El Parlamento de Andalucía ha sido testigo este martes de un trámite crucial para la creación de dos universidades privadas en la comunidad después de que la Junta de Andalucía haya dado el visto bueno. Durante la mañana y parte de la tarde van a comparecer agentes sociales que, de una forma u otra, se ven afectados por una ley que cambia el panorama de la educación superior en Andalucía.
Entre los llamados a declarar ante los diputados había dos rectores de universidades públicas andaluzas. Desde el principio, los responsables de estas instituciones se han mostrado en contra de la creación de las universidades privadas CEU Fernando III El Sabio y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), principalmente esta última, por no cumplir unos requisitos mínimos de calidad. El propio Consejo Económico y Social que dirige Juan Marín lanzó un informe que ponía en duda las aptitudes. El actual consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, también las rechazó hace algo más de un año, cuando era rector de la Universidad de Córdoba.
La Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) ha vuelto a mostrar su rechazo calificando la creación de estos centros como "un error". Así lo ha indicado el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y presidente de la AUPA, Francisco Oliva, durante su intervención. Los rectores de las universidades públicas han exigido "el cumplimiento estricto y riguroso de todos los requisitos que se exigen para poder constituir una universidad privada", porque, de lo contrario, "se podría infligir un daño importante al propio sistema universitario andaluz, público y privado en perjuicio de la ciudadanía".
"Nosotros siempre hemos sido muy claros" respecto al reconocimiento de ambas universidades con una postura "muy nítida y muy coherente". "No en vano continúa nos opusimos ya desde un principio, concretamente en el Consejo Andaluz de Universidades, celebrado el 13 de diciembre del 2021, en el cual nos pronunciamos en contra", un posicionamiento que "nunca fue caprichoso ni fruto de una concepción apriorística contraria a las universidades privadas, en absoluto".
"La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía no se opone ni se opondrá nunca a priori al reconocimiento de ninguna universidad privada, porque es una figura completamente legal. Pero exigimos el cumplimiento estricto y riguroso de todos los requisitos que se exigen para poder constituir una universidad privada en nuestro país. Lo contrario, evidentemente, implicaría una dejación de funciones flagrante por parte de esta asociación de rectores, además de que podríamos infligir un daño importante al propio sistema universitario andaluz, público y privado en perjuicio de la ciudadanía", ha afirmado Oliva.
Desde AUPA han dado razones muy claras. En primer lugar piden aplicar a estas dos universidades "según el propio dictamen del Consejo de Estado, el Real Decreto 640/2021 sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades, lo que explica, concretamente, que tienen que cumplir los requisitos de oferta académica: diez títulos oficiales de grado, seis títulos de máster y dos programas oficiales de doctorado. Ninguna los cumple", ha afirmado Oliva.
Ha añadido al respecto "hay que cumplir actividad investigadora y de transferencia, concretamente un 5% del presupuesto dedicado a programas de investigación; previsiones de profesorado, 50% de doctores y doctoras para impartir docencia; cuestiones económicas de recursos, de requerimientos, obligaciones, etcétera, que no los cumplen a día de hoy".
Por último, el presidente de la AUPA ha apuntado que lo que habría que hacer es "decirle a estas universidades que adapten las memorias a lo que establece este decreto y acabamos con cualquier tipo de problema". "Lo que estamos diciendo es simplemente que les exijan que cumplan estos requisitos", porque "tienen oportunidad simplemente de adaptarse al nuevo decreto que está en vigor desde hace dos años. No creo que sea pedir demasiado, es simplemente que terminen de adaptarse a la nueva realidad normativa".