La consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha informado este lunes de que se mantienen los contactos con los rectores tras la batalla pública mantenida en las últimas semanas entre los responsables de las universidades públicas y el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos. Los pasados días fueron de rifirrafes continuos, de declaraciones que se iban torciendo, incluso con tintes personales.
Un problema que es el de financiación, relacionado con el incremento de costes del día a día en las universidades, especialmente los salariales. Las universidades aseguraron que iban a acabar el año en déficit si no recibían una transferencia urgente, la Junta lo negó, luego les abrió una línea de crédito, les hizo una transferencia menor de la que reclamaban y los rectores, por últimas, amenazaron con ir a los tribunales.
La Junta insiste en que "nunca las universidades públicas han tenido tantos recursos como tienen ahora", por lo que niega tajantemente un problema de financiación. Desde que el PP llegó al Gobierno andaluz, según España, la cifra ha pasado de los 1.300 a los 1.600 millones de euros. Además, "hemos abonado los 800 millones de euros que debían los anteriores gobiernos socialistas a las universidades públicas".
Pero el discurso está cambiando y la Junta mantiene ya un tono más conciliador. "Una vez dicho esto, nosotros escuchamos a la sociedad, escuchamos a los rectores y me consta que está habiendo diálogo". Conversaciones con los rectores que se han ido encallando en las pasadas semanas pero que la Junta dice que se han retomado. "Esa es la vía andaluza: diálogo, acuerdo, moderación". "Existe diálogo entre la Consejería de Universidades y los distintos rectores. Vamos a dejar que trabajen. En silencio se trabaja mejor y se llega a acuerdos mejor", tras las polémicas desde noviembre.
Este mismo lunes, la consejera acude a Málaga para terminar de firmar los acuerdos con la UMA, con un problema financiero, un agujero de casi 50 millones de euros, y que no guarda relación con la situación que demandan los rectores en las últimas semanas. El problema malagueño es estructural y previo a esta demanda generalizada de la decena de universidades públicas andaluzas. La solución ha sido un préstamo al 1% con tres años de carencia, un sistema que, de hecho, ha ampliado al resto de universidades que quieran adscribirse.