Dos colectivos de la comunidad educativa han decidido dar un paso más contra la gestión de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. La consejera tendrá que defenderse en los tribunales después de que la Marea Verde y Ustea hayan anunciado acciones legales contra ella en las últimas horas, aunque por motivos diferentes.
Marea Verde ha sido la primera organización en anunciar que irá a los tribunales. Lo hará por un tema que ha provocado mucha polémica durante la semana: la gestión de la Formación Profesional, en especial en la modalidad a distancia. La Junta ha centralizado muchos de estos módulos suprimiendo líneas de varios institutos. La Consejería de Desarrollo Educativo y FP traslada a lavozdelsur.es que no hay ningún tipo de recorte y que se mantendrán tanto las plazas como los puestos de profesorado, algo que niegan estudiantes y docentes afectados.
Por su parte, la Marea Verde acusa a Del Pozo de beneficiar a las empresas privadas del sector con la reducción de plazas públicas sin haber informado a la Mesa Sectorial. Por ello, la organización va a acudir a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar a la consejera por prevaricación ", con la reestructuración de la Formación Profesional que se ha planteado sorpresivamente en las últimas horas, antes los indicios de haber recibido cobros por parte de empresas privadas del sector como MEDAC, Cesur, KKR, etc..."
Marea Verde asegura que "se sigue cerrando el círculo de la privatización de la FP, que comenzó en el primer gobierno de Moreno Bonilla con la apertura de un centro de FP privado en Sanlúcar, Victoria institute of technology, o la Universidad privada CEU Andalucía que apostó por una Formación Profesional elitista" y añade que la apuesta por la "privatización" de la FP fue "clara" y queda reflejada en Medac, por los vínculos de esta empresa con Javier Imbroda, consejero de Educación antes de fallecer.
No será la única denuncia a la que tendrá que enfrentarse Del Pozo. Este miércoles ha sido Ustea, sindicato presente en la Mesa Sectorial, quien ha anunciado acciones legales contra la responsable de la Educación andaluza. En este caso será por las ratios en las clases de la provincia de Sevilla. El sindicato considera que se supera el máximo legal establecido y ha presentado una demanda en el juzgado de lo contencioso-administrativo después de no recibir informaciín sobre los criterios de organización de las clases. Ustea considera que no se cumple la ley orgánica 3/2020 de 26 de diciembre que habla de "un ajuste de ratios como elementos a favorecer para el bienestar del alumnado".
El sindicato docente considera que la Junta juega como un "doble rasero" ya que calcula que se han cerrado 2.000 aulas en la pública por la baja natalidad, pero que estas medidas no afecta a los concertados. "en este curso han superado la ratio ilegal son los CEIP San Pablo, CEIP Pio XIII, IES Llanes, IES Vicente Aleixandre de la capital y muchos otros de la provincia, como en Dos Hermanas con el CEIP Poetas Andaluces o el IES Jesús del Gran Poder o a Alcalá de Guadaira con el CEIP Concepción Vázquez o Reina Fabiola", asegura Ustea. La Junta ha tenido conocimiento esta misma mañana de las intenciones del sindicato y fuentes de la Consejería aseguran que se ajustan las ratios "a la normativa vigente". En este sentido desde Desarrollo Educativo niegan que existan ratios ilegales "como han determinado los tribunales hasta ahora en otras denuncias".