Seguramente haya sido una de las negociaciones más duras a las que se haya tenido que enfrentar el Gobierno andaluz. Sin embargo, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ya ha llegado a un acuerdo con el Consejo Andaluz de Universidades, en el que están las diferentes universidades públicas representadas, para el nuevo modelo de financiación del sistema. El conflicto llegó hasta tal punto que Juan Gómez, rector de la Universidad de Jaén, se vio obligado a dimitir de su puesto como representante de los rectores andaluces para poder defender los intereses de la UJA.
De esta forma, el modelo de financiación que ha planteado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha contado con el respaldo unánime de todos los rectores de las universidades públicas andaluzas y también con el de los consejos sociales, del consejo de estudiantes, de los representantes elegidos por el Parlamento de Andalucía y por el presidente del Consejo Escolar de Andalucía.
El informe favorable del CAU incorpora también una serie de observaciones planteadas por los rectores entre las que se encuentran la aplicación para este mismo año de la cláusula de salvaguarda y de la partida de nivelación contempladas en el modelo.
El consejero José Carlos Gómez Villamandos, anterior rector de la Universidad de Córdoba. ha agradecido "el esfuerzo realizado" por parte de todos los agentes interesados, ha apelado a la confianza mutua entre la Administración y las universidades a la hora de impulsar y aplicar este modelo y ha destacado que el modelo "pretende ser una senda de mejora en las universidades".
Villamandos ha explicado que el nuevo esquema de asignación presupuestaria permitirá a las instituciones académicas contar con los recursos necesarios para cubrir todos los costes salariales, de funcionamiento y de mantenimiento. En este sentido, el consejero ha señalado que esta aprobación representa un "hito significativo" en el avance del sistema universitario andaluz y "sienta las bases para asegurar un servicio educativo público de calidad y sostenible en los próximos cinco años".
El nuevo modelo de financiación, propuesto por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, contempla diversas dimensiones que buscan impulsar el desarrollo integral de las universidades y fomentar la excelencia en la educación, investigación e innovación en toda la región.
Los ejes principales del modelo de financiación para el período 2023-2027 son satisfacer las necesidades del sistema público universitario andaluz, armonizar el sistema, fomentar el aumento de la competitividad y la eficacia de las universidades públicas que lo integran y lograr el cumplimiento de los objetivos específicos marcados a través de contratos programas.
Descontento en los sindicatos
No obstante, el modelo aprobado no tiene el visto bueno de los sindicatos. Según ellos incumple lo acordado en el Pacto Social que Juanma Moreno firmó con CCOO y UGT hace unos meses. Desde CCOO señalan que el acuerdo "no establece ningún compromiso económico efectivo que garantice la suficiencia financiera de las universidades y la aplicación efectiva de los acuerdos de 2018, pendientes de cumplimiento".
CCOO de Andalucía ha explicado que “el modelo de financiación universitaria presentado por la Consejería de Universidad responde a un compromiso político, pero no cuenta con el respaldo económico necesario para dar certidumbre al sistema universitario, al no establecer ningún compromiso económico efectivo”. “Se ha puesto la letra, pero le falta la música al no disponer de ninguna referencia para cuantificar su aportación económica anual”, apunta la Federación de Enseñanza de CCOO.
En ese sentido, el sindicato ha manifestado que "a pesar de los múltiples conceptos teóricos sobrepuestos en los 19 folios de los que consta el modelo, más allá de la literatura, no se recoge ningún compromiso económico real y concreto para resolver la complicada situación presupuestaria de las universidades, ni tampoco su planificación económica futura para el periodo 2023-2027".
El sindicato ha advertido que "si finalmente se aplica en los términos planteados, indicaría que el Gobierno andaluz persevera en su política de deterioro y desgaste del sistema universitario público marcando claramente que es la Consejería de Hacienda, a la que hace referencia el mismo documento, la que solaparía las competencias económicas en materia de universidades sobre la propia Consejería de Universidad a la hora de la aplicación efectiva del modelo de financiación universitaria en Andalucía".