Quedan 4 días para el inicio del curso 2021/2022. Los alumnos y alumnas ya se van haciendo a la idea que el 10 de septiembre toca volver al colegio y retomar las clases. El verano acaba y es hora de afrontar un nuevo curso que, de nuevo, arranca en pandemia. Las Ampas y otros colectivos ponen su foco en el Gobierno andaluz y están atentos a cada paso que la Consejería de Educación da para garantizar una vuelta segura, sin baches. ¿Está preparada Andalucía para volver a las aulas con todas las necesidades cubiertas?
Habrá que verlo. De momento, este lunes, la Junta ya ha firmado un acuerdo de cara a mejorar la calidad en los centros que supone un incremento de la plantilla docente. Concretamente, 4.600 nuevos maestros y profesores entrarán el curso siguiente para atender al alumnado, que deberá seguir cumpliendo a rajatabla las medidas sanitarias ya establecidas como el uso de mascarillas y de gel hidroalcohólico. SIn embargo, frente a los 8.000 profesores adicionales anunciados por la Junta para el anterior curso por la pandemia, de cara al siguiente ciclo escolar la Administración andaluza prevé 5.300 docentes extra, unos 2.700 docentes menos. Muchos partidos políticos, asociaciones y organizaciones mostraron su desacuerdo. Al final, la cifra de recorte parece que será inferior a la esperada, si bien Andalucía se halla entre las comunidades que más rebajan estos docentes de refuerzo.
El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha destacado que este acuerdo, "tiene en cuenta los avances" que se han producido en cuanto a la vacunación de la población, pero "sin descuidar" las necesarias medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud dictadas por las autoridades sanitarias. Hasta ahora, se han administrado un total de 12.253.835 dosis de la vacuna contra la Covid-19 en Andalucía, que tiene al 83,7 por ciento de los mayores de 12 años vacunados. Así, la evolución de la pandemia toma otros derroteros que se reflejan, de alguna forma, en las decisiones.
En este caso, un pacto "amplio", que "va mucho más allá" del incremento extraordinario de docentes, y "que va a suponer un incremento en recursos humanos de más de 200 millones, que se sumará al esfuerzo en inversión en sustituciones por bajas docentes, con un aumento de un 61% en lo que va de año, hasta la cifra histórica de 300 millones". "Supone miles de puestos de trabajo y sobre todo una inversión enorme en calidad educativa", ha recalcado el consejero.
Además, ha detallado que "el 23,65% de estos 4.600 profesores se consolidará para atender las nuevas necesidades" de Formación Profesional, Educación Especial y otras enseñanzas autorizadas y el resto se destinará específicamente a realizar actuaciones dirigidas a combatir y superar los efectos negativos derivados de la situación de pandemia que está sufriendo en Andalucía y, de los 4.600 docentes, 1.914 se han incorporado al sistema educativo en la colocación del mes de julio, y el resto del profesorado se está incorporando estos días para que estén en sus puestos de trabajo al inicio de la actividad lectiva en centros públicos con Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
A tal efecto, el pasado viernes 3 de septiembre se hizo la convocatoria del sistema de provisión de interinidades (Sipri) con un total de 3.125 plazas convocadas, de las que 1.438 corresponden a los refuerzos extraordinarios vinculados a este acuerdo correspondientes a las etapas de infantil, primaria y centros específicos de educación especial.
Por otra parte, Imbroda ha destacado el esfuerzo de inversión del Gobierno andaluz con una mejor situación sanitaria para implementar las medidas y actuaciones que tienen como objetivo "una normalidad educativa", y que supera los 1.100 millones de euros en recursos extraordinarios en los dos cursos extraordinarios de la pandemia, de los que más de 500 corresponden a refuerzo de plantilla docente y de limpieza. De esta manera, en este curso se sumarán, de momento, más de 7.000 profesionales al sistema, con una inversión de más de 250 millones.
Según ha apuntado la Junta, este acuerdo defiende que la evolución actual de la crisis sanitaria genera la necesidad de contar en los centros docentes públicos con profesorado adicional dirigido específicamente a bajar la relación de alumnado por unidad en las enseñanzas de régimen general, atendiendo a criterios objetivos de planificación educativa, a favorecer la implantación de medidas dirigidas a mejorar los resultados educativos y reducir el absentismo escolar y a apoyar la labor realizada por los centros específicos de educación especial y las residencias escolares.
