Como sucediera hace unas semanas con Salud, los sindicatos que están representados en la Mesa Sectorial de Educación han dado 'plantón' a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que dirige Patricia del Pozo. De facto esto significa que las fuerzas sindicales rompen relaciones con la Junta de Andalucía, al menos de momento.
Podría ser una cuestión anecdótica si lo sucedido no hubiera coincidido con un anuncio 'a bombo y platillo' de Patricia del Pozo sobre la ampliación de la plantilla docente en la educación pública para el próximo curso con 1.275 nuevos efectivos. Los sindicatos aseguran que esto no es cierto y que simplemente se trata de un reajuste estructural. De hecho aseguran que la Junta realiza este tipo de movimientos todos los veranos antes de que inicie el nuevo curso. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha hecho público este martes tras el Consejo de Gobierno un nuevo plan enfocado a las Zonas de Transformación Social, es decir, lugares vulnerables.
La Consejería de Patricia del Pozo ha denominado así a áreas que son especialmente vulnerables y, aunque muchos de ellos pueden tener distinta naturaleza, comparten factores comunes como un fracaso de más del 10%. Estas zonas van desde barrios especialmente vulnerables en grandes ciudades hasta zonas rurales de difícil cobertura.
"Necesitan apoyos, recursos y un cambio de estrategia pedagógica para salir adelante", ha señalado Del Pozo en el anuncio de este nuevo programa, que según la Junta de Andalucía es "pionero" en España y va a permitir actuar directamente en estos centros para ofrecer una formación diferente.
Sin embargo, esta comparecencia para los sindicatos "confirma" que la Mesa Sectorial sólo buscaba aparentar diálogo porque la decisión ya estaba tomada. "La medida anunciada por la Consejera es un supuesto incremento de plantilla que, una vez analizados los datos, resulta no ser tal", asegura Ustea, uno de los sindicatos más representativos.
"Las plantillas de Infantil, Primaria y Secundaria crecerán, según la Consejera, en 1.015 plazas, aunque en realidad, se trata del ajuste estructural que se produce cada año y que en el curso anterior alcanzó cifras similares y muy alejadas de los 7.000 refuerzos del año 2021, financiados con fondos europeos".
La explicación que ofrecen las organizaciones sindicales es que la mayoría de plazas no son nuevas y, las que lo son, se deben a la obligación de la administración andaluza de cumplir con la normativa estatal y suponen un porcentaje ridículo de las que verdaderamente serían necesarias.
"Estos anuncios, en pleno mes de julio, no pueden interpretarse de otra forma que como respuestas tardías de la Consejería a las movilizaciones por el aumento de las plantillas docentes que se han desarrollado durante el curso y a la huelga del 14 de mayo", defiende Ustea.
El plan de la Junta
Aunque esto significa que el Gobierno andaluz habla de un mayor número de maestros en Primaria con 561 nuevos docentes y en Secundaria con 454, el papel más relevante de esta nueva estrategia está reservado para los orientadores. Recientemente, los sindicatos y la oposición denunciaban el fin del Programa de Unidades de Acompañamiento, algo que supondría un recorte de 300 orientadores en el sistema educativo público. La Junta este martes ha anunciado que 260 orientadores serán parte de este plan en las zonas de transformación social, lo que supone una reducción de 40 orientadores en el sistema educativo ya que los sindicatos apuntan a que el Programa de Unidades de Acompañamiento sigue sin tener garantizada su continuidad al haberse acabado la financiación europea.
Tras las numerosas críticas, la Consejería de Desarrollo Educativo ha anunciado que aquellos colegios de infantil y primaria que estén incluidos en estas zonas tendrán por primera vez un orientador estable que se dedicará exclusivamente a ese centro ya que hasta el momento los orientadores para esta etapa educativa se compartían entre varios colegios según la zona en la que estuvieran. Estos docentes estarán trabajando en lugares donde la tasa de alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo sea superior al 20% o la tasa de idoneidad (es decir, que el alumno vaya en el curso que le corresponde) esté por debajo del 70% en sexto de Primaria.
Además, un total de 60 institutos de Secundaria de estas zonas de transformación social contarán con un segundo orientador, centros que cuenten con más de 300 alumnos y una tasa de titulación por debajo del 90% para realizar, sobre todo, tareas de orientación profesional al mundo laboral con carácter prioritario.