El sindicato Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) ha emitido un comunicado en el que la organización muestra su decepción por los procesos de estabilización de interinos anunciados por la administración. De hecho, Ustea afirma que ha supuesto un "enorme engaño" y denuncia que "no se va a estabilizar al personal interino, sino sus plazas". "Su puesta en práctica han resultado un cúmulo de errores y despropósitos incalificable, por parte tanto de todas las administraciones educativas", afirman sobre el proceso después de señalar que en un principio había cierto optimsimo..
Este sindicato añade que la normativa que regula los llamados procesos de estabilización (la Ley 20/2021 y el RD 270/2022) "se basa en la idea perversa de no estabilizar al personal que durante años ha trabajado en la administración educativa andaluza, realizando el mismo trabajo que el personal funcionario, sino en estabilizar las plazas que las compañeras y compañeros han estado ocupando, debido al abuso de la temporalidad de la administración educativa".
En este sentido denuncian que se trata de una ley que nace viciada de origen, pues, aunque se consiguiera reducir la temporalidad, lo haría a costa de los derechos del personal interino. Una cuestión que ya ha sido denunciada por trabajadores afectados en otros ámbitos de la administración.
"Debemos partir de que en Andalucía trabajan en torno a 38.000 docentes interinos, como recoge el censo para las elecciones sindicales de este mismo curso. Este dato contrasta con la oferta de plazas de estabilización del gobierno andaluz que es de 6.113 para los dos procesos que se han convocado (concurso de méritos y concurso oposición extraordinario)", expresa Ustea haciendo referencia a los datos que manejan.
Los cálculos de la organización reflejan que al finalizar este proceso de "pseudoestabilización", continuarán trabajando en Andalucía más de 30.000 interinos, una cifra que supone el 30% de la plantilla.
"Para el cálculo de las plazas de estabilización, no existió la transparencia necesaria y se aplicó una interpretación enormemente restrictiva de los criterios de identificación y asignación de plazas por parte de la Consejería de Educación. Es por esto que Ustea reclamó una auditoría externa sobre estos criterios, así como sobre el número de plazas resultantes de su aplicación; la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía se mostró inflexible ante nuestras demandas", continúa el comunicado de denuncia.
Además, Ustea critica el diseño del baremo para el proceso por parte, en este caso, del Ministerio de Educación al considerar que "contiene criterios que consideramos ilógicos", como poner límite temporal en el reconocimiento de la antigüedad docente, valorar sólo las oposiciones aprobadas desde 2012, no dar mayor peso al tiempo trabajado en el territorio donde se produce la estabilización o no tener en cuenta la titulación de idiomas.