas solares fotovoltaicas con una potencia total de 204 megavatios (MW) en la zona de Torrecera, en Jerez.
Esta infraestructura, que se instalará sobre una superficie de 362 hectáreas, se completará con la correspondiente infraestructura de evacuación, que atravesará, además de Jerez, los municipios gaditanos de Arcos de la Frontera y San José del Valle. El proyecto también incluye la construcción de una nueva subestación elevadora y la ampliación de otra ya existente.
El desarrollo de esta actuación conllevará la creación de 774 empleos durante la fase de construcción, que tendrá una duración de doce meses, y en la etapa de operación y mantenimiento, cuantificada en 40 años.
Por su parte, la actuación Kairós-Ignis, promovida por Ignis Energía, se ubicará en el municipio sevillano de Guillena y prevé la instalación de otras cinco plantas solares fotovoltaicas con un potencial total de 210,30 MW y un presupuesto estimado de 154 millones. Además de las plantas, que se proyectarán sobre una superficie de 360 hectáreas, la iniciativa recoge también la construcción de una línea de evacuación de nueve kilómetros y de una única subestación elevadora. El desarrollo de esta inversión empresarial conllevará la creación de 462 puestos de trabajo durante las fases de construcción (18 meses) y de operación (40 años).
En la aprobación de dichas actuaciones, el Ejecutivo autonómico ha considerado relevante su "contribución futura a la cohesión territorial y al desarrollo socioeconómico de los municipios en los que se ubica, mejorando así sus tasas de desempleo y el nivel de empleabilidad de su población". También se ha valorado el "carácter sostenible e innovador de las propuestas, que se encuadran en los objetivos de desarrollo sostenible marcados por las directrices europeas, estatales y de la comunidad".
Además, los proyectos permitirán reducir la dependencia de Andalucía del exterior y de los combustibles fósiles, favoreciendo la diversificación y eficiencia energéticas, así como la transición hacia una economía verde, en la que adquieren un mayor peso las fuentes renovables.
Una tecnología en auge
La energía fotovoltaica es una fuente renovable y limpia que utiliza la radiación solar para producir electricidad. En la actualidad, esta tecnología de generación es ya la más eficiente por MW instalado y es una de las que más ha evolucionado en los últimos años desde el punto de vista tecnológico y de costes, con una bajada importante de precios de las placas. Además, su implantación demanda grandes superficies de suelo, entre 1,6 y 2,3 hectáreas por MW instalado, por lo que ofrece vías alternativas de financiación a los propietarios de esos terrenos.
Todos estos factores, unidos a la necesidad creciente de electrificación de la economía debido a la domótica, el vehículo eléctrico y la robotización, generan buenas perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo para este sector renovable. De hecho, la energía fotovoltaica concita un fuerte interés inversor en el conjunto nacional, convirtiéndose así en la fuente más competitiva de las renovables. Andalucía es uno de los principales destinos de este tipo de proyectos empresariales, ya que cuenta con un elevado número de horas de sol, más de 3.000 al año en algunas zonas, por lo cuenta con un destacado potencial para su aprovechamiento.
La declaración de interés estratégico implica el impulso preferente en la tramitación administrativa de los permisos y autorización necesarios para la implantación de proyectos empresariales relevantes, con el objetivo de que la inversión no pierda su oportunidad de desarrollarse en Andalucía y no se deslocalice a otros entornos.
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