Seis años llevan numerosos colegios de la provincia de Cádiz amenazados por la presencia de amianto en sus instalaciones. Y, a pesar de las numerosas denuncias, la inacción es total desde la Delegación de Educación.
Desde el sindicato Ustea Cádiz han denunciado la presencia de amianto en el CEIP Tomasa Pinilla de Guadalcacín, un centro que lleva dos años esperando la retirada de un mineral peligroso para la salud. El centro entró en un programa de la Delegación de Educación de Cádiz para la retirada hace dos veranos, pero se pospuso para el verano pasado y, a día de hoy, la situación sigue siendo la misma.
La respuesta que recibe Ustea tras preguntar por la presencia de amianto en este centro es cuanto menos llamativa. "Nos explican que no había presupuesto aprobado para dicha acción y que se está estudiando meter en nuevas campañas. Desde Ustea comenzaremos una ronda de contactos con el Ampa del centro y organizaciones sociales del entorno para organizar acciones de protesta ante esta situación insostenible. Pediremos que el Ayuntamiento asuma la retirada, como ya hizo con el CEIP San Juan de Dios hace un par de años o que exija su retirada a la Delegación de Educación que ya actuó en otro centro pedáneo como es el CEIP Lomopardo", indican desde el sindicato.
Ustea no entiende que "en Jerez se ponga la excusa de no haber dotación económica suficiente, cuando justamente hace un año se le daba una subvención de 5,3 millones de euros a fondo perdido de la Junta de Andalucía a una empresa privada para construir un pabellón polideportivo dentro de un centro concertado, Los Marianistas, en el núcleo urbano de Jerez".
Aunque a lo largo de estos seis años de lucha sindical contra el amianto se ha logrado su retirada en algunos centros de la provincia, todavía hay muchos que siguen teniendo esta sustancia. Así, todavía hay presencia de amianto en centros como los concertados San Felipe Neri y Nuestra Señora del Carmen en Cádiz o en centros públicos como El IES Zaframagón de Olvera, el IES Las Salinas de San Fernando, CEIP Cristo Rey de San Pablo de Buceite, IES Virgen de la Esperanza, CEIP Guzmán El Bueno de Tarifa, CEIP San Isidro Labrador de Los Barrios y CEIP Maestro Gabriel Arenas en San Martín del Tesorillo (en este centro por ejemplo se ha presupuestado en tres ocasiones se le ha incluido para su retirada y nunca ha llegado a realizarse)".
El acuerdo para retirar este material cancerígeno de los centros educativos termina en 2022. Sin embargo, la Consejería de Educación ni siquiera tiene un inventario total de centros, pues no sólo está en la construcción visible, sino que habría que haber revisado durante estos años la estructura interna de los centros. Es necesario que este verano 2022 se acometan todas las acciones de retirada porque debe hacerse en periodo de no asistencia a los centros, y para dentro de seis meses termina el acuerdo que estaba dotado con 60 millones de euros. A día de hoy solo se ha ejecutado el 70 por ciento de lo previsto.
Debido a la peligrosidad del material, Ustea exige a todas las administraciones que se impliquen para "solucionar este problema en los centros educativos, que están incumpliendo desde hace más de 20 años la normativa estatal y las recomendaciones de la OMS".
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