Como hizo en su día Alberto Fujimori, el ya ex presidente de Perú, Pedro Castillo, el maestro de escuela rural y líder sindical que llegó a la presidencia del país en julio del año pasado, intentó un autogolpe de Estado el pasado miércoles y ha acabado destituido, acusado de rebelión y encarcelado en el mismo penal donde cumple condena el propio Fujimori.
En la mañana anunció la disolución del Congreso, decretó el gobierno de excepción y un toque de queda nocturno. Unas medidas que generaron una profunda controversia por su ilegitimidad y la infracción del Estado de Derecho siendo considerado un autogolpe a la altura del de Fujimori hace 30 años. A diferencia de éste, los militares expresaron rápidamente que no le respaldaban. Tampoco grandes empresarios o medios de comunicación.
En apenas 500 días solo ha vivido entre sobresaltos, sin gabinete estable —cambió a medio centenar de ministros— y sin un país al que no ha ofrecido nada de lo que prometió cuando acudió a votar a lomos de un caballo.
Destituido por "incapacidad moral", detenido por la Policía Nacional, el Congreso ya ha nombrado a Dina Boluarte como nueva jefa de Estado —primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país—, que tiene ante sí el reto de devolver la normalidad institucional a un país de 33 millones de habitantes que navega en la inestabilidad, con todos sus expresidentes vivos investigados o entre rejas.
Boluarte ha publicado un tweet en el que afirma: "Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley".
La gente se echó a las calles, en medio de un caos terrible en Lima. Según las encuestas, recoge Clarín, el Congreso es la institución más despreciada por los peruanos. Los grupos de derecha que perdieron las elecciones, encabezados por Keiko Fujimori, desataron una campaña para denunciar un falso fraude electoral en la victoria de Castillo y éste ha acabado relacionado en un caso de sobornos.
Tras dos mociones de censura fallida —enfilaba la tercera—, en paralelo, la Fiscalía de la Nación inició la investigación de presuntos actos de corrupción en los que estaba involucrado el mismo presidente Castillo, miembros de su gabinete y miembros de su familia, recoge el mismo medio argentino.
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