No es algo nuevo que el Gobierno de Juanma Moreno se haya sacado repentinamente de la manga. De hecho se trata de una decisión que ya se empezó a fraguar durante la anterior legislatura, cuando el PP gobernaba junto a Ciudadanos. Entonces, José Carlos Gómez Villamandos estaba al otro lado. Era rector de la Universidad de Córdoba y rechazaba los términos en los que se movía el Ejecutivo andaluz. Este martes, sin embargo, ha sido el encargado de anunciar que dos nuevas universidades privadas tienen el visto bueno de la Junta de Andalucía para implantarse definitivamente en la comunidad. A pesar de estos hechos, Villamandos querido dejar claro que la Junta "no va a financiar estas universidades privadas, sino que va a seguir financiando, como es su obligación, el sistema público universitario andaluz, que irá viendo cómo se incrementa su financiación a lo largo de estos años".
En concreto son la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed). Esta última, vinculada al grupo Medac, fue especialmente polémica hace unos meses, cuando comenzaron los trámites, por la relación del entonces consejero de Educación — el tristemente fallecido Javier Imbroda — con la empresa especializada en FP. No obstante, y a pesar de que hace un año estos anuncios encontraron el rechazo frontal de las universidades públicas, la Junta de Andalucía ha completado los procedimientos necesarios para que estos dos centros privados sean una realidad.
Será el Parlamento de Andalucía el que tenga la última palabra sobre ambas universidades, algo que se ha encargado de remarcar el propio Gómez Villamandos. Estos centros serán aprobados por el poder legislativo tras ser presentado por la Junta de Andalucía como proyecto de ley. Si bien es cierto que técnicamente hay diferencia, la realidad es que se trata de una mayoría absoluta del PP aprobando una iniciativa del PP.
Una de las cuestiones que ha querido destacar el consejero de Universidades es que se trata de la primera vez que en Andalucía se crean dos universidades privadas a través de leyes propias para cada una de ellas. Con esto, la Junta ha arremetido contra el PSOE y la forma que tuvo de dar luz verda a la Universidad Ignacio de Loyola, única privada en la comunidad hasta el momento. Su creación, según Villamandos fue con "una modificación de la Ley andaluza de Universidades de una forma un poco extraña".
El foco de los centros públicos estaba puesto en la falta de garantías que existían para que estas dos universidades privadas tuvieran la calidad necesiaria y cumpliera los requisitos necesarios en infraestructuras, personal e investigación. El anuncio del que fuera rector de la Universidad de Córdoba se ha centrado en estas cuestiones para tranquilizar a todas las universidades públicas que componen el mapa andaluz.
"Cuentan con todas las garantías, ya que, desde que sus promotores los presentaron hace tres años, han ido evolucionando y mejorando, asumiendo las distintas consideraciones y evaluaciones que se les han ido realizando, de forma que los informes preceptivos necesarios que se requieren han llegado sin ningún tipo de objeción y con un carácter positivo a la creación de estas universidades", ha manifestado el responsable de este área en la Junta de Andalucía. Los informes a los que ha hecho referencia son del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Andalucía. Sin embargo, no ha habido mención al parecer de las instituciones públicas.
El consejero ha incidido en destacar que se incluyen los requisitos de acceso del alumnado, estipulándose que, aunque las dos instituciones son libres de fijar el régimen de ingreso, se deberá atribuir una valoración preferente a los resultados académicos entre los distintos méritos que aleguen los aspirantes. También se exige un sistema propio de becas y ayudas al estudio, en el que se tendrá en cuenta como criterios de concesión el expediente académico y las circunstancias socioeconómicas del alumnado y para cuya financiación se destinará el 1% de la estimación de ingresos brutos, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades.
Según ha detallado Villamandos, se ubicará en el municipio de Bormujos (Sevilla) y contará con dos centros, la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior. Su oferta inicial de títulos se compone de siete grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas o Business Analytics y Big Data, entre otros.
Por su parte, el proyecto docente y de investigación de Utamed, impulsado por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L a partir de mayo de 2019, tendrá carácter 'on line' y se articulará a través de cinco centros: las facultades de Empresa Digital, Tecnología y Derecho; y de Humanidades y Ciencias Sociales; una Escuela de Doctorado, un centro de I+D+I y otro de emprendimiento y transferencia.
Asimismo, la enseñanza proyectada por esta institución se compone de 14 titulaciones; en concreto, seis grados, siete másteres y un título de doctorado. Las disciplinas que se podrán cursar están relacionadas con las nuevas tecnologías, Marketing Digital, Derecho, Educación, Emprendimiento e Innovación, entre otras. Con carácter general, esta oferta académica está dirigida a un alumnado "con dificultades para conciliar la vida profesional y la formación universitaria".
Otras tres universidades han sido rechazadas
Igual que la Junta ha dado luz verde a dos, también ha dado luz roja a otras tres. Una rechazándola directamente y otras dos convenciendo a los promotores para que desistan en el intento. La Escuela Autónoma de Dirección de Empresas (EADE) no podrá implantar en la comunidad la Universidad de la Costa del Sol después de que el Ejecutivo de Moreno haya votado en contra de su tramitación como proyecto de ley. Según dicha orden, la documentación aportada por la entidad promotora no permite acreditar el cumplimiento de algunos de los requisitos mínimos exigibles por la Ley Andaluza de Universidades.
Atendiendo a esos criterios, se concluye que la propuesta no dispone de un proyecto de investigación adecuado y no queda acreditada la disponibilidad de las instalaciones, medios y recursos establecidos para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento. Igualmente, no se aportan las garantías necesarias para avalar el funcionamiento de dicha institución académica. En el expediente de este proyecto constan, además, los informes desfavorables de la DEVA y del CAU, según ha informado la Junta.
De igual modo, el consejero ha explicado que han concluido los expedientes de reconocimiento de la Universidad Internacional del Mediterráneo (Unimed) y de la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (Unilas). Las entidades promotoras han desistido de continuar adelante, una vez recibidos los informes negativos del Consejo General de Política Universitaria y las observaciones del Gobierno andaluz en las que transmitía la necesidad de mejorar los proyectos.
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