La reducción de los ratios en las aulas públicas de Andalucía será debatida en el Parlamento en los próximos meses. Así lo han anunciado las diferentes entidades pertenecientes a la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para la Bajada de Ratios Escolares.
El pasado 11 de agosto se produjo la entrega de un total de 52.846 firmas al Parlamento para tratar de llevar este tema a debate. De todas ellas, al menos 40.000 debían cumplir los requisitos impuestos para ser aprobadas y poder superar el trámite, algo que hoy celebran haber logrado.
Este martes por la mañana han recibido la noticia de la aprobación de la ILP que será llevada a Pleno en el Parlamento para debatir la modificación de la Ley de Educación de Andalucía en un plazo máximo de seis meses.
Ahora es el momento de que los diferentes grupos parlamentarios se muestren a favor o en contra de esta propuesta, presentando sus argumentos a favor o en contra acerca de la reducción de los ratios escolares en todos los niveles educativos así como en educación especial.
La educación pública en Andalucía se encuentra en una situación dantesca
Casi la totalidad de la comunidad se ha opuesto a las medidas que el gobierno popular de Juanma Moreno lleva aprobando desde que iniciara su legislatura en 2018 y que han ido debilitando sistemáticamente el sistema educativo público andaluz.
El sindicato de profesores Ustea denunciaba recientemente la destrucción de casi 1.500 unidades educativas en poco más de cuatro años y la precarización de la situación del alumnado, que cada vez se ha ido viendo desterrado a clases abarrotadas en las que resultaba imposible impartir clases en condiciones.
El propio Partido Popular había tratado de poner solución a esta problemática realizando nuevas contrataciones temporales con la idea de desdoblar aulas en los centros más masificados, pero desde los colectivos educativos valoraron esta medida como un intento desesperado de maquillar una situación realmente complicada.
Ahora se abre una nueva vía que puede ayudar a que la educación pública en Andalucía recupere parte de las garantías que tenía anteriormente, tanto en materia de ratios y aulas disponibles como de trabajos dignos para los profesores a los que en los últimos años se les ha estado contratando con carácter temporal para luchar contra las inclemencias de la pandemia.