El sindicato Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) reclama “responsabilidad a todas las administraciones” para no dejar tirados a los empleados públicos en fraude de ley por abuso de temporalidad. La secretaria de acción sindical de ISA, Rocío Luna, sobre el acuerdo de Gobierno y sindicatos para resolver la temporalidad de los funcionarios interinos, ha alertado de que “no estamos de acuerdo, porque no resuelve el hoy sino que aborda sólo el mañana de los interinos”. Además ha advertido que las medidas “encorsetan a las comunidades autónomas, atándolas de pies y manos para adoptar soluciones ante sus problemáticas concretas”.
Luna ha cuestionado también que se plantee un nuevo proceso de estabilización antes de 31 de diciembre de 2024 por concurso oposición “en los mismos términos que el anterior, que ha sido un fracaso”. La dirigente sindical ha reclamado una solución para los interinos en fraude de ley y ha preguntado “¿qué va a hacer la Administración con personas de 45, 50 o más de 60 años que llevan un mínimo de 15 y hasta 30 como interinos? ¿echarlos a la calle? Este acuerdo se ha olvidado de esas personas”.
En cambio, ha puesto en valor que se incluya “una cláusula social que facilita la recolocación laboral del personal interino que no supere el proceso, a través de bolsas específicas o existentes” a la vez que se compensará económicamente al personal que no obtenga plaza en el proceso, incluido el personal laboral”.
Luna ha celebrado que “se dé cumplimiento a las sentencias de la Unión Europea” y ha destacado del acuerdo que “se fija el periodo máximo de contratación de trabajadores interinos a un máximo de 3 años, sentando con ello las bases para impedir el abuso de temporalidad en el futuro”. Implica además, prosiguió, poder “resolver un problema, dando seguridad jurídica” cumpliendo el marco normativo y la jurisprudencia existente, europea (TJUE) y nacional (TS).
La dirigente sindical, que ha hecho hincapié en que “las soluciones se produzcan en el seno de las relaciones laborales en las Administraciones Públicas”, ha resaltado como novedoso que “por primera vez se tipifica el nombramiento y contratación temporal irregular, y se prevé por tanto una compensación económica para el empleado público objeto de la irregularidad”, dando cumplimiento a la Directiva 1999/70/CE del consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.
Sin embargo, ha advertido que las indemnizaciones no pueden usarse para 'lavar conciencias y librarse' de los interinos actuales en fraude de ley, a los que hay que dar solución porque en su mayoría llevan más de 15 años en el seno de las administraciones. Rocío Luna también se ha mostrado satisfecha con el “compromiso del Gobierno de negociar a partir de septiembre retribuciones, jubilación parcial, ofertas de empleo o digitalización”.
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