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El mes de septiembre traía una desagradable sorpresa para centenares de profesores de la educación concertada en Andalucía: un recorte brutal en sus nómincas. De cobrar 1.500, 2.000 euros, a ver en la cuenta 200 euros. En casos extremos, hasta cero. Detrás, un problema estructural y que se repite cada inicio del curso.
El problema está en las atribuciones docentes. Los profesores y maestro de la concertada pueden dar una asignatura u otra según las titulaciones con las que cuenten. En la pública, los funcionarios quedan reconocidos en tanto aprueban su plaza. En la concertada, históricamente, ha habido más condicionantes. Uno de ellos, el reconocimiento posterior que certifique las competencias, aunque no sea a través de titulación directamente, sino de unos reconocimientos tasados y concretados en la normativa. A eso se suma que las asignaturas pueden ir cambiando cada curso, y cada una de ellas tener unos requisitos diferentes sobre qué docentes pueden impartirlas. Es un trabajo de la Consejería de Educación, a través de Inspección y de las delegaciones territoriales, actualizar las titulaciones de los docentes para permitirles dar una asignatura u otra.
Un caso fácil de entender: un profesor de historia que estudia y aprueba el nivel de inglés necesario para impartir en modalidad bilingüe. Una vez que se alega, se abre el proceso para que la administración le reconozca la capacidad para, efectivamente, ser profesor de historia en inglés.
Este septiembre, el problema es que, un año más, se ha acumulado este procedimiento y no se ha podido reconocer a todo el mundo. Al producirse esta incidencia, a los docentes directamente no se les ha pagado por su trabajo durante este mes si aún está el proceso abierto.
La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha llevado previamente "un proceso de negociación con la patronal de los centros concertados de Andalucía para establecer las reglas de atribuciones docentes para aplicar en este curso, que los centros conocen desde julio". En los días previos a la elaboración de las nóminas, "se ha producido un 2% de incidencias respecto al cómputo total de los horarios (407.000 en toda Andalucía) vinculadas a que la Consejería recibió por parte de los centros los horarios a última hora. La cifra de incidencia es la común a todos los inicios de curso", señala la Junta. El pago, entonces, queda atrasado hasta la siguiente nómina, la de octubre, cuando se compense lo que no se ha percibido en septiembre a pesar de tener el derecho a hacerlo. "Como ocurre tanto en la red pública como en la concertada, las nóminas se regularizan al mes siguiente cuando hay algún tipo de incidencia", indican fuentes de la Consejería.
Es algo que se ha dado en todas las etapas educativas que están concertadas, de primaria a FP, pasando por Secundaria. En la práctica, hay centenares de docentes que han cobrado solo una parte de su sueldo de septiembre. El recorte, dependiendo del caso, es enorme. Nóminas que pasan a 200 euros.
Si un profesor está pendiente de la atribución porque ha actualizado su nivel de inglés y en su centro empieza a impartir la asignatura en modalidad bilingüe, por esas horas directamente en septiembre no ha cobrado nada. En las nóminas más bajas, ocurre que solo se le paguen las horas de guardia, de recreo, o de alguna asignatura optativa menor. En cuanto al número de afectados, la Consejería indica que afecta al 2% de las horas lectivas de Andalucía. Los sindicatos dicen que son el 3% de los profesores y maestros de la concertada. La horquilla está en medio millar de afectados, calculando por arriba, y 350, haciéndolo por lo bajo. Hay incidencias en todas las provincias y los sindicatos están tratando de ayudar para que se comunique el problema, caso por caso, a las respectivas delegaciones territoriales.
El sindicato mayoritario en la concertada es FSIE, y su secretario general es Rafael Martínez. Explica que llegan casos de cada provincia y de cada etapa educativa. "El año pasado tuvimos incluso más problemas, posiblemente el doble que en la actualidad. La administración está tratando de regularizar a los docentes, y dar solución a problemas que se producen desde hace tiempo". Especialmente, se ha notado en pedagogía terapéutica y aulas específicas, en la educación especial. "Más o menos, la cifra está en el 3% de los docentes". María de la Paz Agujetas, secretaria general de FeUSO, la federación de enseñanza del sindicato USO, indica también que les están llegando muchos casos, "y estamos tratando de comprobar que es el 3%, como nos dicen". Un problema que, coincide, también viene arrastrado, pero que es "un número considerable".
¿Y si las atribuciones no son aceptadas?
Los criterios para que un profesional pueda ser profesor de la enseñanza concertada son los mismos que en la pública. Pero hay varias cuestiones. La primera es que, históricamente, desde décadas atrás, las cosas han ido cambiando. En los 80 ó 90, España no era un país en el que aún habían florecido las universidades como harían posteriormente, o su huella aún no había llegado a todos los estratos de la sociedad.
Un supuesto teórico es el de, por ejemplo, un docente de educación física que venía de ser profesional del deporte, entrenador, o similar, frente a la escasez de titulados superiores en enseñanzas deportivas. Al igual que con los certificados profesionales en otros empleos no docentes, las administraciones fueron buscando mecanismos para que se les reconocieran equivalentes que les permitieran trabajar. Otro caso es el de, por ejemplo, periodistas que durante unos años no han podido ser profesores de lengua, y sí en cambio de materias en formación profesional, relacionadas a menudo con el mundo del diseño.
Con los años, han seguido las negociaciones y hace unos meses la Consejería avanzó una propuesta con criterios para las atribuciones docentes: si se venía impartiendo desde antes de 2015 una materia dentro del mismo área de conocimiento, se aceptaba. También, si se habían acumulado previamente dos cursos completos o en su defecto 12 meses en periodos continuos. Un criterio abierto pensado para que, quien fuera profesor, siga siéndolo. Tanto los casos teóricos mostrados del docente de educación física o del periodista que empezó dando clases de lengua, luego legalmente se retiró el derecho a serlo, pero que se le reconocía el derecho por el trabajo ya realizado en cursos anteriores. El enfoque es el de mantener cierta estabilidad.
Pero, ¿qué ocurre si un centro concertado hace que dé clase una persona con titulación y a quien se le deniega la atribución? Pues es el momento traumático, y lo más probable, el despido. La administración, así, no se hace cargo de la nómina del empleado, y no se le permite ser el profesor de esa materia.
Mientras no se cobre el mes de septiembre, algunos incluso pueden tener las dudas de si finalmente la administración ha aceptado o no las atribuciones docentes que le permiten ser profesor o maestro en la concertada.