Hay colegios e institutos que llevan esperando años, y la intervención no llegará a todos. Sin embargo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha programado para este verano de 2023 un total de 40 actuaciones que implican retirada de amianto en centros escolares públicos de Andalucía, con un presupuesto total previsto de 3,7 millones de euros.
Desde la puesta en marcha de la planificación para la eliminación progresiva del amianto en las infraestructuras educativas públicas, la Junta ha finalizado 333 actuaciones que han beneficiado a un total de 325 centros diferentes y han supuesto una inversión de 22,9 millones de euros.
Se trata principalmente de actuaciones de retirada y sustitución de cubiertas, lo que contribuye además a mejorar la envolvente de los edificios, pero también se retiran otros elementos constructivos con fibrocemento como depósitos, bajantes, canalones, etcétera. Este tipo de actuaciones deben ejecutarse, mayoritariamente, durante periodos no lectivos, por lo que suelen desarrollarse de forma prioritaria en los meses de verano, si bien algunas de ellas prolongarán su ejecución durante el primer trimestre del curso escolar.
Las actuaciones programadas tendrán lugar en centros de las provincias de Almería (cinco obras), Cádiz (nueve), Córdoba (una), Granada (cuatro), Jaén (cuatro), Málaga (14) y Sevilla (tres). Los centros beneficiados son tanto de infantil y primaria (27 actuaciones) como de secundaria (10 obras). También se actuará en un centro de profesorado, una escuela de arte y una escuela oficial de idiomas.
De las 333 actuaciones de retirada de amianto ya culminadas, 231 se han llevado a cabo en centros de educación infantil y primaria y 93, en institutos de enseñanza secundaria. Las restantes han beneficiado a centros de educación permanente, residencias escolares, escuelas oficiales de idiomas, conservatorios, etcétera.
Por provincias, se han finalizado 58 obras de retirada de amianto en Almería, 28 en Cádiz, 33 en Córdoba, 31 en Granada, 15 en Huelva, 33 en Jaén, 76 en Málaga y 59 en Sevilla. En total, se ha actuado en centros ubicados en 164 términos municipales diferentes de toda Andalucía.
Estas intervenciones se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Colegios con amianto en Algeciras, La Línea o Tarifa
Tras acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta en 2016, el BOJA recogía la planificación de la retirada progresiva del amianto de las infraestructuras públicas educativas. El plazo para llevar adelante esta tarea concluía el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, seis años y medio después, este material cancerígeno sigue sin retirarse de muchos centros educativos.
La provincia de Cádiz no puede decir que esté libre de amianto en sus colegios, ya que hay porches con pilares con este material en La Línea, Tarifa, Los Barrios y Algeciras. El IES Virgen de la Esperanza (La Línea) tiene además amianto en el techo del colegio (que está clausurado), las casetas de mantenimiento y cinco garajes que se utilizan como almacén. Llevan años esperando la retirada del amianto. Igual ocurre en el salón de usos múltiples del colegio de San Martín del Tesorillo. La misma historia se repite en el Tomasa Pinilla de Guadalcacín, en Las Granjas de Jerez y en el IES Zaframagón de Olvera.
Ustea denunció públicamente el pasado mes de enero el incumplimiento, por parte de la Junta de Andalucía, de la normativa sobre retirada de amianto en los centros educativos, además de incumplir en el número de técnicos en prevención de riesgos laborales que debe tener: "La Junta de Andalucía tiene, igual que todas las empresas, un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se establece que tendrá un técnico de prevención en riesgos laborales por cada 1.000 trabajadores. Actualmente, –como destaca el referido sindicato–, en la provincia trabajamos más de 16.000 docentes y la Consejería de Educación solo cuenta con 3 técnicos. La falta de personal hace que no pueda atender la Junta todas sus obligaciones en esta materia. Ya denunciamos este tema a la Inspección de Trabajo, que requirió a la Junta que cubriera las plazas de técnicos, sin que a día de hoy se halla hecho, incumpliendo lo establecido en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y los requerimientos de la Inspección de Trabajo".
Para velar por la salud de los docentes, recuerdan, se creó un Comité de Salud Laboral, tal y como requería la referida ley. Un órgano que debe reunirse al menos una vez al trimestre, pero "nuestra delegación, para corroborar una vez más que la salud laboral le importa poco, no convoca el comité desde febrero del año pasado. Difícilmente se pueden tomar decisiones y medidas en este ámbito si no se reúnen sus componentes".
"En la legislatura pasada, nuestros gobernantes podían decir que eran problemas heredados, pero han tenido cuatro años para solucionarlos y ahora vemos que no es una herencia, es una forma de entender la salud laboral como algo secundario. Esperábamos que esto cambiara con la actual delegada de Educación en Cádiz, que proviene de la Consejería de Salud, pero seguimos esperando que para alguno de nuestros gobernantes sea la salud lo primero", concluían desde el sindicato.