El Gobierno de Reino Unido ha desvelado este miércoles los detalles de su sistema migratorio por puntos, en virtud del cual se condicionará la concesión de visados de trabajo a extranjeros poco cualificados o que no hablen inglés, una medida que no afectará a los ciudadanos de la Unión Europea que ya están en territorio británico y han solicitado mantener sus derechos.
El Partido Conservador ya había incluido este nuevo sistema por puntos en su programa previo a las elecciones legislativas de diciembre. No en vano, la reducción del flujo migratorio ha sido uno de los argumentos recurrentes entre quienes han defendido la salida de la UE en estos últimos años. El nuevo plan recoge que, para obtener un visado de trabajo en Reino Unido, serán necesarios al menos 70 puntos, de los cuales 40 podrán obtenerse presentando una oferta de trabajo que corresponda a la categoría de empleos cualificados —no necesariamente universitario—.
Los estudios de doctorado sumarán puntos, así como hablar inglés o aspirar a un determinado nivel de sueldo. El listón salarial se situará en las 25.600 libras (30.800 euros) anuales, aunque se reducirá a 20.480 libras en el caso de sectores necesitados de mano de obra, como la enfermería o la ingeniería civil. La medida plantea igualmente excepciones para trabajadores temporales, por ejemplo en la temporada de cosecha, y para jóvenes. Así, permitirá la llegada a Reino Unido de unos 20.000 jóvenes cada año.
La ministra del Interior, Priti Patel, ha defendido en una entrevista a la BBC que el Gobierno quiere atraer "personas con el talento adecuado" al tiempo que "reduce los niveles de personas que llegan a Reino Unido con baja cualificación", aunque el plan se ha encontrado con las reticencias de algunos de los gremios que podrían verse afectados y de la oposición política.
La portavoz laborista para temas de empleo, Diane Abbot, ha lamentado que el Gobierno "no parece haber pensado en los efectos que tendrá está política en la economía en su conjunto y en el mensaje que manda a los migrantes que ya viven y trabajan" en Reino Unido. Por su parte, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha considerado que el nuevo sistema será "devastador" para la economía escocesa. Sturgeon ha incluido de hecho la defensa de la inmigración entre las consignas esgrimidas para reclamar un nuevo referéndum independentista.
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