La Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa a cada uno de los cinco excargos de UGT Andalucía por la causa de las facturas falsas, entre ellos el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla, por presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil.
En concreto, los investigados son, además de Francisco Fernández, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y la responsable del departamento de Compras de UGT-A, a la que le pide cinco años de prisión.
Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, a su vez les solicita el pago de una indemnización, conjunta y solidariamente, de 40,7 millones de euros —que es la cantidad supuestamente defraudada— a la Junta de Andalucía, y a la responsable del departamento de Compras el pago de 4,2 millones.
Además de a estos cinco excargos, Fiscalía Anticorrupción acusa a nueve personas, que eran proveedores del sindicato, a los que pide tres años de prisión y multas de 3.650 euros, y les reclama indemnizaciones comprendidas entre los 638 euros y el millón, y también considera responsable civil subsidiario de cuantías, que en algunos casos alcanzan el millón de euros, a las empresas proveedoras como Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar DM, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Karonte y Carpetas Badía.
Anticorrupción ha formulado este escrito de acusación después de que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla dictara un auto a principios de este mes de diciembre en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas del sindicato contra estos exaltos cargos y proveedores, una resolución en la que concluyó el magistrado que "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta a la organización sindical, en los que se ha contado con la información documental necesaria, "asciende a 40.750.047,74 euros".
Cabe recordar que el juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso dada su "situación de incapacidad sobrevenida", tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.
En su escrito, el fiscal considera que dada "la posición política, social y económica" del sindicato, como "institución de relevancia en nuestro sistema político", ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones y un nutrido grupo de estas fueron las destinadas a impartir formación, "como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, singularmente en una comunidad autónoma como Andalucía donde el paro es un grave problema".
Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se servía de recursos propios y ajenos y, en concreto, las entidades usadas por el sindicato para ello eran las entidades Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal.
A través de la primera se preveía impartir las acciones formativas fruto de las subvenciones y que así no lo hiciera directamente el sindicato y la segunda era una sociedad que tradicionalmente, desde su constitución, venía realizando actividades de consultoría y asistencia técnica al sindicato UGT Andalucía. Sus socios eran personas del entorno sindical y su finalidad pretendida era crear una estructura de aulas y la gestión de las mismas, manteniéndolas en condiciones técnicas y equipadas para la formación.
El fiscal señala que la creación de la llamada central de compras fue decisión directa del secretario general Manuel Pastrana, en fecha no determinada del año 2006 y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, que le sucedió en el cargo. Su objeto inicial era centralizar la relación con los proveedores de UGT-A, a los que se fueron uniendo las distintas uniones provinciales así como empresas y fundaciones vinculadas.
En concreto, el Ministerio Público centra esta acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas a través de dos instrumentos, denominados 'rappel' y 'bote'. Sobre el primero, Anticorrupción ha señalado que era el ex secretario general de Administración del sindicato el que seleccionaba los proveedores "sin más criterio que su libre voluntad" y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían. Así, negociaba "un descuento ante la ingente actividad comercial".
Fiscalía considera que este "exigió que no se materializaran en las distintas adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios conforme se adquirían y prestaban y, consecuentemente, con plasmación en cada factura emitida", sino que se realizara al final de cada ejercicio fiscal, materializándose "una contra factura de abono, en la que el proveedor devolvía de una vez la totalidad del descuento en la cuenta marcada por este en ocasiones y, en otras, en metálico".
En la rendición de cuentas que el exsindicalista presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva de UGT-A "se incluía el monto obtenido por el 'rappel', se informaba sobre el mismo y se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión entre las distintas Uniones Provinciales" y destaca que la gestión contable de este 'rappel' se realizó en origen a través de hojas de cálculo Excel sin embargo, ante el volumen que adquirió, se terminó materializando en el programa Spyro.
Con el otro instrumento, el denominado 'bote', el fiscal señala que UGT-A, a través de este acusado, la exsecretaria de Gestión Económica y la exresponsable del departamento de Compras, "encargaba la elaboración de facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaban a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con los proveedores, siempre previo pago de esas facturas".
"Así y de esa manera, su actividad ordinaria se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a la formación" y, de la misma manera que en el anterior, "esto se realizaba solo con proveedores de confianza seleccionados" por el ex secretario general de Administración, el cual llegó a tener "plasmación contable y registral" en el aplicativo Spyro, un programa que "contaba con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad".
Precisamente, el fiscal remarca que fue la exsecretaria de gestión Económica quien "exigió que este programa los contemplara", a lo que añade que "a tal extremo llegó que incluso difundió un manual entre los empleados, en los que se daban instrucciones de como manejar y contabilizar las facturas de 'bote' y 'rappel' y, tal fue su osadía, que llegó a poner ejemplos con un proveedor real de los que facturaban falsamente". En este caso fue Lienzo Gráfico.
El fiscal destaca en su escrito que los saldos favorables obtenidos se destinaban a financiar la acción sindical y sostiene que en cuanto al 'rappel' "habría recibido desde 2005 a 2013 la cantidad de 3.440.765 euros, importe que en su mayor parte se abonó en efectivo". Por último, Anticorrupción señala otras vías para sustraer fondos de las subvenciones como un sistema de alquileres simulados; la imputación de salarios de empleados de los cursos "cuando realmente no trabajaban en ellos", así como los gastos de estructura y funcionamiento del sindicato.
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