El colectivo de monitoras escolares de Andalucía, monitoras en lucha, envía una carta al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en la que relatan el "alto grado de injusticia social, laboral y política" que vienen sufriendo desde hace unos años. "Esperamos su disposición a corregir una injusticia impropia de este ente geográfico, histórico y social que es Andalucía", reseñan, instando al segundo máximo dirigente del Gobierno andaluz a reunirse con el colectivo para "entender la situación que vive".
"En un proyecto de apoyo a la gestión de los respectivos equipos directivos de los centros a los que fuimos asignados, iniciamos nuestra relación con la Consejería de Educación en el año 2006", cuentan. "Desde entonces, siendo usted conocedor directo de nuestra realidad, nuestro colectivo ha sufrido un alto grado de injusticia social, laboral y política", insisten en la misiva. 15 años después de sus inicios, "seguimos en situación de injusticia y precariedad social, laboral y política", señalan.
"Social porque no hay desarrollo posible en una sociedad que quiere ser avanzada, que quiere alcanzar un elevado estado del bienestar para sus ciudadanos, con sueldos que, relacionados con jornadas laborales semanales de 8, 12, 16, 20 o 24 horas, no son indicativo digno del desarrollo de los individuos o las familias", apuntan las monitoras escolares. "Laboral porque resulta humillante el agravio comparativo en contra si comparamos la situación con otros empleados públicos en el mismo puesto de trabajo pero con su situación laboral normalizada". Y remachan: "Política porque dependemos de decisiones políticas de personas electas que juegan con la realidad de cientos de individuos y familias, manteniendo la situación de injusticia a la que estamos sometidos los componentes de este colectivo, mujeres en su inmensa mayoría".
"La mayor de las injusticias contra este colectivo la quiso llevar a cabo un Gobierno socialista, al que usted hizo oposición, con un despido masivo e improcedente", destacan las monitoras escolares, dirigiéndose al vicepresidente Juan Marín. "Los tribunales de Justicia corrigieron la anomalía social y laboral que se había cometido contra nosotros. La sociedad, la calle y su representación parlamentaria se posicionaron a favor de corregir definitivamente esta situación. Nuestra lucha como monitores escolares de la Junta de Andalucía se generó para no dejar atrás a nadie, para servir de ejemplo y para hacer visible el nuestro y otros problemas laborales del personal que da cuerpo humano a esta comunidad nuestra".
"Estando en la oposición, formó parte también de aquella lucha nuestra, participando en la aprobación de la PNL que solicitaba y defendía nuestra regularización de trabajadores y trabajadoras de pleno derecho de la Junta de Andalucía, un gesto por el que este colectivo siempre le estará agradecido", le recuerdan las monitoras a Juan Marín. "Pero nuestra situación sólo ha cambiado en detalles pequeños que no han corregido la injusticia social, laboral y política que venimos sufriendo", añaden.
"Socialmente seguimos siendo débiles debido a que nuestra situación laboral no ha cambiado como es deseable. Seguimos siendo esa cara precaria de los trabajadores de la Junta de Andalucía". El colectivo le indica al vicepresidente andaluz que "un representante político no se mantiene en la memoria social por las placas que coloca en los edificios, sino por la gestión que hace, esencialmente, del tejido social sobre el que ejerce su labor, de tal manera que este se vea beneficiado por decisiones que permitan alcanzar el ansiado estado del bienestar que se pretende defender y justificar".
Las monitoras escolares de Andalucía, así, se sienten como "una mancha negra en la estructura humana que hace grande al organigrama laboral de la Junta de Andalucía". Por ello, apelan a la condición de Marín de "político dialogante que escucha y huye de la mediocridad en favor, siempre, del avance social de los ciudadanos andaluces". "Corrija esta injusticia, saque a este colectivo del tablero de juego de la vergüenza y haga que la memoria política que guardemos de sus decisiones sea una memoria activa", le piden.
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