CCOO no firma el acuerdo
Los sindicatos CSIF, ANPE y UGT han firmado este acuerdo sin el apoyo de CCOO, que tiene previsto movilizaciones el próximo 8 de septiembre contra los recortes aplicados. Además, ha remitido una carta a Imbroda en la que reclama que se garantice el mantenimiento de los refuerzos covid, es decir, las medidas de seguridad aplicadas en el curso anterior frente a la pandemia.
Según CCOO, este pacto supone "incrementar la ratio en las aulas y un recorte de 2.500 docentes en enseñanza pública y 700 en la concertada”. Por eso, “no vamos a ser partícipes de estos recortes que, además, perjudican la seguridad en las aulas". La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega. rechaza que la pandemia “sirva de pretexto para destruir unidades educativas, bajar la calidad educativa en los centros por la falta de personal, y poner en riesgo la salud de todas y todos".
Ante esta situación, Vega manifiesta en la carta que se deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud en los centros, además de incrementar la calidad educativa. Para eso es imprescindible mantener ratios bajas en las aulas y asegurar las distancias de seguridad. Todo ello debe acompañarse de un refuerzo extra en las plantillas tanto de personal docente como de PAS educativo y de una gestión adecuada en todas las etapas y a todos los niveles”. A su vez, exige incrementar la inversión del curso pasado y mantenerla a medio y largo plazo usando los fondos transferidos por el Gobierno así como la inversión propia del gobierno andaluz.
La escuela pública enfurece
El sindicato no es el único que ha estallado en contra de este nuevo acuerdo. Las familias y AMPAs también han alzado la voz para rechazar el discurso de la Consejería de Educación, que, según Escuelas de Calor, "se deshace en propaganda para instalar en la opinión pública y en especial de la comunidad educativa sus mantras de que Andalucía está preparada para volver a las aulas".
La plataforma independiente ha advertido que el curso "se presenta con la misma carestía de recursos humanos y materiales que viene siendo la norma desde hace ya una década". La situación de las aulas desmiente "de manera descarnada" la realidad que dibuja la Administración. "El gobierno no ha hecho sino agudizar las políticas de desmantelamiento de la Educación Pública andaluza, en la que se soportan ratios imposibles, faltan docentes y la atención a la diversidad se hace inviable. Si a este escenario se le añade el contexto de la pandemia, la situación se agrava de manera alarmante", han manifestado.
Para Escuelas de Calor, las medidas tomadas el curso pasado "fueron del todo insuficientes y no sirvieron para bajar la ratio, ni hicieron los centros seguros". La plantilla de refuerzo anunciada a bombo y platillo resultó siendo "muy escasa", además, según la plataforma, "en la mayoría de los centros no había espacio para los ansiados desdobles".
La única forma de bajar la ratio fue sacrificando la presencialidad y optando por un modelo semipresencial en Secundaria y Bachillerato que se comió los tiempos lectivos. A esto se suma el sobrefuerzo de la plantilla de personal docente. "Se trasladó la responsabilidad y la presión a equipos directivos, docentes y familias", ha afirmado Escuelas de Calor, que no confía en las propuestas oficiales. "Si con los refuerzos de curso pasado no hubo seguridad, ni bajó la ratio, tampoco eso pasará este curso en el que se recortan los refuerzos covid pese a que seguimos en pandemia".
Ventilación, mascarillas, distancia social, rastreo de positivos, grupos burbuja, medición de CO2 y un sinfín de medidas se introdujeron en el sistema educativo para quedarse, pero parece que aún queda mucho por hacer tras la experiencia del curso anterior. "Nos parece peligroso además que se estén reivindicando las medidas del curso pasado. Es perverso que nos den migajas y luego nos las quiten para que bajemos el listón a pedir las migajas. Caer en esta trampa es dar por válidas las cicateras políticas de la Consejería de Javier Imbroda, que no ofrecen ni seguridad ni calidad a la comunidad educativa andaluza", ha alertado la plataforma.
La defensa por la educación pública de calidad sigue siendo una lucha que trae de cabeza a las familias y Ampas frente al camino que toma una consejería a la que califican como "nini" por no velar ni por la seguridad ni por la calidad. La lucha por "los recursos que permitan la digna atención al diverso alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por mejorar las infraestructuras educativas y un largo etcétera" no cesa.