“Una ley que lleva la palabra ‘concordia’ debe ser aprobada con gran mayoría”. Con estas palabras ha abierto la puerta Elías Bendodo, portavoz de la Junta de Andalucía, a la posibilidad de que la Ley de Concordia propuesta por Vox termine saliendo adelante. Hay que recordar que este es uno de los compromisos firmados entre Partido Popular y Vox en el acuerdo de investidura del año 2019. Hasta ahora, los populares habían regateado la cuestión. Su portavoz en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha coincidido con Vox en que una ley de este tipo es necesaria, pero, de momento, se abstendrán. Ciudadanos también opta por la abstención.
En concreto, el punto 33 del acuerdo establece “promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica”. La Ley de Memoria Histórica se aprobó por el Parlamento de Andalucía en el año 2017 sin ningún voto en contra ya que tanto Partido Popular como Ciudadanos se abstuvieron. Acabar con ella es uno de los grandes objetivos de Vox en su batalla ideológica.
Bendodo ha manifestado que “el Gobierno no puede vetar iniciativas de grupos parlamentarios”, algo que es cierto, sin embargo, la ley se puede tramitar en el parlamento gracias al visto bueno de la mayoría que suman Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la Mesa de la Cámara legislativa andaluza. Por ello, parece que los populares están dispuestos a explorar las posibilidades de la propuesta de Vox. De hecho, el Gobierno ha hecho un llamamiento al “consenso, la cesión y la generosidad”.
En este sentido, la Junta ha vuelto a hacer mención a hablar “con todos a derecha e izquierdas” y ha pedido a todos los grupos parlamentarios que no haya “ni vetos ni líneas rojas” para llegar a un acuerdo que cuente con la mayoría amplia del Parlamento. Algo que parece improbable ya que, tanto no adscritos, Unidas Podemos y PSOE están en contra de una ley que derogaría la que ellos mismos aprobaron hace menos de cinco años. El Gobierno de PP y Ciudadanos emplaza todo, de momento, “al cauce parlamentario”
Según Vox, esta ley busca “acabar con el sectarismo que promueve el odio y el enfrentamiento”, porque, para la formación de ultraderecha, con varios miembros en sus filas que no han tenido problemas en mostrar sus simpatías con el Régimen Franquista, “es necesario acabar con políticas y leyes ideológicas basadas en el revanchismo”. La ley, aunque no es muy extensa, pretende equiparar la II República a los 40 años de franquismo.