El pasado mes de julio, con motivo de la situación derivada por la pandemia, la Junta presentó un decreto-ley con el que tenía como objetivo la modernización de toda la planta hotelera. Sin embargo, el texto, que se anunció como una medida de incentivación, no contiene ninguna referencia a ayudas económicas que permitan llevar a cabo las acciones que, según el Gobierno, permitan la “dinamización económica del sector turístico a través del impulso a la modernización de los establecimientos, el aumento de categoría y la adaptación de las instalaciones a las exigencias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19”.
Pese a que el título de la ley hace referencia a la renovación y modernización de los establecimientos turísticos —incluye establecimientos hoteleros, establecimientos de apartamentos turísticos, campamentos de turismo, casas rurales y complejos turísticos rurales— la única acción que contempla para ello es la ampliación de las instalaciones. En concreto se contemplan ampliaciones de hasta el 20% en los supuestos en los que esta conlleve un aumento de categoría para el hotel. Además, en aquellas en las que el incremento no supere el 10% ni siquiera será necesaria la aprobación preceptiva en un instrumento de planeamiento, siendo suficiente la licencia de obras del Ayuntamiento. Todo ello en un plazo de tres años.
El texto explicita que “los establecimientos turísticos que hayan ejecutado obras de acuerdo con lo previsto en este artículo quedarán legalmente incorporados al planeamiento municipal”. Desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) critican que se puedan modificar los planes urbanísticos de los municipios “sin tener en cuenta los PGOU aprobados”. Precisamente, CCOO ha sido quien ha denunciado esta semana que esta ley se “enmascara una clara intencionalidad del Gobierno andaluz de desregular el sector con medidas de contenido urbanístico”.
La comparecencia de CCOO, a través de la secretaria de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, se ha podido celebrar porque, a pesar de que inicialmente las medidas se presentaron como decreto-ley, finalmente se está tramitando en el Parlamento de Andalucía como proyecto de ley. Aunque en primera instancia se convalidó con los votos a favor de Ciudadanos, PP y Vox y la abstención del PSOE, posteriormente hubo mayoría para su tramitación como proyecto de ley por los votos favorables de Unidas Podemos, PSOE, Vox y los diputados no adscritos que forman parte de Adelante Andalucía.
Durante dicho debate, celebrado en julio y eclipsado por la Ley del Suelo, desde Unidas Podemos por Andalucía se acusó a Marín de “utilizar el comodín covid” sin que posteriormente aparezca la cuestión sanitaria en lo dispuesto en el texto “para eludir los informes preceptivos, los trámites de audiencia, las comparecencias, el debate, las aportaciones de los distintos grupos”. Por su parte, y a pesar de que el grupo posteriormente se abstuvo, Soledad Pérez (PSOE) hizo público que el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía establecía que “las medidas que han quedado descritas no se consideran congruentes con los fines perseguidos”.
Unidas Podemos por Andalucía expresó en su exposición el miedo a que la Junta mire hacia otro lado “si se propone en espacios que son bienes de interés cultural o dan lugar a una ocupación del espacio público marítimo-terrestre como los restaurantes de hormigón, que están proliferando por toda la costa”.
Las medidas fueron presentadas por Juan Marín, titular de la consejería de Turismo, en una comparecencia en San Telmo. La defensa para su convalidación en el parlamento también fue obra de Marín. Sin embargo, se trata de un decreto-ley que parte de la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige Marifrán Carazo, algo que confirman ambas consejerías. Desde Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se manifiesta que su realización ha sido en coordinación con Turismo y las reclamaciones de la patronal hotelera que solicitaba fórmulas para renovar un sector anticuado en Andalucía.
"Modificación urbanística que afecta al entorno"
Yolanda Carrasco, de CCOO, en declaraciones a lavozdelsur.es, afirma que “entendemos que haya que modernizar los hoteles” y que debido a la situación “sería oportuno algún incentivo a la modernización digital y mejorar seguridad de los hoteles en salud”. Para la portavoz sindical en esta área se trata de una “modificación urbanística que afecta al entorno”. Las fuentes consultadas de la consejería de Fomento defienden “que no es un cheque en blanco” y que “todo debe basarse en la legislación vigente”, aunque desde la oposición denuncian que no tendría sentido aprobar medidas de esta índole si no supusieran un cambio en la tramitación y los requisitos.
Otra de las impugnaciones que ha realizado Yolanda Carrasco a este periódico sobre el proyecto de ley es que, al no contener ayudas económicas para la realización de las ampliaciones, “va a generar desigualdad dentro del propio sector”, ya que “sólo se puede acoger el que tenga capacidad financiera”. Fomento insiste en que son medidas que no generan perjuicios y que pueden realizar “todo el que quiera acogerse a ellas”; la capacidad económica “depende de la gestión de cada establecimiento. Hay una parte generalizada del sector que lo necesita”. Además, desde la Junta añaden que los diferentes tipos de establecimientos no compiten entre sí, “un hotel en Marbella no compite con alojamientos rurales”.
Desde el Gobierno insisten en poner el foco en la economía, “hay que tener en cuenta la creación y estabilización de empleo” que suponen estas medidas, así como “la generación de riqueza”. CCOO se muestra contrario a esta visión, principalmente por las modificaciones urbanísticas que supone, “la planta hotelera puede mejorar sin necesidad de ampliación”. El sindicato advierte que esta ley se salta el Plan General de Turismo Sostenible Meta 2021-2027 presentado recientemente por la Junta de Andalucía.
La consejería de Turismo, al margen del articulado y más allá de ejercer como canalizador de las demandas de los hoteleros, recuerda a CCOO que “el 1 junio se aprobó una línea de ayudas directas de 72,8 millones de euros a los hoteles de 200 euros por habitación y un mínimo de 3.000 euros y máximo de 200.000”. Si bien es cierto, estas ayudas hacen referencia a la situación de los establecimientos según las plazas dispuestas en el Registro de Turismo de Andalucía a 13 de marzo de 2020, por lo que queda fuera cualquier posible actuación futura.
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