Si hasta ahora un PGOU encargado por un ayuntamiento andaluz tardaba, de media, diez años en aprobarse, con la nueva Lista, la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Suelo de Andalucía, la segunda Ley del Suelo aprobada en Andalucía tras la LOUA, el tiempo para pintar sobre plano el futuro de un municipio, incluyendo sus recalificaciones urbanísticas, se reducirá a unos 24 meses.
Del mismo modo, la nueva norma, aprobada este pasado jueves en el Parlamento gracias al voto positivo de PP, Cs y Vox, y la abstención del PSOE-A, cambiará por arte de magia donde dice rústico para poner urbano. Como en los tiempos de Aznar y la edad de oro del pelotazo, como alertan los grupos ecologistas, solo estará prohibido construir en este tipo de superficie cuando esté “especialmente protegida”. En todo caso, la votación del dictamen del proyecto de ley se ha realizado de forma separada, de modo que dos puntos del artículo 22, referidos a actuaciones en suelo rústico, se han votado, a petición del PSOE-A, aparte del resto del dictamen, al no haber alcanzado los socialistas un acuerdo con el Ejecutivo en relación a dicho artículo.
En vigor, en poco más de un mes
El nuevo marco jurídico que genera dicha norma será plenamente efectivo en "los primeros días" de 2022", según ha avanzado este pasado jueves la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien ha confiado en que con esta nueva norma se "pueda multiplicar por tres ese número de municipios que tomen la Lista como la oportunidad y esperanza para por fin contar con su planeamiento".
Asimismo, la consejera ha destacado que se va a sacar una línea de subvenciones para ayudar a los ayuntamientos —unos 10.000 euros por PGOU— a que puedan aprobar planes generales. Ha indicado que ya se está trabajando con 60 ayuntamientos en mesas de trabajo, pero que le consta que habrá un "aluvión de municipios que esperaban esta nueva ley para comenzar a modificar su planeamiento o para aprobar por primera vez su plan general, lo que significa también ordenar el urbanismo en nuestra comunidad autónoma". No en vano, tres de cada cinco municipios andaluces carece a día de hoy de planeamiento urbanístico en vigor o actualizado.
Prisas en una tramitación por vía de urgencia
En el debate de la iniciativa, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Gerardo Sánchez, ha subrayado que ésta es una "ley muy importante para Andalucía, que hubiera requerido una tramitación más sosegada, no por urgencia" como se ha llevado a cabo, lo que ha tildado de "error" porque "ha reducido los plazos a la mitad", y eso "va a repercutir en la calidad de la norma" aprobada, según ha augurado.
El diputado ha defendido la "necesidad de reformar la actual legislación", algo que, según ha subrayado, "ya había iniciado el anterior Gobierno socialista" con un anteproyecto de ley del que se han recogido "textos enteros" en la Lista, porque lo que los socialistas partían en la negociación de esta norma "de una posición de acuerdo bastante importante", según ha reconocido Gerardo Sánchez, quien ha agregado que su grupo pretendía "una ley más ágil, donde las competencias de los ayuntamientos salgan reforzadas, y una ley más sostenible para preservar el medio ambiente, conservar el patrimonio natural y luchar contra el cambio climático".
Tras explicar que el Grupo Socialista ha presentado 48 enmiendas que buscaban "mejorar la norma", de las que ocho han sido aceptadas, 22 transaccionadas y 18 rechazadas, ha defendido que "hemos demostrado que, cuando hay voluntad de acuerdo, el acuerdo se puede conseguir", en alusión a lo sucedido, en sentido contrario, en la votación del presupuesto este pasado miércoles.
Más especulación
Por parte de Vox, su diputado Alejandro Hernández ha señalado que su grupo "cumple con lo que acordamos" porque es un partido "responsable", y en ese sentido ha recordado que había "comprometido su apoyo" a esta norma, si bien ha advertido de que "puede ser una ley de punto y seguido", algo que "no nos gustaría", y en esa línea ha expresado una "cierta decepción, porque, al final, lo triste es que esta norma se parece mucho más de lo que querríamos" al anteproyecto de ley que el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz "quiso sacar adelante", pero que "se quedó en el limbo" con la convocatoria de elecciones de diciembre de 2018, según ha añadido.
En contra de la ley se ha posicionado el grupo Unidas Podemos por Andalucía, cuyo portavoz adjunto, Guzmán Ahumada, ha argumentado que su grupo está "en contra de la visión cortoplacista" que, en su opinión, refleja esta ley, que "es especulación", que "ni se define en el texto ni se intenta atajar en el articulado", y en esa línea ha querido dejar claro que por parte de la confluencia de IU y Podemos "no estamos en contra de la construcción, pero no se puede construir en cinco años lo que daría lugar de construir en 40 años".